Juan Murray es fiscal federal y tiene a su cargo una de las principales investigaciones sobre el crimen organizado de la historia del país, la Operación Flipper, en la cual se secuestraron en Funes más de trescientos kilos de cocaína y se desbarató la principal cocina de droga de Santa Fe, atribuida a Delfín David Zacarías. En medio de un mar de expedientes amontonados en el piso y en los sillones de su oficina, el fiscal, con rasgos de marcado cansancio, recibió a El Ciudadano y opinó sobre el crecimiento de la venta de estupefacientes en la ciudad y, entre otros tópicos vinculados con el narcotráfico, un fenómeno que se aseguran que sólo se ve en Rosario: el del búnker. “El fenómeno del búnker es una respuesta a la escalada de violencia, por la disputa territorial, por la falta de control de la Policía sobre el territorio. Y eso también es consecuencia de la feudalización de las cajas recaudadoras de la Policía. Cuando la caja recaudadora es una sola, se puede disciplinar a las distintas bandas dentro del territorio. Ahora, cuando las cajas recaudadoras son más de una y responden a distintas cabezas, se forma un desmadre total”.
Murray asegura que “hubo un crecimiento exponencial en Rosario del consumo y el tráfico de estupefacientes en los últimos 10 años, que cruza transversalmente a los últimos 6 años de la gestión socialista. Hasta el año 2007 había determinados controles en la violencia ejercida sobre determinados grupos, que se rompió. Es lo que produjo el descontrol en la provincia. El disparador de los índices de homicidios dolosos, los hechos que atentan contra la seguridad personal y la integridad física de las personas, vinculados al tema del narcotráfico”.
—En Buenos Aires, ¿la situación es la misma que en Rosario?
—No puedo negar que en provincia de Buenos Aires hay cocinas, pero el norte de la provincia de Buenos Aires se abastece de las cocinas de cocaína de Rosario.
—Sin embargo el fenómeno del búnker, donde el vendedor de estupefacientes no entra en contacto con el cliente, no se ve en otros lugares del país.
—El búnker nace por la violencia desatada por la lucha de territorio, no hay antecedentes que indiquen que la protección del búnker sirva para evitar un allanamiento. No hubo casos de resistencia a los allanamientos. El búnker te protege al expendio de otras bandas.
—Por qué cree que la Justicia federal debería investigar la megacausa conocida como Los Monos que ahora están tramitando jueces de los Tribunales provinciales.
—Nosotros tenemos una discusión con la provincia. Siempre decimos que el negocio de Don Corleone no era matar gente. Él se dedicaba al tráfico de algún tipo de sustancia ilícita; tenía influencias en el juego, los sindicatos y, si en algún momento alguien se le cruzaba en el camino, lo mataba. Pero no era que tenía un sindicato de “killers”. El objeto principal de una asociación ilícita no es matar gente, el objeto principal es traficar con estupefacientes; si para eso tienen que matar a alguien, es secundario. En ese sentido hay muchas relaciones que se entrecruzan.
—¿Se puede tener una noción aproximada de cuantas bandas narco hay en Rosario?
—Lo más transversal que existe, más que la política, es el dinero y mucho más el ilícito. Por eso es difícil hablar de cantidades. Si, claramente, había hasta mediados de este año un sector muy ligado a la familia Cantero que tuvo tradicionalmente un manejo territorial de la zona sur, que empezó a extenderse hacia la zona norte, hacia sectores que manejaba otra gente. Eso produjo un enfrentamiento y hechos de violencia muy importantes.
—¿Sirve tirar abajo un búnker?
—Entendemos que los búnkers son problemas que tienen los vecinos a los que hay que responder; pero creemos que actuar sobre los lugares donde se hace un menudeo de sustancias estupefacientes no sirve. ¿Para qué? Para que una semana después levanten otro a la vuelta de la esquina, luego de haberse hecho un procedimiento y haberse secuestrado una cantidad mediana o chica de estupefacientes y haber detenido a dos o tres personas; generalmente personas jóvenes, muchas veces menores de edad, que son la cadena más débil de todo ese círculo de narcotráfico y generalmente propias víctimas de ese círculo; incluso hay situaciones donde hay trata laboral en esos lugares.
—Por que cree que tiene tanta trascendencia tirar abajo un búnker.
