En tan sólo 30 días, el gobierno decidió abrir por tercera vez el canje de la deuda en default, ultimó un acuerdo para pagar fallos en contra en tribunales del Banco Mundial (Ciadi) y Naciones Unidas (Uncitral) y hasta mantuvo reuniones con técnicos del Fondo Monetario por las sanciones que se avizoran a raíz de las mediciones de inflación y PBI que realiza el Indec. Todo en el marco de un giro sin previo aviso motivado por la diversidad de frentes abiertos, todos ellos en zona de definición. Habrá que ver si alcanza. El tiempo es escaso.
El ministro Hernán Lorenzino se reunió el martes último con los técnicos del Fondo con el objeto de detener el proceso que puede culminar en la suspensión a la Argentina del derecho a voto en dos semestres y, si no se lo corrige, directamente en la expulsión. El 1º de febrero el organismo había intimado al país a adoptar “las medidas correctivas para hacer frente a la falta de precisión del IPC-GBA (índice de precios al consumidor del Gran Buenos Aires) y los datos del PBI, sin más demora, y en cualquier caso, a más tardar el 29 de septiembre de 2013”. Hoy regresa Lorenzino al país. En dos semanas, más allá del ultimatum del 29, debe volver a Washington para participar de la cumbre anual del FMI-Banco Mundial. “Si al FMI le preocupa la credibilidad de las cifras, ¿dónde están los informes sobre la alteración de balances en Wall Street 09? Eso sí afectó globalmente”, había dicho Lorenzino tras conocer ese ultimatum del 1º de febrero. “Si preocupan las estadísticas relevantes, ¿dónde está la sanción a Inglaterra por la manipulación de la Libor (tasa interbancaria del mercado londinense)? Eso afecta a todos”, había agregado.
Algo cambió. La nueva hoja de ruta debería ahora en teoría contener el anuncio del nuevo IPC nacional en los próximos días y así enterrar definitivamente esta fuente de conflicto.
En paralelo, marchan la reapertura del canje (debe promulgarse aún la ley aprobada por el Congreso) y el entendimiento con empresas que cuentan con fallos a favor en el Ciadi y la Uncitral. Este último capítulo podría ser anunciado en el corto plazo, quizá antes del viaje de Cristina Fernández de Kirchner a las Naciones Unidas este sábado. Para ello hace falta un DNU (decreto de necesidad y urgencia) de la mano de una resolución del Ministerio de Economía, especificando las sentencias, el pago en bonos, la quita y el compromiso de reinversión en el país de un porcentaje de lo que cobrarán empresas. Aquí esta medida apunta a seducir a otro espectador, el gobierno de Estados Unidos, para que apoye al país en el juicio que los fondos buitre están a punto de ganar en forma definitiva ante la Justicia norteamericana.
Es obvio que la decisión de la Corte Suprema norteamericana sobre este juicio es independiente y ajena a la presión del gobierno de Obama. Pero sí el apoyo norteamericano es clave para intentar que el máximo tribunal al menos acepte tratar el caso argentino. De nuevo el tiempo es la clave: si la Corte tomara el caso, el gobierno habrá estirado un año más, casi arañando 2015, la definición del juicio.
Y hay beneficios colaterales, que quizá no fueron motores del giro ocurrido en los últimos 30 días, pero que juegan su rol. En la escasez de divisas actual y proyectada en la economía, reactivar grandes desembolsos en dólares de organismos como el Banco Mundial tras un acuerdo en el marco del Ciadi sería una bendición. Recuérdese que el gobierno norteamericano viene votando en contra del país en directorios del organismo. Tras el giro, hay que lograr que ese voto gire.
