Con 39 votos a favor y 29 en contra, el oficialismo aprobó ayer en el Senado y giró a Diputados el proyecto de ley para regular las medidas cautelares contra el Estado. El proyecto recibió una serie de modificaciones cercanas a lo que reclamó el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), que dirige el periodista Horacio Verbitsky.
A pesar de esos cambios en la letra del proyecto enviado por el Ejecutivo, los senadores de la oposición lo rechazaron de manera unánime por considerarlo “inconstitucional”.
El proyecto plantea que cuando se solicite una medida cautelar contra el Estado, el juez deberá, antes de resolverla, requerir “a la autoridad pública demandada que, dentro de un plazo de cinco días, produzca un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud” de ese recurso legal.
En caso de hacer lugar a la medida, el magistrado “deberá fijar, bajo pena de nulidad, un límite razonable para su vigencia que no podrá ser mayor a los seis meses”.
Además, el artículo 13 señala que la apelación por parte del Estado frente a una cautelar que trabe “total o parcialmente” los efectos de una ley o de un decreto de necesidad y urgencia “tendrá efecto suspensivo”, salvo cuando se encuentren comprometidos derechos relacionados con la vida y la salud.
Los discursos del arco opositor dominaron el tratamiento del proyecto y redundaron en su presunta “inconstitucionalidad”, mientras que los senadores del Frente para la Victoria tuvieron unas pocas intervenciones en el debate.
El oficialista Pedro Guastavino, titular de la Comisión de Justicia, aseguró que “hay muchas provincias que tienen regulada la aplicación de cautelares contra el Estado” y que este proyecto “viene a subsanar una laguna para proceder judicialmente contra el Estado nacional”.
Guastavino subrayó además que “en la actualidad un juez incompetente puede dictar una medida cautelar, y esto cambia con el proyecto porque los jueces deberán abstenerse de dictar una medida cautelar cuando no tengan competencia en la causa”.
A su turno, el senador radical Luis Naidenoff sostuvo que “la razón de ser” del proyecto es “la medida cautelar dictada por la ley de Medios” y, en este sentido, criticó la iniciativa porque “la vida de la gente va mucho más allá de la confrontación que pueda tener el gobierno con el Grupo Clarín”.
Además, consideró que “es un absurdo que la apelación del Estado tenga efecto suspensivo sobre la cautelar” y preguntó: “¿Qué pasaría, por ejemplo, con el cobro de un impuesto ilegítimo?”.
En este punto, fue interrumpido por el oficialista Marcelo Guinle, quien calificó este argumento como una “interpretación caprichosa” porque la apelación “es suspensiva cuando se trata de una ley o un decreto, no se puede hablar de un efecto suspensivo genérico”.
Por su parte, el ex gobernador y actual senador por Santa Fe, Carlos Reutemann, no pidió la palabra durante la sesión, pero mediante un comunicado expresó que “en otra muestra de voracidad de poder, se pretende que la Justicia pierda grados de autonomía”.
