El plan que lanzaron los cinco funcionarios del equipo económico en pleno, en mayo pasado, no parece estar dando los resultados que se esperaban, y obliga ahora al gobierno, por primera vez, a flexibilizar la ley para ampliar el universo de las personas que podrían participar.
El blanqueo de capitales con el que se pretendió reactivar el mercado inmobiliario y nutrir las reservas del Banco Central sólo lleva cosechados hasta ahora 25 millones de dólares de los 4.000 millones que se esperaban. Frente a esto, el Ejecutivo resolvió incorporar el viernes una modificación: a partir de ahora, quien tenga un activo en el exterior de manera no declarada, desde un departamento o un yate hasta acciones en una sociedad, podrá decidir venderlo a un tercero que directamente realice una transferencia hacia la Argentina para suscribir algunos de los documentos del blanqueo (Cedin o Baade).
Desde septiembre de 2001 el régimen penal cambiario, bajo la responsabilidad y directiva del Banco Central, establece que en toda repatriación de capitales el emisor debe ser la misma persona que el beneficiario. Con todo, en la última ley de blanqueo se llegó a permitir también la posibilidad de que la repatriación se hiciera cuando el activo estuviera a nombre del cónyuge o alguna otra persona en un primer grado de consanguinidad. Finalmente, el último viernes el organismo que preside Mercedes Marcó del Pont decidió emitir una normativa (la comunicación “A5468”) que exime a los evasores de la obligación de demostrar esos lazos familiares y les permite recibir los dólares en el país mediante la transferencia de otro.
El Ejecutivo supone que, actualmente, muchos argentinos poseen participaciones en algunas sociedades que no están a su nombre, sino de terceros, en algunos paraísos fiscales. “El resultado no es el que esperaban y evidentemente tienen que flexibilizar la ley, como sucede con esta modificación. Ya en el artículo 4 de la ley de blanqueo se había permitido decir que la repatriación se podía hacer aunque el activo estuviera a nombre del cónyuge o en un primer grado de consanguinidad”, comentó a este diario José María Salinas, presidente de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y financiación del terrorismo (Fapla).
En concreto, la ley dispone que “en los casos de ingresos de montos del exterior derivados de las situaciones contempladas en la frase final del segundo párrafo del artículo 3° de la ley 26.860, el ordenante de la transferencia del exterior podrá ser una persona diferente del beneficiario en tanto se acredite su vinculación a la operación allí prevista”.
La norma exige además que “las entidades intervinientes deberán contar con la documentación que permita acreditar que los fondos transferidos sean el producido de los bienes comprendidos en la ley de blanqueo (la 26.860).
El gobierno ya obtuvo más de 10 millones de dólares en Baade en las primeras dos suscripciones, si bien el plan de Guillermo Moreno es alcanzar los 500 millones de dólares y convencer a las entidades de que, si en conjunto llegan voluntariamente a esa cifra, la suscripción no será dolorosa. Los bancos temieron la semana pasada que el gobierno los forzara a destinar a este bono energético una parte de los encajes en dólares. La intención oficial circuló en las entidades, primero, como un rumor. Y debió ser rechazada por el Banco Central en un almuerzo que compartieron sus funcionarios con algunos referentes del sistema el viernes último.
Aun así, el despegue del Baade parece hasta ahora más rápido que el que se registró en el Cedin, el otro instrumento lanzado en el blanqueo que ya cumple un mes en el mercado. Fuentes oficiales consideraron ayer que tanto el Cedin como el Baade irán adquiriendo mayor dinamismo con el correr de las semanas. Y se mostraron confiadas en que “muy probablemente el proceso registrará un salto muy grande en septiembre”.
