El Consejo de Ministros del gobierno español de Mariano Rajoy aprobó ayer el anteproyecto de la reforma de la ley de Protección de Seguridad Ciudadana, que incluye multas de hasta 30 mil euros a quienes protesten frente al Congreso, Senado u otras instituciones, insulten a un policía o porten una pancarta con “ofensas a España” o a “símbolos, instituciones y emblemas”. El Ejecutivo prevé que la ley sea aprobada a lo largo del primer semestre de 2014. El texto, incluso más suave de lo anticipado, despertó airado rechazo de los sectores sociales y de todo el arco político opositor.
La presentación, realizada por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se centró en la incorporación de una sanción, de entre 1.001 y 30.000 euros, por las “ofensas a España, las comunidades autónomas, entidades locales y sus símbolos, instituciones y emblemas”.
El ministro explicó que actos como gritar consignas o portar pancartas “ofensivas o injuriosas” en una manifestación se considerarán faltas graves.
El texto definía tres tipos de infracciones: muy graves, punibles con una multa de entre 30.001 a 600.000 euros, graves (entre 1.001 y 30.000 euros) y leves (entre 100 y 1.000 euros). Debido a las numerosas críticas de la oposición en las últimas dos semanas, el gobierno rebajó de “muy grave” a “grave” por ejemplo la celebración de manifestaciones no autorizadas ante edificios oficiales como el Congreso. Así, en vez de multas de hasta 600 mil euros, ahora sólo llegarán hasta los 30 mil. Una bicoca.
“Era completamente absurdo pedir 600.000 euros a nadie por manifestarse delante del Congreso. Es una cosa de locos pensar que alguien puede pagar 600.000 euros, tampoco 30.000”, declaró la número dos del Partido Socialista, Elena Valenciano.
El vocero socialista, Antonio Hernando, denunció la “deriva autoritaria” del Partido Popular, en el poder con mayoría absoluta desde finales de 2011.
El portavoz del grupo parlamentario Izquierda Plural, que agrupa a varios partidos progresistas, Joan Coscubiela, recordó que la “la ley Corcuera (de 1992) todo el mundo la conoce como la ley de la patada en la puerta”, porque facilitaba los registros de las fuerzas del orden en casos de sospecha. “Esta nueva ley podrá ser conocida como la de la patada en la boca de la democracia”, disparó el diputado.
Para el gobierno el objetivo es “fortalecer la garantía de las libertades públicas y la seguridad pública”, explicó el ministro del Interior.
