El penúltimo día de un abril negro, cargado de tropiezos, para la presidenta Cristina de Kirchner, el PJ regresó a escena. Convocado por la Casa Rosada como en los días turbulentos de la 125, lo hizo para explicitar un gesto de respaldo a la presidenta y su propuesta de reforma judicial, quizá condenada al degüello en los Tribunales.
En un mes crítico que anudó una inundación que detonó críticas por el manejo de la asistencia en manos de La Cámpora, la denuncia mediática contra el empresario K Lázaro Báez, los tropiezos por el paquete judicial y una movilización multitudinaria contra el gobierno el 18A, Cristina de Kirchner pidió el apoyo oficial del PJ.
El dato tiene dobleces: sistemáticamente, la presidenta minimizó la trascendencia del partido, pero, esta vez, pidió convocarlo para que exprese su acompañamiento a una medida compleja como la reforma judicial.
Seis gobernadores, los dos ministros más cristinistas y una ristra de legisladores y dirigentes se reunieron el lunes al atardecer en la sede del PJ en la calle Matheu para, en un trámite exprés, leer y aplaudir tibiamente un memorando partidario.
Distantes, como de paso, los gobernadores se entretuvieron hablando entre ellos del mal momento de River y Boca o bromeando sobre Maravilla Martínez, y no de las “virtudes” de la democratización de la Justicia que, sin embargo, en el documento de respaldo comparan con la “abolición de la esclavitud”.
El poco clima se reflejó en un valor bien peronista: nadie, cuando se levantó la sesión, se acordó de cantar “la marchita”.
Carlos Zannini y Juan Manuel Abal Medina, secretario de Legal y Técnica y jefe de Gabinete, fueron los ojos de la presidenta en la cumbre que, además de veloz, fue de ocasión: un protocolo formal sobre la participación del PJ en la hipotética elección “popular” de delegados del Consejo de la Magistratura y la firma de una declaración de respaldo a Cristina.
El bonaerense Daniel Scioli, a cargo de la presidencia del PJ, Jorge Capitanich (Chaco), el entrerriano Sergio Urribarri, Luis Beder Herrera de La Rioja, Gildo Insfrán de Formosa y la catamarqueña Lucía Corpacci fueron el scrum de gobernadores.
Agustín Rossi y Miguel Ángel Pichetto, jefes de los bloques del FpV en el Congreso, encabezaron el contingente legislativo que incluyó a Carlos Kunkel, Jorge Landau, María Teresa García, el porteño Juan Carlos Dante “Canca” Gullo y, entre otros, el bonaerense José Ottavis.
También levantaron la mano los alcaldes Julio Pereyra (F. Varela) y Hugo Curto (Tres de Febrero) y los sindicalistas Antonio Caló y Andrés Rodríguez, de la CGT oficial, que al final agradecieron un párrafo del documento partidario que transmitió un saludo por el Día del Trabajador, que se celebró ayer.
Tramos
El escrito, de cinco carillas, repite el salmo de las bondades del modelo K y se explaya en una defensa encarnizada de la reforma judicial para que “seamos capaces de construir un Poder Judicial auténticamente independiente de las corporaciones”.
En la misma línea, advierte que las iniciativas oficiales “enfrentan una acción premeditada y alevosa de grupos económicos y mediáticos concentrados” que pretenden “instaurar un clima destituyente de violencia” en el país.
No fue foto. “No es producto de la casualidad la exacerbación de movilizaciones supuestamente espontáneas inducidas por una cadena sistemática de destrucción, odio y desesperanza” reza, terminal, el documento cuya autoría se atribuyó a Zannini.
Sobre esa base, se sostiene que el “Movimiento Nacional Justicialista pretende reafirmar categóricamente el respaldo a nuestra presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner” en las “iniciativas para democratizar el Poder Judicial”.
En otro tramo agrega que, el PJ, advierte “una estrategia deliberada para vulnerar la voluntad popular a través de medidas cautelares que impidan la efectiva aplicación de leyes votadas democráticamente”, en obvia alusión a la ley de Medios, paralizada en la Justicia.
Sistematiza, luego, que no son “casualidad” las “acciones deliberadas de esos grupos concentrados” que “han cooptado el Poder Judicial para defender sus intereses” cuyos “abogados forman parte de grandes estudios” nacionales e internacionales que “poseen influencia” en las “asociaciones” que participan de la “composición del Consejo de la Magistratura”.
Al cierre, se bautiza a esos sectores como “profetas del odio” y se les imputa ser “vertebradores formales o informales de la entelequia opositora” a la que definen como un “rejunte de políticos frustrados y decadentes”.
