La Comisión Bicameral Especial para la Unificación de los Códigos Civil y Comercial retomó ayer el debate sobre el proyecto de modificación de los códigos presentados por el Poder Ejecutivo. La comisión prevé avanzar esta semana con la firma del dictamen de los anteproyectos de ley ingresados en el Congreso, con la intención de que el extenso expediente sea debatido en la Cámara de Senadores una semana después.
La no inclusión de la responsabilidad del Estado en el nuevo Código fue el eje de la discusión durante la audiencia de ayer, en la que expusieron legisladores del oficialismo y de la oposición.
En tanto, la exposición del ministro de Justicia, Julio Alak, y del secretario de Justicia, Julián Álvarez, fue pospuesta hasta hoy a las 14, al tiempo que se suspendió la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti (ver aparte).
En representación del oficialismo, la diputada por Buenos Aires Graciela Giannetassio justificó la decisión del Ejecutivo de tratar por separado la cuestión de la responsabilidad del Estado, al entender que “no viola la responsabilidad del Estado, sino que la reafirma”.
Según el predictamen del oficialismo, en los casos en los que se discuta la responsabilidad civil del Estado y sus funcionarios públicos en hechos que perjudiquen a un particular o a una empresa, deberán ser dirimidos en el fuero contencioso administrativo.
El diputado Juan Tunessi, en nombre del radicalismo, cuestionó esta decisión –que será debatida hoy en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados– por considerar que esta “regulación que se pretende no respeta los estándares mínimos de constitucionalidad”.
Del mismo modo se expresó el representante del PRO en la comisión bicameral, el diputado Pablo Tonelli, quien declaró que “la pretensión de excluir” ese punto del Código “es vana” ya que el proyecto oficial “está plagado de conceptos que son del Código Civil”.
Giannetassio respondió las críticas al considerar que se trata de “una solución que va para adelante y que resuelve problemas, en lugar de retroceder”.
La diputada Diana Conti declaró, por su parte, que “en Europa nadie discute que la responsabilidad del Estado hace al derecho público y que merece una regulación especial”.
El jefe del bloque de diputados radicales, Ricardo Gil Lavedra, explicó que “las disposiciones del Código Civil no son todas del derecho privado” y advirtió que la normativa en ese sentido “debe ser igual en todo el país”.
El titular de la Cámara baja, Julián Domínguez, cerró la discusión al ponderar la actitud del oficialismo de haber dado este “debate de cara a la sociedad más allá de las diferencias que puedan existir, jurídicas y políticas”.
Por su lado, el senador Aníbal Fernández señaló: “Se aceptaron cerca de 170 modificaciones: 150 están consensuadas y las otras 20 aceptadas. Hay que trabajar con la tranquilidad de que vamos a mejorar la calidad de la relación entre el Estado y la sociedad, que se va a beneficiar con las mejoras que se están introduciendo en este Código Civil”.
Lorenzetti no quiere interferir
El titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y las integrantes de la comisión redactora del nuevo Código Civil y Comercial, Elena Highton y Aída Kemelmajer, decidieron ayer no participar del debate en la Comisión Bicameral que analiza el proyecto para no “interferir” en las acciones del Congreso. Los tres juristas mantuvieron un encuentro ayer y definieron no asistir a la reunión de la Bicameral que tenía prevista su participación hoy.
Lorenzetti, Highton y Kemelmajer evitaron hacer pública una evaluación del dictamen de unificación que presentó el Frente para la Victoria la semana pasada y explicaron que no participarán del debate porque no quieren “interferir” en la decisión del Congreso. No obstante, en septiembre pasado, la Corte le había planteado sus “dudas” sobre la implementación del nuevo Código al ministro de Justicia, Julio Alak, durante una cumbre antes de retomar la discusión parlamentaria.
El dictamen del proyecto que el jueves pasado presentaron los legisladores del FpV tiene diferencias con respecto al que redactó la comisión presidida por Lorenzetti y que fue presentado por él y la presidenta Cristina Kirchner en marzo de 2012.
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