El gobernador Antonio Bonfatti, el ministro de Justicia Juan Lewis y la Corte Suprema provincial anunciarán en conjunto esta tarde que se fijó el 10 de febrero para la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal.
El anuncio se hará en la Casa de Gobierno después de las 19 y establece que el 10 de febrero como fecha inaugural de la nueva Justicia penal santafesina, que consiste básicamente en pasar del vetusto actual sistema inquisitivo de juzgamiento de delitos al del juicio oral y público.
La primera de las leyes que fueron necesarias para la actual transformación se votó sobre el final del mandato de Jorge Obeid y fue resultado de un fallo de la Corte Suprema de la Nación que consideró inconstitucional el procedimiento santafesino al tratar el caso de Natalia Fraticelli.
Con la llegada de la administración Binner, la reforma tomó vuelo y requirió de mucha decisión política del gobierno de entonces para vencer las resistencias dentro del Poder Judicial de quienes se negaban al cambio.
Superadas esas instancias y votado el paquete de leyes en la Legislatura con el apoyo de todos los sectores políticos, a la gestión Bonfatti le tocó entrar de lleno en el complejo proceso de implementación, en el que fue clave la oxigenación producida en la cúpula del Poder Judicial. En el medio se fueron realizando los concursos y la aprobación de pliegos en la Legislatura de nuevos fiscales y defensores.
Así las cosas, en medio de muchas complejidades, Corte y Ministerio de Justicia acordaron el 10 de febrero como fecha de largada.
Para poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal, se crearon dos nuevos órganos autónomos: el Ministerio Público de la Acusación, que reúne a todos los fiscales, y el Servicio Público de la Defensa; en tanto que los jueces, en base a un procedimiento basado en la oralidad (antes de cada juicio habrá entre cinco y seis audiencias previas), serán garantes de los derechos procesales y resolverán planteos de defensores y fiscales.
La Oficina de Gestión Judicial, además, es el órgano administrativo creado para organizar y administrar la asignación de causas, salas de audiencia, traslados, citaciones, recursos económicos, entre muchos otros aspectos operativos.
