El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargás), presentó ante el Juzgado de Instrucción Nº9, a cargo de Javier Beltramone, y a la Fiscalía Nº 11 de Graciela Argüelles, un escrito en base al sumario administrativo que se le inició a Litoral Gas por la tragedia de calle Salta 2141 en la que murieron 21 personas. En el mismo se ponen en conocimiento nueve irregularidades, con un plazo de 10 días para que la prestataria del servicio público pueda realizar el descargo pertinente y así evitar multas que podrían alcanzar los cuatro millones y medio de pesos. La presentación se dio ayer por la mañana en Buenos Aires, donde Litoral Gas tiene su sede administrativa.
El fiscal de Cámaras, Guillermo Camporini, fue quien entregó la información a este medio. El funcionario judicial relató que el Enargás hizo su presentación ayer por la mañana ante el juez Beltramone y la fiscalía “a través de un escrito en el que ponen en conocimiento irregularidades de Litoral Gas en la tragedia de calle Salta”.
“Mostraron un requerimiento con un plazo de diez días hábiles para que puedan realizar el descargo en relación a imputaciones concretas que se le hacen de irregularidades que habrían cometido y en relación de las disposiciones de la concesión”, agregó Camporini.
A Litoral Gas se le imputa haber habilitado el servicio sin llevar adelante los protocolos de actuación y controles adecuados luego de las pérdidas (y posterior interrupción del servicio) de gas que se registraron en el edificio antes del 6 de agosto, día que se produjo la explosión.
También se le atribuye a la firma no haber solicitado al gasista que presente la documentación adecuada previo al inicio de su trabajo aquella jornada y las demoras en el corte del suministro del fluido una vez que se produjo el siniestro (además de no realizar esas tareas con los elementos adecuados), entre los distintos puntos.
“Son nueve requerimientos que le efectúan y cada uno que se compruebe implica una multa que alcanza los 500 mil pesos. Estamos hablando que si se comprueban irregularidades en los nueve ítems, la multa puede alcanzar la suma de cuatro millones y medio de pesos”, manifestó a este diario el fiscal Camporini.
De ese modo, Litoral Gas contará con 10 días hábiles para presentar su descargo y luego de ello se iniciará el proceso sancionatorio.
“Eso corrobora que la línea de investigación de la fiscalía y el juzgado está bien encaminada”, conjeturó el fiscal de Cámaras. Camporini agregó que todos los puntos son parte de las nueve imputaciones que no son finales, sino que pueden ampliarse y agravar la situación de la firma ante la Justicia.
Otras fuentes consultadas ayer por El Ciudadano señalaron que, en rigor, no sólo podrían caberle multas a la empresa privatizada, sino que también existe la chance de que a la prestataria se le dicte la caducidad de la concesión. Para que eso suceda, claro está, deberían comprobarse graves y reiterados incumplimientos e infracciones.
Más allá de su colaboración y participación en la investigación judicial por oficio y por los requerimientos de la Justicia provincial, el Enargás no había emitido en estos dos meses declaraciones de carácter público ni tampoco actuaciones que hayan trascendido, hasta este primer escrito de ayer.
La movida fue también interpretada por las fuentes consultadas con una maniobra que precisamente busca mostrar activo al ente. Es que el Enargás había sido cuestionado desde diversos sectores debido a la poca capacidad operativa con la que cuenta en la ciudad y la excesiva dependencia de su sede central en Buenos Aires.
De hecho, el mes pasado el diputado nacional Carlos Comi había ingresado un proyecto para que las autoridades del organismo nacional sean citadas al Congreso para que brinden explicaciones sobre la tragedia. Algo similar, aunque a nivel local, es lo que hizo el 9 de septiembre la concejala socialista Viviana Foresi, quien presentó una iniciativa solicitando esa misma presencia en el Palacio Vasallo, recordando que desde el día de la explosión habían sido infructuosos todos los intentos de contactarse con el Enargás: “Ni por teléfono”, acusó.
