La Cámara de Senadores ratificó ayer su voto original para una ley que incorpora al Código Penal el delito de “grooming” y sancionará con penas de seis meses a cuatro años de prisión a los adultos que, a través de internet, generen vínculos de amistad con menores de edad con el fin de abusar sexualmente de ellos.
“Grooming” es una palabra inglesa que describe al conjunto de acciones emprendidas por un adulto con el objetivo de ganarse la amistad o la aceptación de un menor de edad del que busca abusar sexualmente.
El proyecto había tenido votación favorable de la Cámara alta en noviembre de 2011 y Diputados la aprobó en septiembre pasado, pero con modificaciones que obligaron a un nuevo tratamiento, ratificatorio, en el Senado.
El acoso cibernético no existía en la legislación penal, pero algunos jueces han logrado dictar condenas por “exhibiciones obscenas” o “extorsión”.
En junio pasado un tribunal de Necochea condenó a diez años de prisión a un hombre que se hacía pasar por una nena de diez años para seducir a una de nueve por chat.
Los jueces comprobaron que coleccionaba pornografía con participación de menores y hacía propuestas explícitas a niñas a través de Facebook.
Para evitar el tráfico de niños
Con el propósito de combatir la venta y el tráfico de niños el diputado kirchnerista Horacio Pietragalla presentó, junto a otros legisladores del Frente para la Victoria, un proyecto para regular la práctica de los partos domiciliarios y establecer mecanismos de control en la inscripción de los bebes así alumbrados.
El legislador de la agrupación “La Cámpora” e Hijos de desaparecidos diseñó una iniciativa para controlar la realización de los partos en los hogares, que cuenta con el respaldo de Anabel Fernández Sagasti, Andrés Larroque, Mayra Mendoza, Eduardo “Wado” de Pedro, María Luz Alonso, Marcelo Santillán y Marcos Cleri.
La propuesta cuenta además con el apoyo de Abuelas de Plaza de Mayo, según confirmó Pietragalla, quien señaló que el respaldo fue plasmado en una carta firmada por su titular, Estela Barnes de Carlotto, donde señala que el proyecto busca reforzar la prevención de “la aberrante práctica de robo y tráfico de niños”.
El objetivo del proyecto apunta a regular la inscripción de los nacimientos de niñas y niños “con el fin de profundizar los mecanismos de control y detección de las prácticas vinculadas a la sustracción y apropiación ilegal de niños en nuestro país, más conocido como venta-tráfico de niños”.
