El gobierno nacional anunció ayer que fijó el aumento salarial para los choferes de larga distancia en un 23 por ciento, en sintonía con lo reclamado por los trabajadores, y dispuso que a partir de ese incremento el gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) deberá “dejar sin efecto” el paro nacional que afecta al transporte de larga distancia. Con todo, anoche, al cierre de esta edición, los colectivos de larga distancia continuaban parados y a punto de iniciar el cuarto día de la medida de fuerza a nivel nacional.
Desde la cámara que agrupa a las empresas de transporte se rechazó el aumento por “inviable” y desde el gobierno se indicó que podría haber sanciones a empresas, mientras se denuncia un lock out patronal.
En una resolución de cuatro carillas firmada ayer al mediodía por los secretarios Noemí Rial (Trabajo) y Alejandro Ramos (Transporte), el gobierno intervino en el tercer día de conflicto, que dejó sin ómnibus de larga distancia a miles de pasajeros.
En el primer punto de la resolución, la Nación ratificó la propuesta salarial realizada el pasado 2 de mayo, con un incremento del 18 por ciento no remunerativo de enero a marzo –pagadero en dos cuotas–, más el aumento del 23 por ciento del sueldo –remunerativo– a partir de abril de 2013 y hasta el 31 de diciembre.
Además, el gobierno instó a la UTA a dejar sin efecto las medidas de fuerza que inició el pasado jueves y notificó a las cámaras empresarias para que restablezca “de inmediato” las instalaciones y los vehículos que presten servicio.
Después de conocida la resolución, desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi) se avisó que es “inviable” el aumento decretado. En diálogo con Infobae, Gustavo Gaona, vocero de la entidad, sostuvo que su sector reconoce el aumento, pero “no puede afrontar los costos”, los cuales estimó “en 70 millones de pesos mensuales”.
Por su parte, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, sostuvo que desde su cartera no se van a dejar extorsionar por los subsidios y que si no se levanta el paro va haber sanciones contra las empresas a las que se va a acusar de llevar adelante un “lock out patronal”.
“No va a haber subsidios para las empresas de larga distancia. Es una política de gobierno”, ratificó el ministro.
Voceros de la Celadi, rechazaron la acusación y ratificaron que no pueden “garantizar” el aumento decretado a los trabajadores.
En tanto, los choferes de larga distancia agrupados en la UTA cumplían ayer su tercer día de paro en medio de un fuerte malestar de los pasajeros varados en las principales terminales de ómnibus.
El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, había advertido en las últimas horas que la medida de fuerza se había “agrandado” y ratificó un reclamo de aumento salarial en torno al 23 por ciento.
La resolución gubernamental dada a conocer ayer también indicó que los ministros de Trabajo, Carlos Tomada; de Interior y Transporte, Randazzo; y de Economía, Hernán Lorenzino, pondrán en marcha mecanismos “de asistencia económica y otras medidas regulatorias” a las empresas en caso de que exista una caída de la demanda en el sector.
Además, se determinó que Interior y Transporte y Economía harán una “evaluación general del sector particularizando los distintos corredores, nivel de competencia, estructura sectorial y grupos y empresas en particular”.
El objetivo es “generar medidas regulatorias que permitan el ordenamiento sectorial, considerando grado de concentración, competencia sectorial, corredores, servicios, frecuencias, a partir de la demanda actual y su proyección futura”.
Ante el paro, la Celadi había advertido anteayer que casi 80 mil pasajeros en más de 2.000 destinos de todo el país permanecían varados. Los empresarios sostuvieron, además, que de continuar la medida de fuerza a lo largo del fin de semana los afectados podrían ascender a 300 mil, e incluso la paralización de servicios perjudicaría el normal desarrollo de las fechas de fútbol en las categorías menores.
