La Corte Suprema de Estados Unidos extendió el plazo para que los fondos buitre presenten una respuesta, como contraparte, al pedido del gobierno argentino de que el máximo tribunal revise el fallo del juez Thomas Griesa contra el país, y que avaló parcialmente la Cámara de Apelaciones norteamericana.
La orden procesal, que fue tomada el jueves y se conoció oficialmente ayer, implica que los tres fondos involucrados en la sentencia, NML, Aurelius y Olifant, tienen un mes adicional de plazo para contestar por la petición de un “writ of certiorari” (pedido de apelación) de la Argentina: hasta el 26 de agosto, cuando hasta ayer la fecha límite era el 26 de julio.
El pasado 24 de junio la Argentina solicitó el pedido de apelación a la Corte Suprema del fallo del 26 de octubre de 2012 de la Cámara de Apelaciones, que avaló parcialmente un fallo del juez Thomas Griesa. La Cámara interpretó que la Argentina violó el pari passu, tratamiento igualitario a los acreedores, y mantuvo en suspenso una definición sobre el método de pago para dicho incumplimiento, cuestión que dirime por estos días el mismo tribunal de Apelaciones.
Se conoció que la gerencia del FMI elevará un pedido al directorio para que presente un documento Amicus a dicha Corte Suprema, favorable a la posición argentina. Se estima que el directorio debatirá el caso el martes.
La posición del Fondo es que el juicio por el default contra la Argentina puede perjudicar el propio funcionamiento del FMI, el flujo de pagos internacionales y afectar futuras reestructuraciones de deuda soberanas, entre otras consecuencias. El texto sostiene que de prevalecer los fondos buitre en el litigio, “desalentarían a los acreedores de participar en una reestructuración voluntaria” y que a su vez “incrementarían el riesgo de que los tenedores de bonos se multiplicaran y los acreedores que de otra manera están inclinados a acordar una reestructuración, estén quizás menos dispuestos a hacerlo debido a preocupaciones de equidad entre acreedores”.
Según fuentes del organismo, el FMI tomó la decisión de intervenir en el caso ante la Corte Suprema dadas las “implicaciones políticas que afectarán adversamente el proceso de reestructuración” de deuda. Sucede que Europa se encuentra sumergida en una crisis de deuda sin precedentes, que está motivando un cambio en la política de préstamos del organismo debido a que los paquetes de salvataje efectuados hasta el momento no resultaron suficientes para llevar a los países a un sendero de crecimiento sustentable.
La apelación argentina, en tanto, sostiene que considera que el fallo viola la ley de inmunidad soberana de Estados Unidos.
Para la Argentina, la decisión de la Cámara “justifica ser revisada porque representa una intromisión sin precedente en torno a las actividades de un Estado extranjero dentro de su propio territorio, que hace que surjan preocupaciones sobre las relaciones exteriores de Estados Unidos”.
El texto argentino agrega que, al comprometer los pagos del canje para abonarle a los fondos buitre, “la decisión también pone en riesgo el proceso de reestructuración de deuda soberana voluntario que cuenta con el apoyo de Estados Unidos y la comunidad financiera internacional”.
