El mismo gobierno del Frente Progresista que la semana pasada envió a la Legislatura la ley Enrico, que amplía la prisión preventiva para presuntos delincuentes, esta semana giró el proyecto de uso del suelo y hábitat.
La ley Enrico, elaborada por un senador radical y con apoyos transversales, tiene un sesgo demagógico, represivo y difícilmente pase el filtro constitucional.
La ley de uso del suelo, en cambio, tiene fuerte carácter redistributivo y hace honor al título de la coalición gobernante. De aprobarse será una valiosa herramienta de intervención en el mercado inmobiliario que tendrán el Estado provincial y los gobiernos locales para abrir el juego a los sectores de clase media, media-baja y baja que hoy no acceden a suelo y techo propio.
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La ley de uso del suelo provee un marco general donde el interés social prima sobre la especulación inmobiliaria. Entre muchos aspectos, grava con adicionales de impuesto Inmobiliario a tierras urbanas y suburbanas que se declaren de interés social, inmuebles cuyos dueños acumulan más de cinco propiedades, edificaciones de gran superficie, y obliga a todo gran desarrollador a ceder al Estado un porcentaje de tierra o su equivalente en infraestructura pública.
Algunas de estas herramientas vienen siendo usadas desde los 90 en Rosario y en menor medida en Santa Fe. La idea es que las experimenten ahora ciudades de menor escala y comunas. Habrá que ver cómo se mueve el lobby inmobiliario, qué puertas va a golpear y quiénes serán los legisladores dispuestos a representar y defender sus intereses.
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El acceso a la vivienda es un drama social de esta época. Por eso el Procrear de Cristina, Mi Tierra Mi Casa de Bonfatti y los créditos hipotecarios de Banco Nación. Con sus más y sus menos, todos fueron paridos por la misma matriz. Marcan un cambio de paradigma: de un modelo histórico que implicó construir viviendas llave en mano tipo Fonavi, se está pasando a un Estado que interviene fuerte en el mercado, actuando en la práctica como un desarrollador inmobiliario que identifica suelo de interés social, desalienta el uso especulativo, subsidia su precio y lo hace accesible a sectores que de otro modo no llegarían.
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Antes de irse a China el gobernador le sacudió una hora cuarenta minutos de discurso de apertura de sesiones ordinarias a la Asamblea Legislativa. Para los que se dedican a minucias como comparar el tiempo que hablaron otros mandatarios, el del socialista fue el más largo que se recuerde. Allí el gobernador adelantó el ingreso de la ley de uso de suelo y hábitat y el envío de pliegos de fiscales y defensores (algunos que habían sido retirados) para poder poner en marcha la reforma procesal penal.
Con el cronograma electoral en marcha es esperable que la actividad legislativa empiece a hibernar y que sobrevivan sólo los temas imprescindibles.
En ese contexto, el tratamiento de al menos 27 pliegos de fiscales y defensores (el jueves ingresó la primera de tres tandas de nueve) será el principal partido que se jugará en las cámaras hasta junio. Y está claro que poner fecha al nuevo Código Procesal Penal a esta altura no es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo.
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Probablemente sobre algunas de estas cuestiones hablen el gobernador y el presidente de la Cámara de Diputados Luis Rubeo, que fue ratificado hace pocos días y ahora partió a China, no sin antes dejar en claro que su reelección no tiene otro significado que la profundización del diálogo y la búsqueda de acuerdos. Alguna vez María Eugenia Bielsa quiso discutir esa línea de trabajo de la oposición, pero su renuncia no hizo más que consolidar a Rubeo y sus aliados.
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«Les dijimos a los vecinos que los habían engañado», disparó el secretario de Gobierno municipal Fernando Asegurado al comentar el rechazo, por “vicios de legalidad”, que la intendencia hizo de la sesión especial forzada por la oposición para votar un resarcimiento a los inundados de diciembre.
Al margen del debate sobre si corresponde resarcir o no, lo que viene pasando en Rosario es que se rompió el clima de acuerdos políticos mínimos.
La oposición –quizás favorecida por la proximidad del año electoral– amontonó 13 votos y resolvió ir por una agenda propia sin tener en cuenta al oficialismo (tiene los 9 concejales restantes). En tres semanas forzó una sesión especial para resarcir a inundados; votó frenar una licitación pública horas antes de que se abrieran las ofertas, y creó una comisión investigadora de concesiones municipales.
Que el PRO, Alberto Cortés (PSA), Jorge Boasso y el kirchnerismo voten en bloque sólo se explica como una estrategia para golpear a la intendenta Mónica Fein.
Esto fue evidente en la sesión autoconvocada para “resarcir a los inundados”. Cuando esos bloques tuvieron que sintetizar su posición en una normativa única no lo consiguieron, y terminaron votando dos ordenanzas, tres decretos y dos resoluciones, todas de autoría de diferentes concejales. En el gobierno municipal sostienen que fue una salida fácil que encontró la oposición porque el objetivo nunca fue favorecer a los damnificados sino forzar a la intendenta a vetar la indemnización.
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Un amontonamiento opositor como el que se conformó en el Concejo tiene sus pro y sus contra. Resulta tentador para enfrentar la hegemonía del socialismo y hacerse visible en vistas a las elecciones. La contrapartida es el riesgo de desbarrancar a la vuelta de la esquina en el intento de hacer confluir el agua y el aceite.
Estuvo cerca de ocurrir en ocasión de la sesión especial para los inundados, cuando ante la negativa de la secretaria parlamentaria de convalidar una reunión que consideraba antirreglamentaria porque había sido autoconvocada por mayoría simple, se le hizo rubricar lo actuado a un secretario de la comisión de Obra Pública. Más aún, los más exaltados pretendieron sancionar a la secretaria parlamentaria y hasta ensayaron el plan de desplazar al propio presidente del Concejo Miguel Zamarini.
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La arremetida opositora puso de nuevo sobre la mesa las dificultades que tiene el oficialismo en el Concejo Municipal. Que el agua y el aceite de la oposición hagan causa común aparenta más a déficit propio que mérito de los otros. Indica que han fallado los diques de contención para evitar que siendo primera minoría el resto de las minorías logren articular como si fueran mayoría.
El socialismo es consciente de ese déficit y espera empezar a corregirlo en las próximas elecciones. Hoy prima la idea de que Fernando Asegurado es clave en el equipo de gobierno, por lo tanto se desinfla la idea de sacrificarlo a la cabeza de la lista de concejales del Frente Progresista. Es el ministro de Salud Miguel Ángel Cappiello el más firme candidato a ocupar ese casillero.
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Entusiasmados con la posibilidad de imponer sus números, los bloques de la oposición hacen jugadas de manual. El objetivo común es el gobierno municipal y hacia allí todos apuntaron los cañones. De eso se trata la creación de una comisión investigadora de concesiones municipales, que en la práctica implica generar una gran vidriera desde la que la oposición pueda generar titulares de diarios, influir en la agenda, darse protagonismo y cascotearle el rancho al gobierno durante los próximos 3 meses, es decir hasta la previa de las elecciones primarias.
El Frente Progresista sentará en la comisión investigadora a los presidentes de bloque del PDP, PS, UCR y CC-ARI para pulsear el día a día. “Si quieren investigar vamos a investigar todo”, dijo uno de ellos y sin explicitarlo trajo del recuerdo antiguas polémicas por las relaciones de concejales con grandes empresas de la ciudad y presuntas incompatibilidades.
