El imperio de un clan familiar que en la última década mostró una sólida organización criminal para manejar el narcotráfico en algunas zonas de Rosario, con tanto poder de fuego como económico, tambalea. La caída de Los Monos se comenzó a gestar en su propio seno, de donde se presume salió la orden de eliminar a uno de sus alfiles, Martín “Fantasma” Paz, lo que parece haber marcado el principio del fin. Pero anteayer llegó a lugares inéditos, con una amenaza directa al juez Juan Carlos Vienna, cuya cabeza fue valuada en medio millón de pesos. Hace nueve meses, el magistrado había comenzado una silente investigación por el homicidio mencionado, que tomó su verdadera dimensión a fines de mayo, con el crimen del líder de la banda, Claudio “Pájaro” Cantero. Desde entonces decenas de allanamientos, cientos de horas de escuchas telefónicas y una comprobada connivencia policial movieron los cimientos de una estructura que parecía indestructible. Las primeras intimidaciones a miembros del Poder Judicial comenzaron hace dos semanas por vía telefónica y también surgieron datos sobre sus movimientos en escuchas telefónicas. Pero, esta vez, fue una persona la que se acercó a Vienna, lo miró a los ojos y sin esconder su rostro le recomendó que se apartara “de la causa 913/12” por su bien y el de su familia. El hombre, que no dijo de parte de quién iba, le dijo que el mensaje era también para el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, y los efectivos de la División Judiciales de la UR II. Ayer el funcionario formalizó la denuncia (bajo la órbita de su par Alejandra Rodenas y la fiscal Graciela Argüelles) e hizo saber que seguirá al frente de la pesquisa. Las repercusiones no tardaron en llegar y el mismo gobernador Antonio Bonfatti salió a decir que su gestión no va a claudicar en la lucha contra las organizaciones criminales (ver aparte).
Apriete inédito
“En los 20 años que tengo de fiscal no recuerdo haber conocido una situación igual, una amenaza de estas características a un magistrado”, dijo Argüelles, quien hasta anoche no se había comunicado con Vienna, el que formalizó una escueta denuncia por escrito y abandonó el tribunal a media mañana de ayer.
La primera acción de Argüelles, Rodenas y la fiscal de Cámaras Cristina Rubiolo fue una reunión con el jefe de la Policía de Santa Fe, Omar Odriozola, y el recién designado Luis Bruschi, al frente de la fuerza local, para estudiar “qué medidas de protección se iban a tomar” en resguardo de las personas amenazadas. En tanto, la Corte Suprema de Justicia dispuso incrementar las medidas de seguridad en los Tribunales de Rosario a partir del lunes próximo. A partir de esa fecha, el público en general deberá ingresar al edificio únicamente por calle Balcarce 1651, mientras que por los tres restantes ingresos (Montevideo, Moreno y avenida Pellegrini) sólo podrán pasar los profesionales abogados, funcionarios y empleados del Poder Judicial provistos de credencial y documento de identidad. La decisión de la Corte santafesina tiende a resguardar un adecuado desenvolvimiento del servicio de justicia, según se informó en un comunicado.
Número de expediente
Una fuente allegada a la investigación dijo que, al parecer, el juez fue amenazado durante un operativo que presenció anteanoche, cuando una persona que no conocía ni se identificó le dijo tener datos precisos de todos los integrantes de su familia y su trabajo para luego advertirle que se aparte de la causa que investiga el homicidio de Paz, que nombró con el número de expediente. También le advirtió que pagaban medio millón de pesos por su cabeza y que el mismo mensaje era para el ministro Lamberto, y los efectivos policiales que están al frente de la investigación por la megacausa.
Datos de la vida privada
Las primeras intimidaciones surgieron en la misma pesquisa que lleva adelante Vienna con la mención de datos sobre la vida privada de fiscales, magistrados y policías que surgieron de conversaciones telefónicas que estaban intervenidas. De hecho, las detenciones del sargento Juan “Chavo” Maciel y el comisario Gustavo “Gula Gula” Pereyra, acusados de venderle información a Los Monos, se concretaron a través de esos elementos probatorios. Ambos formaban parte de la Secretaría de Delitos Complejos, que fue creada hace ocho meses tras la detención del entonces jefe de la Policía santafesina, Hugo Tognoli, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Ese gabinete que comanda Ana Viglione es el que debía investigar y perseguir la venta de estupefacientes, el lavado de dinero y la trata de personas, y la aprehensión de dos de sus cinco integrantes dejó entrever que el poder de los narcos está enquistado en la Policía local.
Más tarde, cuando Vienna ordenó más de 40 allanamientos en el barrio Las Flores, donde tienen asiento Los Monos y ordenó detener a sus cabecillas, otra amenaza llegó de forma telefónica. Pero hasta ahí se decidió mantener un perfil bajo y no dar demasiada importancia. En esa oportunidad, un vocero judicial dijo que “no es que se tomen el tema con liviandad, sino que no se pueden guiar por comentarios y dejar de trabajar de la forma en que lo están haciendo”. Voceros del tribunal indicaron que se va a reforzar la seguridad y a la vez opinaron que “de ninguna manera” el juez se va a correr de la causa.
