El abogado chileno Eduardo Contreras, querellante en la causa que investiga la muerte de Pablo Neruda, cuestionó la labor del Servicio Médico Legal sobre los análisis de los restos del poeta tras la exhumación realizada en el abril.
«Lo he dicho en todos los tonos, ese examen debe hacerse porque no tenemos la certeza de que las muestras que han sido periciadas correspondan a Neruda», recalcó Contreras al diario El Mercurio.
Según el jurista, el cuerpo aún no han sido sometido a pruebas de ADN, a fin de determinar si la muerte fue natural o provocada por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Los restos del escritor fueron exhumados el pasado 8 de abril y la urna fue extraída de la tumba ubicada en un extremo de su casa-museo en Isla Negra, a 110 kilómetros al noroeste de la capital chilena, donde también reposa su viuda Matilde Urrutia.
Para Contreras, la actitud de Medicina Legal «demuestra una falta de seriedad y de rigurosidad científica».
«La ausencia de dicho examen podría derivar en que las primeras pericias a las que fueron sometidos los restos podrían ser perfectamente objetables», enfatizó el abogado, quien subrayó que continuará insistiendo para que se concrete su solicitud, según publica hoy la agencia Prensa Latina.
Neruda militó en el Partido Comunista toda su vida y llegó a ser miembro de su Comité Central, senador y precandidato a la presidencia de la República. Por su parte, el abogado Rodolfo Reyes, sobrino de Neruda, también se hizo parte querellante del proceso, que busca descubrir si la causa de muerte fueron sustancias extrañas suministradas a su organismo.
En respuesta a la petición, a fines de febrero último el juez Mario Carroza ordenó que se lleve a cabo el proceso, abierto muchos años después de que la versión imperante indicaba que el poeta murió a causa de un cáncer de próstata.
Antes de la exhumación, Contreras dijo que no se trata de establecer que Neruda padecía de un cáncer prostático, realidad que nadie niega, sino de descubrir la existencia de sustancias nocivas que pudieron provocar el fatal desenlace.
El proceso judicial se desató en 2011 luego de que el chofer de Neruda, Manuel Araya, revelara que una extraña inyección fue aplicada en el abdomen del Premio Nobel de Literatura 1971 mientras permanecía en la clínica Santa María.
Neruda se alarmó y llamó a su esposa Matilde, incluso trató de comunicarse con Araya, quien se encontraba ese día en la casa de Isla Negra por encargo del poeta, en víspera del viaje que tenía previsto para salir al exilio a México el 24 de septiembre de 1973, el día antes de su muerte.
Luego del fallecimiento de Neruda, su chofer fue arrestado y recluido en el Estadio Nacional, luego convertido por la dictadura en centro de tortura y muerte.
Años después, el testimonio de Araya apareció en un reportaje y sus revelaciones desmintieron el dictamen de los médicos, quienes certificaron que el escritor murió de una «caquexia cancerosa».
