El expresidente Fernando de la Rúa tuvo a su alcance evitar el pago de sobornos para la aprobación de la ley de Reforma Laboral en 2000 y no lo evitó, acusó la Oficina Anticorrupción en el alegato final del juicio oral donde se lo juzga junto a otros siete acusados por «cohecho» a raíz del pago de cinco millones de pesos a senadores justicialistas.
«De La Rúa no evitó el pago pese a estar a su alcance hacerlo», advirtió la querella por la Oficina Anticorrupción (OA), en la primera jornada del alegato ante el Tribunal Oral Federal 3 que terminará este viernes con el pedido de condenas a todos los juzgados, según se anticipó.
Para la OA, se probó en el juicio que hubo un «plan criminal» para el «pago de sumas de dinero a senadores justicialistas, realizado con fondos estatales de la SIDE, propiciado por el fallecido José Genoud, quien por entonces era titular de la bancada radical en el Senado y por el extitular de la SIDE y juzgado ahora junto a De la Rúa, Fernando de Santibañes.
Para ello hubo desvío de fondos «para sobornar a los senadores que hoy están en juicio, sin descartar que haya habido otros».
«Visto el fracaso de la negociación política, desde las más altas esferas gubernamentales se concibió la operación ilícita llevada adelante por De Santibañes y Genoud, se repartieron las tareas y el brazo ejecutor fue Pontaquarto», agregó en relación al exsecretario parlamentario del Senado Mario Pontaquarto, el «arrepentido» del caso que también es juzgado.
La OA aludió a la «capacidad de los imputados para borrar huellas de los delitos cometidos» y que en algunos casos usaron «su aura de respetabilidad» que no puede trasladarse «sin más a lo que ha ocurrido en este proceso».
En cuanto a los exsenadores Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Costanzo y Ricardo Branda, en el alegato se recordó que al momento de los hechos, abril de 2000, se vencían sus mandatos.
«Tenían que ver por sus carreras políticas, que estaban llegando a su fin y cualquier cosa era necesaria para blindarse económicamente ante la falta de un futuro político» y por eso «hicieron lo que hicieron».
Sobre el arrepentido Pontaquarto, la OA remarcó que es un «corrupto» pero que sus dichos son la principal prueba de la causa y no hubo mendacidad.
«El es un corrupto, lo que hizo es repudiable, tiene que quedar claro, se manejó en su vida pública y privada de manera más que cuestionable y llevó adelante el plan criminal que le impusieron», argumentó.
En el alegato se dio por comprobado que el dinero se retiró de una cuenta bancaria de la SIDE en el Banco Nación en abril de 2000 y estuvo guardado una semana en la casa de Pontaquarto al posponerse la sesión donde iba a tratarse la ley.
El día de la sesión los senadores «fueron puestos en conocimiento de la versión final del proyecto a último momento y solo cuatro votaron en contra y el resto a favor por disciplina partidaria o contribución a la gobernabilidad», recordó la OA que se dijo en ese momento.
Y destacó que la actual presidente de la Nación, Cristina de Kirchner, declaró por escrito en el juicio oral y afirmó que «los retoques» al proyecto de ley para hacerlo viable «fueron cosméticos» y que se conservó «intacto» el espíritu de fondo que tenía y que despertaba la oposición sindical.
La OA dio por probado que existió una reunión en la Casa de Gobierno el 30 de marzo de 2000 al mediodía con el titular de la bancada del PJ Alasino, el senador Tell y Genoud con presencia de Pontaquarto para «obtener garantías del propio Presidente de la Nación».
«De la Rúa estaba al tanto del plan en curso, esta reunión destrabó el pago de los sobornos a los conductores de los bloques del PJ», señaló la OA.
Allí Genoud informó a De La Rúa que los senadores justicialistas «requerían otras cosas» para el voto favorable y él respondió que «eso» lo arreglaran con De Santibañes, en un encuentro al que al irse el Presidente se sumó el también procesado y juzgado ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique.
«Luego de esa reunión se allanó el camino para la pronta sanción de la ley», concluyó la OA.
