Más de 14 millones de personas entre trabajadores y jubilados se ven beneficiados con la decisión de la Presidente de la Nación, Cristina de Kirchner, de elevar el piso del Impuesto a las Ganancias para los asalariados. A partir del 1ero de septiembre los trabajadores que perciban hasta 15.000 pesos brutos en sus sueldos no se verán afectados por descuentos. Según explicó el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, esta decisión deja afuera del tributo a 8.382.390 trabajadores y a 5.975.623 jubilados. Cabe recordar que antes de esta modificación se comenzaba a pagar Ganancias en el caso de los solteros desde $ 8.360 y casados con dos hijos desde $ 11.563. A partir de establecerse una sola categoría en el caso de los trabajadores solteros la decisión implica una suba del 80% en tanto que para los casados un 30%.
De todas maneras aquellos que perciben sueldos entre $ 15.001 a $ 25.000 tendrán el beneficio de un aumento del 20% en las deducciones. En tanto, los trabajadores de la Patagonia (que abarca las provincias de La Pampa, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Rio Negro) el aumento del mínimo no imponible llega al 30%,
El costo fiscal de esta medida es de $ 4.495 millones y la jefa de Estado señaló que este esfuerzo debe «ser compartido». De hecho, la medida redundará en una mejora en los salarios de bolsillo que se volcará al mercado interno, explican en el Gobierno. Por esta razón, los privados aportarán a través de la creación de un impuesto del 15% a la compra y venta de acciones que no cotizan en el mercado de capitales y de 10% a la distribución de dividendos.
De acuerdo a cálculos suministrados por el ente recaudador con el 15% de gravamen a las acciones se estima recaudar $ 697 millones mientras que por la distribución de dividendos es 10% unos $ 1.359 millones lo que da un total de $ 2.056 millones.
Echegaray no especificó de donde surgirán los restantes $ 2.439 millones que aportará el Estado aunque apeló a que los empresarios cumplan «con sus obligaciones y alentó a retener y tener a los trabajadores en blanco».
Con una presión tributaria que ya alcanza el 42%, los empresarios le manifestaron a la jefa de Estado su preocupación en particular por el peso de los impuestos a los que se suman los gravámenes provinciales y las tasas municipales. La jefa de Estado estuvo de acuerdo e indicó que piensa «convocarlos (a gobernadores e intendentes) para que participen de estas reuniones», prometió Cristina.
En un primer momento se había analizado la posibilidad de gravar los depósitos a plazo fijo, tema que fuera descartado ya por Cristina en la reunión que se llevó a cabo en Santa Cruz y ahora también se desechó el «de la compra y venta de acciones que cotizan en el mercado de capitales». Tanto a Jorge Brito del Banco Macro como a Enrique Cristofani del Santander, escucharon sin pestañear la decisión de gravar las acciones y el reparto de dividendos. Algunos deslizaron que no se sorprendieron porque la iniciativa fue «sugerencia de Brito».
Cristina estuvo flanqueada por el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, quién se puso colorado cuando la jefa de Estado bromeó con el hecho de que hoy menos gente se casa y mirando a varios de los presentes que asentían con la cabeza, entre ellos el titular de Hacienda.
En las otras mesas se ubicaron los ministros de Planificación Federal, Julio de Vido; de Trabajo, Carlos Tomada, el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini; la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont; el secretario de Política Económica, Axel Kicilof; la secretaria de Comercio Exterior; Beatriz Paglieri; y el presidente del Banco Nación, Carlos Fábrega. Causó sorpresa la llegada del Secretario de Comercio Guillermo Moreno, quién no participó en la anterior reunión, ausencia que fue interpretada por el sector empresario como una «señal de distención» por parte del Gobierno.
Aunque la reunión fue «más coloquial y hubo mayor interacción con la presidenta», coincidieron tanto gremialistas como empresarios. En tanto, los ministros solo participaban ante la información que les requería Cristina.
De todas maneras con caras de poca felicidad escucharon el anuncio de la creación de los nuevos gravámenes a las acciones y la distribución de dividendos Héctor Méndez, presidente de la UIA; Jorge Brito titular del Banco Macro; Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción; Eduardo Eurnekian; Daniel Funes de Rioja; Carlos Heller titular del Banco Credicoop, Enrique Cristofani presidente del Banco Santander, y el presidente de la Came, Osvaldo Cornide, el presidente de ADIMRA, Juan Carlos Lascurain, e Ider Peretti, representante del ala oficialistas del sector agropecuario.
En tanto, el secretario general de la CGT, Antonio Caló; y los integrantes de la mesa directiva Andrés Rodríguez, Omar Viviani y Ricardo Pignanelli; como así también Carlos Moreno, de la UOCRA; José Luis Lingeri, secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias; el titular de la CTA, Hugo Yasky no podían disimular su satisfacción, en lo que sin duda es el primer logro de las entidades gremiales afines al gobierno.
También se anunció con un incremento del 78,5% a partir de setiembre las asignaciones familiares, anuncio que estuvo a cargo de Diego Bossio, titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Con la modificación pasarán a cobrar a asignación familiar unos 850.000 chicos más llevando el beneficio a los 4.042.000 niños.
Aquí el costo fiscal anualizado implica $ 1.143 millones y en lo que resta del año unos $ 380 millones de pesos.
El paquete de medidas anunciado por el Gobierno representa una erogación total en lo inmediato de $ 2.800 millones siempre y cuando rápidamente se implementen los nuevos impuestos (que debe ser aprobado por el Parlamento) así el Estado puede comenzar a recaudar los$ 2.056 millones restantes.
• Competitividad y empleo en negro
Entre otro de los temas que la jefa de Estado tomó nota de lo conversado la semana pasada en Santa Cruz fue la inquietud referida a no perder competitividad. En este sentido, en algunas dependencias oficiales reconocen que existen algunas economías regionales con problemas, tema que es de especial preocupación en un año electoral. Se sabe que en más de un despacho gubernamental están recopilando los distintos subsidios que se destinan a los sectores productivos.
Justamente Daniel Funes de Rioja en diálogo con ámbito.com sostuvo que «Copal pudo trasmitir la preocupación sobre la competitividad y el tema de economías regionales». Asimismo, destacó que en su sector conviven empresas nacionales e internacionales y que interactúan para producir y exportar». Justamente Funes de Rioja destacó que, a partir del diálogo llevado a cabo en Río Gallegos, este lunes mantuvo una reunión en el Ministerio de Industria para destrabar los problemas vinculados a los derechos de importación y devolución del IVA.
Se habló también de la necesidad de atacar el flagelo del empleo en negro. Hugo Yasky de la CTA dijo que el «Gobierno reconoció que alcanza al 32 a 34% de los trabajadores».
La reunión con Cristina se prolongó por más dos horas y media se trataron los temas de crear comisiones para analizar las formaciones de precios; estudiar los precios de los medicamentos; el tipo de cambio pero vinculado a la competitividad, y la problemática de las inversiones.
«Esta vez realmente se va a avanzar en la resolución de los temas», confesó un dirigente empresario dando la impresión que, estas reuniones serán bastante frecuentes.