—Esto es muy redituable para los medios, pero es poco útil en cuanto a lo que puede significar tener una decisión de emprender un intento de controlar este espiral de violencia que se ha producido en Rosario. La única manera de avanzar sobre eso es investigando los distintos estamentos, sobre los estratos más elevados dentro de la cadena del narcotráfico. Para hacer eso, lamentablemente, uno no tiene que hacer procedimientos de entrada, sino ante determinada ubicación por parte de la entidad preventora. Hay que exigirle a las fuerzas de seguridad que realicen una investigación adecuada para establecer cuáles son las fuentes de abastecimiento. Eso fue lo que pretendimos hacer y creo que lo logramos con bastante éxito en el caso Zacarías. Lo que está ocurriendo hoy es un fenómeno similar al que nosotros veíamos hace 10 o 15 años, donde la autoridad preventora se dedicaba a perseguir al consumidor de estupefacientes, haciendo requisas por portación de cara. Porque un pequeño dealer, para poder seguir trabajando en determinada zona, le apuntaba dos o tres chicos a los cuales él le vendía.
—¿Y hoy cómo es el sistema?
—Hoy es al revés: un gran productor de sustancias de estupefacientes cada tanto entrega un lugar de expendio de sustancias al menudeo, más allá de pagarle a la autoridad preventora por protección, para que ellos puedan hacer estadísticas y tener, frente a las autoridades políticas del área de seguridad y frente a la comunidad, un escenario donde pareciera ser que se está combatiendo el tráfico de estupefacientes, cuando eso no ocurre.
—¿Qué piensa de los proyectos de desfederalización de las causas por droga?
—Es una idea nefasta, con nefastos resultados en la provincia de Buenos Aires, donde se hizo un gran negocio para la (Policía) Bonaerense. Con intervenciones de fiscales o jueces de garantías de la provincia de Buenos Aires, fueron contra el vendedor y el consumidor final y así pudieron cortar con cualquier posibilidad de avance de las investigaciones judiciales hacia cualquier estamento elevado de la cadena de tráfico de drogas. Hacen que lo que ya ocurre de facto sea amparado por la ley.
—Las fuerzas policiales, ¿tienen estructura para sostener una investigación a largo plazo?
—Nosotros consideramos que se cuenta con un material muy escaso, no sólo el personal, sino también de medios. De todas maneras creemos que tiene personal para investigar, tiene el presupuesto otorgado para hacerlo. Cuando se dictó la ley de emergencia en seguridad de la provincia de Santa Fe se otorgaron una cantidad de recursos muy importantes para todo lo que era el área de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad, que dirige Ana Viglione. Así que me imagino que todos esos recursos serán puestos en práctica a la brevedad, para que realmente no tengan una estructura paupérrima, donde muchas veces los policías deben utilizar cámaras fotográficas de su propiedad, filmadoras de su propiedad, sus propios automóviles, muchas veces muy viejos. Generalmente los coches no rotan en las unidades departamentales, con lo cual el dealer de la esquina sabe con qué auto anda el que lo investiga.
—¿Y desde la Fiscalía Federal como operan en cuanto a la información que luego usan como insumo para las investigaciones?
—Nosotros trabajamos con un grupo de la Procuraduría contra el Narcotráfico (Procunar), que dirige el fiscal Félix Pablo Crous y lo que tenemos es una base de información de calle, pero otro tipo de información de calle. La que nos pueden brindar vecinos, militantes sociales, gente que está de algún modo afligida por ese tipo de problemática y eso nos permite tener una información cierta y real, para confrontar con los datos que nos traen las agencias de seguridad, que muchas veces, no todas, está muy infectada y muy vinculada con el negocio del narcotráfico.
Desde San Nicolás
Juan Patricio Murray fue designado como subrogante en la Fiscalía Federal Nº 2 de Rosario, una de las cuatro que tiene la jurisdicción, en diciembre del año pasado, por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó. Ocurrió luego de que se apartara de ese puesto a Liliana Bettiolo, también subrogante, luego de que ésta no apelara una falta de mérito otorgada por el juez federal Carlos Vera Barros para el ex jefe de Policía Hugo Tognoli, acusado por narcotráfico. Murray apeló y Tognoli fue procesado y quedó detenido, en un fallo que confirmó parcialmente la Cámara Federal. Hasta entonces Murray, egresado de la Universidad Nacional de Rosario, se había desempeñado en San Nicolás, donde adquirió notoriedad por su labor como fiscal en causas por delitos de lesa humanidad.
Economías delictuales
—¿Se puede prevenir el tráfico de drogas?
—Se puede controlar el tráfico. Nosotros somos una agencia reguladora del delito. No vamos a hacer la guerra contra el narcotráfico; creo que lo que hay que hacer es tratar de controlar determinadas economías delictuales. Es un tema mucho más profundo que prevenir el tráfico. Hay que preguntarse con mucha seriedad y calma por qué hay determinadas sustancias cuya comercialización está prohibida. En base a qué estudios científicos se considera a una sustancia como nociva y otras, que están en el mercado, que se comercializan, que a lo mejor también tienen una nocividad muy grande en términos de salud psíquica y física, no están prohibidas y alrededor de ellas no se produce una economía delictual, ni hechos de violencia. Hay que dar una discusión seria sobre ese tema, ver de dónde nace la represión de la tenencia y comercialización. Por qué hasta determinado tiempo eso no era perseguido penalmente. La Coca Cola también produce un daño a la salud. Durante mucho tiempo la empresa no quiso entregar la fórmula en Santa Fe, estaba prohibida. Cuando éramos chicos tomábamos Bidu Cola.
