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Causa Monos: liberan a policía

Se trata de un integrante de la Brigada de Investigaciones que había sido detenido el 26 de julio pasado, sospechado de filtrar información a la banda sobre las medidas que el Juzgado de Instrucción de la 4ª Nominación llevaba adelante.

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Cerca del mediodía de ayer, y luego de pasar 22 días tras las rejas, recuperó la libertad uno de los policías implicados en la causa que investiga el accionar de una banda delictiva presuntamente liderada por la familia Cantero a la que adjudican, entre otros delitos, el crimen de Martín Fantasma Paz. Se trata del agente Abraham Lescano, que seguirá sometido al proceso aunque con una libertad restringida. Con esta decisión, pasó a ser el primero de los uniformados que logró ser liberado, ya que existen otros pedidos de libertad, que podrían resolverse en los próximos días. A su vez fuentes vinculadas al caso refirieron que  el grupo de fiscales que recientemente fue afectado al caso está abocado a desmenuzar el material probatorio que existe en la causa, especialmente el resultado de la desgrabación de escuchas telefónicas, tarea que estuvo a cargo de los efectivos de la División Judicial.

El agente Lescano, que desarrollaba tareas en la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional II, quedó bajo la lupa de la pesquisa luego de que los investigadores recabaran el dato de que el uniformado había vendido a Celestina Contreras, madre de Claudio “Pájaro” Cantero, una vivienda ubicada en Khantuta al 1700 que fue allanada. A partir de esta información, el juez Juan Carlos Vienna intervino el celular del agente y detectó una llamada donde presuntamente el policía brindaba datos de la causa a la familia Cantero, refirió una fuente judicial.

El pasado 26 de julio, Lescano fue citado por sus superiores y, en persona, el jefe y el subjefe de la Brigada de Investigaciones trasladaron a su subalterno hasta la División Judicial (ambas ocupan parte del predio de la Jefatura) donde quedó detenido.

Lescano fue imputado en su momento de pertenecer a una asociación ilícita, pero al no ser exhibida la prueba en su contra, prefirió hacer uso de su derecho a no declarar. Aunque luego de algunos días, y a requerimiento de su defensor Carlos Racamatto, solicitó la ampliación de la indagatoria donde esta vez le fue exhibido un informe sobre una desgrabación de una comunicación telefónica en la que presuntamente mantenía una conversación con uno de los integrantes de la familia Cantero.

El imputado negó rotundamente haber mantenido ese diálogo y ayer recuperó la libertad luego que el magistrado hiciera lugar a un pedido de la defensa aunque deberá cumplimentar con ciertas reglas de conducta como comparecer al tribunal semanalmente, fijar domicilio en la ciudad y prohibición de ejercer funciones de investigación, a su vez debió presentar una fianza de 20 mil pesos para acceder al beneficio, refirió una fuente del caso.

Estos datos no pudieron ser chequeados en el Juzgado ya que al consultar –a través del canal fijado institucionalmente para conocer información sobre esta causa– se comunicó que no había novedades.

Escuchas

Los numerosos allanamientos que se vienen llevando adelante desde fines de mayo pasado en la causa Monos o Cantero generaron una veintena de detenidos y todavía varios prófugos (ver recuadro) quienes recibieron una imputación genérica. Según refirieron fuentes del caso, la base probatoria de la causa se encuentra en las escuchas de comunicaciones telefónicas que surgieron de los celulares intervenidos y que fueron plasmadas por personal de la División Judiciales en informes, que a su vez derivaron en nuevas medidas judiciales.

Según trascendió en Tribunales, los cuatro nuevos fiscales que fueron puestos en funciones para colaborar en la causa se toparon con la ardua tarea de escuchar el crudo de las grabaciones telefónicas y cotejarlas con los informes de las desgrabaciones que realizó la policía, ya que –entre otras cosas– no habrían sido identificadas las voces de gran parte de las personas que mantienen los contactos telefónicos sometidos a pericias.

Este trabajo implica a su vez la delimitación del material probatorio que hay en contra de cada uno de los imputados, quienes están empezando a ser citados para ampliar sus indagatorias en base a la prueba concreta que hay en su contra.

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