Amnistía Internacional Argentina y otras organizaciones de derechos humanos del país pidieron ante el Comité sobre Desapariciones Forzadas, con sede en Ginebra, que el Estado español investigue las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo y sancionar a los responsables.
El Estado español «tiene la obligación de investigar las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo y sancionar a los presuntos responsables», sostuvo AI Argentina a través de un comunicado.
«El interés de las organizaciones argentinas surge de la causa abierta ante la Justicia argentina por crímenes de lesa humanidad cometidos en España entre 1936 y 1977», precisó.
En el marco de esa investigación, la jueza federal María Servini de Cubría imputó la semana pasada a cuatro ciudadanos españoles y pidió su arresto con fines de extradición.
El Comité sobre Desapariciones Forzadas, organismo internacional integrado por diez expertos independientes, tiene previsto examinar la situación de España en su quinto período de sesiones, entre el 4 y el 15 de noviembre.
En su informe ya presentado ante el Comité, España señaló que los hechos ocurridos durante la Guerra Civil y el franquismo no deben ser considerados, debido a que son anteriores a la entrada en vigencia de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
Las organizaciones cuestionaron esta afirmación, al señalar que la Convención “no crea nuevas figuras penales ni obligaciones estatales, sino que codifica un crimen de derecho internacional ya existente”.
Señalaron, también, que “diversos instrumentos internacionales anteriores a la Convención mencionan la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad”.
En una nota enviada al Comité, con sede en Ginebra, Suiza, las organizaciones argentinas «recomendaron al estado español que cumpla con su obligación de investigar las desapariciones forzadas y sancionar a los presuntos responsables y garantice los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de la Guerra Civil
y el franquismo».
En ese marco, el Tribunal Supremo de España dictó una sentencia en 2012 en la que señaló que los jueces españoles no pueden investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo por la existencia de una ley de amnistía, la prescripción de los delitos, la tipificación posterior a los hechos y el presunto fallecimiento de los autores, entre otros motivos que son contrarios al derecho internacional.
La nota presentada por Amnistía Internacional Argentina lleva las adhesiones de: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Central de Trabajadores Argentinos, Centro de Estudios Legales y Sociales, Club de Amigos de la Unesco en Madrid, Instituto Espacio para la Memoria, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de la Argentina y Servicio Paz y Justicia.