Familiares de Delfín Zacarías realizan una huelga de hambre
Durante la mañana de ayer continuaron las indagatorias a los familiares directos Delfín David Zacarías en la oficina del Juzgado Federal Nº 3, a cargo de Carlos Vera Barros. En la declaración que prestó Sandra, la esposa de Delfín, la mujer –alojada junto a su hija y su cuñada en la Alcadía de Mujeres– anunció al juez que todas iniciarían desde ayer una huelga de hambre, ante la falta de resolución de los pedidos de prisión domiciliaria. Además, en la Fiscalía Nº 2 siguieron las declaraciones tomadas al resto de los testigos de los allanamientos ocurridos el 5 de septiembre pasado en el llamado operativo Flipper.
En ese marco, el abogado defensor de la familia Zacarías, Fernando Sirio, señaló que ayer fue el turno de la esposa, la hija, la hermana de Zacarías y su cuñado, quienes sostuvieron lo mismo que habían dicho en sus declaraciones anteriores.
Sin embargo, la novedad fue que Sandra M., esposa de Delfín, informó al magistrado que tanto ella como sus familiares comenzaron una huelga de hambre en el penal de la Alcaidía de Mujeres ubicada en La Paz 450– donde están alojadas desde que fueron detenidas.
Por su parte, Sirio adelantó que presentaron un pedido de resolución sobre la solicitud de la prisión domiciliaria para la ex nuera y la hermana de Delfín, debido a que ambas tienen hijos menores de 5 años.
Con respecto al traslado de Zacarías a una prisión federal, el abogado explicó que, sumado al habeas corpus presentado por su defendido, quien dice que su vida corre riesgo, desde la defensa presentaron una revocatoria de la resolución del magistrado. “El viernes Zacarías tiene que presentarse en el Juzgado para declarar por el pedido de habeas corpus que solicitó”, contó el letrado sobre los rumores de la inminente derivación al penal de Ezeiza. Desde anteayer, Zacarías está alojado en la Unidad Penitenciaria Nª 11 de Piñero.
En tanto, en la oficina de la Fiscalía Nº 2, a cargo de Juan Patricio Murray, continuó durante toda la mañana de ayer la toma de declaraciones a los testigos de los allanamientos en el operativo Flipper. En las exposiciones, estuvo presente el abogado defensor, Lucas Atare. “Los testigos se dividieron en dos partes. Ayer (por anteayer) estuvieron los que habían presenciado el allanamiento a la casa de Las Achiras al 2500, en la localidad de Funes y hoy (por ayer) estuvo el resto”, relató Antare.
El letrado dijo que en las declaraciones la defensa solicitó que además de ratificar lo que ya estaba en el acta, las personas contaran lo que vieron y puedan responder inquietudes por parte de la defensa. “Las declaraciones surgieron sin mayores inconvenientes”, indicó.
Tognoli: una investigación compleja
Investigar el caso del ex jefe de Policía Hugo Tognoli, ahora detenido, es complejo. Quien actúa en connivencia con el narcotráfico es una estructura organizada de poder, que cuenta con muchos elementos a su alcance para intentar no dejar rastros de su delito. Como en todos los delitos que se comenten desde estructuras organizadas de poder, el análisis de la prueba, al momento de ser realizado, debe ser mucho más minucioso que en cualquier tipología de delito común. Pretender analizar la prueba de un delito como este, que lo comparo perfectamente con los delitos de lesa humanidad, cometidos durante el terrorismo de Estado –porque justamente son delitos cometidos desde estructuras estatales que tienen todo el poder para intentar borrar los rastros–, es difícil. No es imposible. Se ha conseguido en el caso de los delitos de lesa humanidad y lo hemos conseguido en esta causa. Obviamente que las pruebas que obran contra Tognoli son pruebas que él mismo ha asentado al convalidar ciertas consultas ilegales realizadas por sus subordinados para establecer la persecución o el perseguimiento que estaban haciendo otras fuerzas de seguridad sobre el narcotraficante Carlos Andrés Ascaini. Intercambios de mensajes de texto de algún jefe policial con alguna persona vinculada al delito de trata de personas donde este jefe policial establecía perfectamente cuáles eran las sumas que había que pagar al entonces director general de Prevención y Control de Adicciones de la Policía santafesina para poder trabajar.
