La mala suerte de B. F. L. coincidió, por azar y no tanto, con una fecha electoral. Era cerca de la 1.30 de la madrugada del 28 de octubre de 2007 cuando conducía su Honda Guerrero Trip G-100 por las calles de Villa Gobernador Gálvez, hasta que protagonizó un choque en el cruce de avenida Juan Domingo Perón y Pablo Iglesias. No fue un siniestro de gravedad pero igual fue retirado del lugar en una ambulancia mientras que su vehículo fue secuestrado por personal de la comisaría 29ª. Es una moto común y corriente, pero jamás la volvió a ver. Tras la denuncia y una pesquisa que incluyó testimonios policiales, todo parece indicar que el vehículo se desmaterializó. O al menos algo así entendió el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nº2, cuyos integrantes resolvieron que el Estado provincial se tendrá que hacer cargo de devolverle a B. F. L. el valor de la moto que policías de la 29ª movieron de un lado a otro de la comisaría durante una jornada –producto del choque una rueda estaba trabada– hasta que se perdió de vista. “Se encuentra desechada la añeja postura que entendía que el Estado no resultaba responsable”, remarcaron los jueces Marcelo Quiroga, Juan José Bentolila y Viviana Cingolani.
El caso, caratulado como “L., B. F. contra la provincia de Santa Fe sobre daños y perjuicios”, se inició en 2010, luego de que la provincia, por resolución administrativa, denegara un resarcimiento por su vehículo al damnificado, al entender que no podía demostrar que fuera de su propiedad.
El litigio se inició con los reclamos por daño material y privación de uso, y por el daño moral de la desaparición del vehículo en el lugar donde estaba bajo custodia, lo cual con toda lógica no debería haber ocurrido.
Así, los jueces marcaron que en el expediente obra una fotocopia certificada del Libro de Guardia de la seccional 29ª en donde consta el efectivo ingreso de la motocicleta “en carácter de efecto secuestrado”; el boleto de compraventa como prueba de que el vehículo pertenecía al damnificado, su testimonio y las declaraciones de cuatro uniformados (ver aparte).
B. F. L. relató que tras el siniestro por casualidad dos amigos suyos pasaron en el momento en que él estaba “tirado” y que ellos “acompañaron al personal policial presente en el lugar en el traslado de la moto” hasta la seccional 29ª, y que comprobaron que el vehículo quedó en “el garaje que hay al costado”.
Mientras tanto, el damnificado quedó internado en un hospital: “Estuve unas doce horas, calculo que el alta me la dieron a las 13.30 del 28 de octubre”, testimonió. Agregó que pensó en buscar su moto, pero como estaba golpeado decidió ir a la mañana siguiente, ya que además tenía que llevar el vehículo para el peritaje. Pero a la mañana ya había desaparecido: “Me apersoné con mi señora a la seccional, entrevistándome con el oficial de guardia a quien le dije que venía a retirar mi moto. Por entonces noté que comenzaron a dar vueltas los presentes, que eran casi todos los mismos que estuvieron en la noche anterior”, dijo el damnificado.
Según testimonió, el personal policial le dijo que probablemente habían llevado el vehículo al peritaje, pero en la noche de ese mismo día se presentó en su casa personal policial y le confirmaron que la moto “había desaparecido”, por lo cual le pidieron “una semana” sin que denunciara el hecho, para poder “hacer un rastrillaje”.
Días después hicieron otra visita y le dijeron que “ya a la moto la diera por perdida”. “Ese día del accidente yo volvía de trabajar y gracias a mis amigos no se llevaron los papeles de la moto que estaban tirados en el piso”, recordó el damnificado.
Las pruebas presentadas fueron, para los jueces, suficientes para encuadrar el caso en “la moderna orientación del derecho de daños” que “determina que siempre que el Estado cause perjuicio, la víctima deberá ser indemnizada” y, citando jurisprudencia y posiciones teóricas volcadas en fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación admitieron la responsabilidad del Estado. “La desaparición de la motocicleta del actor, cuando se hallaba bajo la custodia de la seccional policial, sólo pudo haber tenido lugar por la deficiente prestación del servicio de seguridad bajo cuya órbita se encontraba el efecto secuestrado”, escribieron.
Así, ordenaron que el Estado provincial pague a B. F. L. 5.680 pesos, que corresponden “el valor actual al público” de la moto en cuestión, y 4.000 pesos por el tiempo en que el damnificado no pudo utilizar el vehículo que le pertenecía –ambos con intereses desde el momento en que ocurrió el hecho–, pero desechó la pretensión de un resarcimiento por “daño moral” al entender que “no existe prueba alguna de padecimientos sufridos” por el damnificado “que pudieran ocasionarle una conmoción íntima con el alcance de agravio moral”.
Pista esquiva
Los testimonios de policías sobre la moto resultaron un bumerán: todos la vieron, pero nadie supo decir qué pasó. Estas son partes de las declaraciones:
Comisario principal José Luis Salas: “(…). A raíz del acto eleccionario y de proveer esta dependencia certificaciones de no voto y por la gran afluencia de público, brindar comodidad y desenvolvimiento y organizar el trámite, se dispone que el ciclomotor de marras sea desplazado dos metros hacia el exterior de la puerta de ingreso a la guardia (…). Se produce el retiro del suscripto de la seccional a las 22.45 horas, observándose dicho rodado en dicho sitio (…). En fecha 29 del corriente siendo las 9 horas, esta parte verifica la ausencia del ciclomotor mencionado” (…).
Oficial Héctor Díaz: “(…). Tenía conocimiento que había ingresado una motocicleta esa fecha por un accidente de tránsito, era una Guerrero Trip color negra y naranja y la misma se encontraba en un pasillo que da al ingreso de la seccional” (…). Al retirarme no observé si la motocicleta se encontraba en la puerta de ingreso. Ese mismo día a las 21 horas regresé a la seccional para volver a cumplir la función de superior de servicio y el titular me informó que la motocicleta había desaparecido y preguntó si yo la había visto”.
