El senador radical Hugo Rasetto (departamento Iriondo) presentó un proyecto para modificar la ley 12.080 (de campañas electorales) con el objetivo de establecer debates públicos obligatorios entre candidatas y candidatos a cargos electivos. El legislador está convencido de que el debate “brinda un espacio para que las candidatas y candidatos se enfrenten a la sociedad con sus propuestas y sus ideas para que la ciudadanía parangone los valores de quienes se postulan para regir los destinos de la sociedad”.
El proyecto determina la obligatoriedad de debates públicos –transmitidos por medios masivos de comunicación– organizados por el Tribunal Electoral de la provincia como autoridad de aplicación de la ley en conjunto con las universidades nacionales de Rosario y del Litoral.
“La moderación de los debates debe realizarse en forma conjunta entre la autoridad de aplicación y las universidades nacionales”, agrega la iniciativa ingresada al Senado, que se encuentra en estudio en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
La propuesta plantea que los debates se realicen entre 45 y 10 días antes de las elecciones y que “todas las candidatas y candidatos deben contar con igual rango de tiempo e iguales condiciones en el debate público”. El orden se establecerá por sorteo y los postulantes para todas las categorías provinciales –gobernador y vice, senadores, diputados, intendentes y comisiones comunales– deberán participar de dos debates públicos por cada elección en que se presenten.
“El objetivo es revalorizar la comunicación de los actores políticos con la ciudadanía, a fin de que los futuros representantes de las ciudadanas y ciudadanos expongan en forma pública sus concepciones sobre temas fundamentales que le incumben a la sociedad”, fundamentó el senador Rasetto, quien citó como antecedentes un proyecto similar presentado en la Cámara de Diputados de la Nación por el bonaerense Francisco De Narváez, la ley electoral de la provincia del Chaco y el Código Federal de las Instituciones y Procedimientos Electorales de México.
“El debate público es un importante paso para recorrer el camino de la equidad electoral. En gran medida, en los sistemas democráticos, se palpita una desigualdad entre candidatas y candidatos que se relaciona con la disponibilidad de recursos económicos, traduciéndose en mayor o menor posibilidad de hacer llegar a la ciudadanía sus ideas y propuestas. Quienes cuentan con menos recursos económicos sufren una desigualdad en las condiciones en que se lleva a cabo la contienda electoral”, explicó Rasetto.
—¿Por qué el carácter de obligatorio?
—Hace 30 años que vivimos en democracia y el ejercicio del decir los ciudadanos lo ejercemos materialmente. No es sólo una cuestión declamativa que está en la Constitución sino que lo ejercemos. Todo el mundo tiene derecho a protestar y, de hecho, vivimos en un país donde todos podemos y debemos protestar. Los candidatos también ejercemos el decir: los candidatos decimos nuestras ideas, propuestas y pensamientos. Pero no es algo que esté formalmente establecido. Como ciudadanos, para saber dónde rumbear, tenemos que recibir algunas señales de nuestros representantes o de quienes pretenden ser nuestros representantes.
—Usted entiende que eso no pasa ahora…
—Hoy en día el ciudadano se encuentra desconcertado porque tiene que cortar y pegar para armar un diagnóstico de lo que pretende cada candidato. No hay un ámbito formal donde el candidato esté obligado a decir lo que pretende y donde se le pueda preguntar y repreguntar. Se trata de formalizar esa instancia. Cuando un ciudadano se sienta delante de un juez, no dice cualquier cosa, porque ese decir implica una consecuencia. Salvando las distancias, se pretende lo mismo: que el decir en ese espacio formal tenga consecuencias, que el ciudadano pueda diagnosticar sobre qué quieren hacer los candidatos.
—Las entrevistas o declaraciones periodísticas y los discursos en los actos de campaña, ¿no alcanzan para garantizar ese decir formal?
—No alcanzan porque, como candidatos, corremos con la ventaja de no estar limitados por ninguna formalidad a la hora de decir nuestras propuestas. Elegimos los ámbitos que nos convienen y está la situación de la desmentida. Pero la ciudadanía no tiene por qué estar en la dificultad de navegar en aguas profundas, a tientas, para saber cuál es la propuesta de un candidato.
—¿Cómo piensa que lo va a tomar la ciudadanía?
—Pienso que bien. Sería un progreso más en materia electoral, tal como viene ocurriendo en los últimos años, primero con la ley de internas abiertas, obligatorias y simultáneas, después con la boleta única y ahora con la distribución igualitaria de publicidad para todos los partidos políticos. Este sería un elemento más para seguir mejorando el sistema electoral en la provincia.
