La solicitada publicada ayer por Litoral Gas en distintos diarios de la ciudad deslindándose de responsabilidades en la tragedia de calle Salta 2141 del último 6 de agosto y poniendo las mismas principalmente en una supuesta impericia por parte del gasista que estaba trabajando en el momento que ocurrió el escape de gas y la posterior explosión tuvo una importante repercusión a lo largo del día. Desde la fiscalía recordaron que existen pruebas que se están investigando para pensar en una responsabilidad penal por parte de la firma concesionaria, a raíz del incumplimiento de distintas normativas que regulan situaciones como la que terminó derivando en la tragedia. En el mismo sentido se expresaron el abogado del matriculado y familiares de las víctimas, quienes insisten en poner a la empresa en el centro de la escena.
La fiscal de la causa, Graciela Argüelles, recordó que se realizaron imputaciones a personal de la empresa la semana pasada y que se va a continuar en el mismo camino porque “hay pruebas”. “Para poder imputar, el juez tiene que tener lo que se denomina grado de sospecha bastante, esto es que esa persona ha tenido alguna vinculación, alguna participación en este hecho penal. De modo que hay pruebas que permiten esa convocatoria”, resaltó.
Sobre la solicitada, dijo que se trataba de una estrategia “esperable” por parte de la defensa. “La fiscalía tiene otra mirada y entiende que hubo incumplimiento de las normativas. No se han cumplido las normas básicas de seguridad que son a las que deben ajustarse los procedimientos de la empresa. Nosotros consideramos que hay responsabilidad penal a titulo eventual, probable, no estoy hablando de una certeza total, pero hay elementos para hacer las imputaciones que hemos hecho y vamos a realizar en el transcurso de esta semana”, señaló.
“Nosotros hemos realizado un cuarto allanamiento en la empresa por medio de las TOE donde se ha secuestrado una cantidad importante de material sobre las operaciones o los procedimientos realizados por la empresa en algunos edificios con posterioridad a la tragedia. Acá la pregunta es: ¿ha habido un cambio en las prácticas? Porque la normativa no cambió. Ese es un interrogante nuestro ¿por qué ahora cortan el suministro y no lo rehabilitan hasta que las instalaciones se encuentren en condiciones de seguridad? En la calle Salta se puede ver, a través de las pruebas, que el servicio no fue rehabilitado en condiciones de seguridad. Eso es lo más importante de todo. Cuando los inspectores rehabilitan el servicio no estaban dadas las condiciones de seguridad”, subrayó.
Por su parte, Hugo Bufarini, el abogado del gasista Carlos García –quien se encontraba realizando los trabajos el día de la fatalidad–, analizó que “la empresa debería explicar básicamente por qué razón a partir del episodio del 6 de agosto realiza otros controles, tiene otros procederes, que no eran aquellos que utilizó con el accidente de calle Salta ¿por qué ahora se toman tantos recaudos y dejan a los edificios 30 días sin gas y ahora exigen un control exhaustivo de las instalaciones cuando antes no lo hacían?”.
“Esto va un poco a contramano de las imputaciones penales que están haciendo en la causa. Hay inspectores funcionarios de la empresa Litoral Gas que fueron imputados. Las disposiciones de la magistrada actuante que los llama a declarar y los imputa con hechos concretos y los vincula a una causa penal están a contramano de esta forma de evitar, a través de una solicitada, una responsabilidad en la cuestión”, argumentó.
Por último, Claudia Vaio, madre de Santiago Laguía, una de las 22 víctimas de la explosión, calificó a la solicitada como “una estupidez”. “Era lo que esperábamos. El viernes se presentaron familiares en Litoral Gas, estuvieron hablando con dos jefes que no tenían respuestas a lo que se les preguntaba y terminaron llamando a la Policía. Desde el momento en que hay dos inspectores involucrados yo no creo que puedan deslindar responsabilidades. Esta gente quiere culpar al gasista García pero fueron ellos los que lo matricularon y si no le dieron cursos o no le enseñaron es problema de ellos. Ellos son responsables porque si no ¿por qué hay dos inspectores imputados, entonces?”, analizó.
“Ellos obviamente quieren deslindar responsabilidades. Algo están tramando, será la estrategia de sus abogados, pero yo no dejo de pensar y de decir que Litoral Gas es responsable como lo es el Enargás. El 6 de agosto explotó el edificio pero los problemas eran previos, eso es de público conocimiento. Había olor a gas en los palieres y mi hijo la semana anterior se tuvo que ir a lo de la novia a bañarse y a buscar un termo de agua caliente. También contó Franco, el chico del séptimo sobreviviente, cuánto tiempo estuvieron sin gas y que fueron dos días. Además dijo que era un problema de una llave de la calle, eso era previo y fue cuando actuaron estos inspectores”, concluyó.
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