El gobierno alertó a todas las embajadas sobre potenciales acciones de los fondos buitre sobre activos financieros y reales argentinos en el exterior. Según los datos que llegaron desde Nueva York, los abogados que representan al país ante los tribunales de los Estados Unidos advirtieron sobre sospechosos movimientos de sus colegas que representan y asesoran al fondo Elliot, de Paul Singer, en el tribunal de Thomas Griesa, pidiendo escritos firmados por el juez donde se mencione el fallo de primera y segunda instancia, y se avalen acciones de embargos por el mundo con el aval indirecto del juez.
Saben los fondos buitre que acciones de este tipo están ya cerradas en los Estados Unidos, donde fallos de la Corte Suprema defienden la “intangibilidad” de las reservas del Banco Central (BCRA) y de los fondos de empresas y sociedades aunque éstas tengan al Estado como único o accionista mayoritario. El problema que perciben los profesionales de Cleary Steen Gotlieb & Hamilton es que con un escrito, y la firma de Griesa, Elliot podría avanzar sobre algunos tribunales internacionales, como el inglés.
El temor de los abogados es justificado con la jurisprudencia del sistema británico, que entre fines de los 80 y toda la década del 90 avalaron embargos duros provenientes de fondos buitre de todo tipo, color y pelaje sobre activos de países en desarrollo. Se mencionan Congo, Bazzavielle, República Centroafricana, Sierra Leona, Belice, Kazajistán, Lesoto y Liberia, entre otros casos en los que, ante situaciones de deuda impaga, los tribunales ingleses autorizaron embargos de commodities y combustibles (petróleo, diamantes, frutas, azúcar y hasta animales).
Con el tiempo, este tipo de casos comenzó a decaer hasta casi desaparecer, a partir de la intervención de los organismos financieros internacionales que protegieron los créditos. Sin embargo, y al basarse el sistema británico en la jurisprudencia, al no existir fallos a favor de los estados deudores, se podrían utilizar en el caso argentino.
En general, más desde la captura de la fragata Libertad en el segundo semestre del año pasado, la Argentina está alerta en todo el mundo ante posibles embargos. De hecho, es difícil que vuele el Tango 01 a tierras extrañas y potencialmente aptas para embargos. También están protegidos los giros de dinero del Banco Central, que prácticamente se concentran en los sistemas financieros de Suiza y Bélgica, ya que hay fallos favorables al país tanto en Basilea como en Bruselas. El temor concreto es que sean bienes físicos los que estén en riesgo, como embajadas, casas militares, automóviles o envíos de petróleo de YPF.
Durante todo el fin de semana el equipo del Ministerio de Economía que maneja Hernán Lorenzino analizó la posibilidad, adelantada el viernes por este diario, sobre que Griesa incluso pudiera avanzar sobre bienes argentinos en los Estados Unidos, más allá del pago de intereses de la deuda en default protegida por el momento por el “stay” hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos decida si toma o rechaza el caso contra los fondos buitre.
El lunes, el secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, había descartado esta posibilidad asegurando que no había datos sobre que Thomas Griesa haya autorizado a los abogados de los fondos buitre a investigar si existen activos embargables de empresas argentinas en el exterior.
“No hay referencias ni decisiones del juez Griesa de los que se pueda deducir que hay nuevos bienes embargables” de la Argentina, había dicho Cosentino. Lo cierto es que abogados de esos fondos se mantienen a la búsqueda de bienes argentinos en el exterior que sean susceptibles de embargo y que estén fuera del alcance de la ley de inmunidad soberana de Estados Unidos, esto es, de carácter comercial y que no han encontrado hasta el momento. Cosentino reconoció que mediante este procedimiento, señaló, “los buitres buscan dos cosas: principalmente encontrar activos de la República Argentina en el exterior, a través de la revisión de información y documentación que puedan tener distintas entidades financieras globales y, por otro, determinar si existen relaciones entre la Argentina y entidades o empresas como Enarsa, YPF, BCRA, entre otras, que permitan determinar que son «alter ego» de la República”. Cosentino recordó que “la corte de distrito ya dio por resuelto el tema BNA y Enarsa, habiendo rechazado que exista en esos casos relación de alter ego”, es decir, que hayan actuado como parte del Tesoro nacional.
