La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual cuestionada por el Grupo Clarín.
La ley fue aprobada en 2009 por el Congreso, pero una medida cautelar otorgada a Clarín dejó sin efecto dos de sus artículos, el 45 y el 161, que regulan las transferencias de licencias y los plazos de aplicación de la norma, lo que derivó en un largo y sinuoso camino judicial.
1 marzo 2009
Cristina de Kirchner anuncia el envío al Congreso de un Proyecto de Ley para sustituir el Decreto/Ley 22.285 de Radiodifusión, creada por la dictadura militar en 1980.
18 marzo 2009
La presidenta presenta en La Plata el anteproyecto de la que será la Ley 26.522.
6 abril 2009
El anteproyecto comienza a ser debatido en 24 foros y más de 80 charlas de discusión a lo largo del país, en los que se realizaron más de 1.200 aportes.
27 agosto 2009
La presidenta envía al Congreso el Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en el Día de la Radiodifusión.
31 agosto 2009
La Cámara de Diputados inicia el tratamiento de la iniciativa.
8 septiembre 2009
Comienzan las audiencias orales y públicas para debatir la Ley en el Congreso. Tuvieron participación organizaciones sociales, empresas de medios, cámaras patronales y sindicatos.
17 septiembre 2009
Diputados da media sanción al Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
24 septiembre 2009
El Senado empieza el tratamiento del proyecto.
10 octubre 2009
El Senado aprueba la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
26 octubre 2009
El grupo Clarín plantea la inconstitucionalidad de los artículos 41 y 161 de la ley.
15 diciembre 2009
El juez Edmundo Carbone dicta una medida cautelar a favor de Clarín contra la aplicación de los artículos 41 y 161 y deja en suspenso la obligación de desprenderse de algunas licencias para adecuarse a la ley, que debía realizarse a un año de su promulgación. El Estado Nacional apela la medida ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, la que confirma la medida sólo respecto del artículo 161 de la norma.
5 octubre 2010
El Estado Nacional interpone un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia, el cual es desestimado por falta de sentencia definitiva.
12 mayo 2011
La Cámara de Apelaciones impone un plazo de 36 meses para la vigencia de la cautelar presentada por Clarín. El plazo, que debía ser computado desde la notificación de la demanda, motivó un recurso extraordinario por parte del Estado Nacional. La denegación del mismo motiva la presentación de la queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitando la revocación de la cautelar.
9 diciembre 2011
El Procurador General de la Nación, Esteban Righi, emite su dictamen en el que se pronuncia por la revocación de la medida cautelar.
22 mayo 2012
La Corte Suprema fija el 7 de diciembre de ese año como límite para la cautelar de Clarín.
14 noviembre 2012
El Congreso sanciona el «per saltum», el mecanismo que permite elevar determinada causas conflictivas y/o consideradas como de «gravedad institucional» directamente a la Corte Suprema para su resolución.
29 noviembre 2012
El Grupo Clarín vuelve a pedir una medida cautelar cuando se acercaba el 7 de diciembre, pero la Corte declara «inadmisible» esa solicitud.
6 diciembre 2012
A un día del fin de la cautelar, los jueces Francisco de las Carreras y Susana Najurieta, de la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial Federal, extienden la medida cautelar que mantenía suspendido el artículo 161 de la Ley de Medios «hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa».
10 diciembre 2012
El Estado Nacional pide a la Corte Suprema el per saltum, que es rechazado por «improcedente» al no haber sido interpuesto por un juez de primera instancia.
14 diciembre 2012
El juez federal del Juzgado 1 en lo Civil y Comercial, Horacio Alfonso, declara constitucionales los artículos de la Ley que habían sido cuestionados por el Grupo Clarín, resolviendo así sobre la llamada «cuestión de fondo» y dejando sin efecto todas las medidas cautelares anteriores.
2 julio 2013
Tras un nuevo revés judicial para la norma, la Corte Suprema de Justicia envía a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, la causa por la Ley de Medios para que emita opinión sobre la declaración de una inconstitucionalidad parcial decretada por la Cámara Civil y Comercial Federal.
12 julio 2013
Gils Carbó se pronuncia a favor de la constitucionalidad de la ley y aconseja a la Corte Suprema que revoque el fallo de la Cámara Civil y Comercial que declaró inconstitucionales parte de los artículos 45 y 161 por «evidenciar graves defectos de fundamentación y razonamiento que impiden considerarla como acto jurisdiccional válido».
14 agosto 2013
La Corte convoca a audiencias públicas para el 28 y 29 de agosto, para profundizar el análisis de la ley.
28 agosto 2013 – 29 agosto 2013
El Estado y Clarín se expresan en las audiencias convocadas por la Corte.
29 octubre 2013
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictamina la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
