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Por Carina Ortiz.- El representante del Ministerio Público, Jorge Baclini, hizo hincapié en la descentralización de los denuncias y explicó las nuevas funciones de los fiscales, quienes serán los protagonistas en el Código Procesal Penal reformado.

justiciadentro

La reforma al Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe fue sancionada por ley en el año 2007 y luego de sucesivas prórrogas el gobierno decidió su implementación definitiva para el próximo10 de febrero. El ambicioso proyecto modifica sustancialmente el actual paradigma inquisitivo donde el juez de instrucción investiga y también juzga. El nuevo sistema acusatorio trae aires de renovación y sus principales características son: la oralidad, la publicidad de los actos, contradicción entre las partes, simplificación y celeridad. En este nuevo mapa judicial, el Ministerio Público de la Acusación será el protagonista ya que contará con la facultad de fijar políticas de persecución, estará a cargo de la investigación de los hechos delictivos y podrá echar mano a distintas herramientas que habilita el sistema para la solución alternativa de conflictos. En este marco, el fiscal regional de la 2ª Circunscripción, Jorge Baclini, dialogó con El Ciudadano y explicó cómo se preparan para el gran desafío que deberán enfrentar a principios de 2014.

Para que el sistema funcione, el Ministerio de la Acusación trabajó en el diseño práctico de la implementación donde buscará una unidad de acción y protocolos para fijar estándares de trabajo. Baclini describió que en el nuevo sistema, los casos ingresarán a través de la Policía o por denuncias en los tribunales. Estas últimas se recibirán en el edificio que tiene la fiscalía en Montevideo 1968 bajo un mismo criterio, y fijarán el contenido mínimo que deben extraer según el tipo de denuncia con el objetivo de utilizar equipos interdisciplinarios para la atención de la víctima en el caso que sea necesario.

Descentralización

El fiscal regional planteó que la idea es descentralizar la toma de denuncias, postura que fue receptada por el Ejecutivo santafesino que trabajó en la creación de centros territoriales de denuncias en diferentes puntos de la ciudad, donde la fiscalía intentará incorporar parte de sus funcionarios a la estructura que está diseñando el Ministerio de Seguridad.

A su vez, Baclini explicó que todas las denuncias se van a centralizar en la Fiscalía y se dividirán según los casos. Con respecto a la estructura, el representante del Ministerio Público detalló que habrá dos grandes oficinas. Una será la de salidas alternativas, en donde estarán en un futuro 12 y 13 fiscales designados a los que se le remitirán los casos que hoy son competencia de los Juzgados Correccionales y los hechos más leves, que actualmente son competencia de los Juzgados de Instrucción. Allí se aplicarán salidas alternativas de conflictos, como la conciliación o la probation. También, se incluirán los casos que no son delitos y terminen en archivo y los que no son de competencia provincial.

Mientras que en la oficina de investigación y juicio se derivarán todos los casos comunes. “Aquí la respuesta que se proyecta es punitiva, investigamos para ir a juicio o para obtener una respuesta sancionatoria si vamos con un procedimiento abreviado”, puntualizó.

Homicidios

A su vez, la fiscalía sumará a las oficinas antes detalladas cuatro unidades divididas temáticamente que trabajaran sobre delitos específicos, con el fin de dar una respuesta diferente y un control distinto. Entre ellas se encuentra la Unidad Fiscal Especial de homicidios –en ella trabajaran entre 6 y 11 fiscales– y según las estadísticas manejarán entre homicidios dolosos y muertes dudosas unos 500 casos anuales. El objetivo es trabajar en forma conectada todos los homicidios dolosos, generar un equipo que intercambie opiniones y trabaje en forma directa con criminalística de la Policía para lograr mejores resultados, sostuvo Baclini.

Además, el desafío del nuevo sistema es generar un programa de protección de víctimas y testigos adecuado, que brinde respuesta. “El Centro de Asistencia a la Víctima tiene programa pero hay que masificarlo, hay que trabajar sobre las problemáticas individuales en los territorios de la ciudad, hay que meterse en los territorios. La política del gobierno también deberá apuntar a mejorar determinados estándares de exclusión que se dan y abarcar la problemática de la droga desde todos los aspectos, como los son el narcotráfico, menudeo y el consumidor”, refirió.

“Este es un desafío que hay que trabajarlo mucho. Me parece bueno que el gobernador (por Antonio Bonfatti) haya tenido contacto con la procuradora de la Nación. Fue un primer contacto para establecer líneas de trabajo en forma conjunta porque desde la Justicia Federal se pueden generar muchos resultados positivos”, opinó.

“Aquí se necesitan estructuras judiciales más importantes, hay que cambiar la metodología de trabajo.Hemos tenido una evolución de 20 años para llegar a este punto”, indicó.

Delitos sexuales

Otra de las unidades será la de investigación de delitos contra la integridad sexual, universo donde existe una cifra negra que ronda entre el 90 y 92 por ciento de los hechos y las denuncias rondan entre 500 y 600 presentaciones. El objetivo es lograr la confianza de la sociedad para blanquear esos números, lo que generará un aumento en las cifras aunque ello no necesariamente implicará un aumento en los hechos sino de las denuncias de éstos, explicó el fiscal.

Para la investigación de estos delitos de instancia privada se fijará un estándar de trabajo común para la Policía y la Fiscalía, habrá una contención inicial de la víctima por el Ministerio de la Acusación y la intención es que luego de un período de tiempo que no supere los 20 días se derive a la víctima a un efector de su barrio para que continúe con la contención psicológica –para ello será necesario firmar convenios con los centro de salud–. En tanto, la investigación tiene como objetivo que la víctima sea revisada una sola vez por el médico forense y que el fiscal que intervenga desde un primer momento sea quien acuse en el juicio.

Delitos complejos

La tercera unidad será la de delitos complejos y económicos, donde trabajaran entre 3 y 4 fiscales. “Hoy los casos económicos y complejos no tienen investigación o no tienen éxito, si uno va a las estadísticas la respuesta es prácticamente nula”, refirió Baclini y agregó: “El objetivo es investigar determinada criminalidad que no es abordada por la forma de intervención policial. Tenemos que generar investigaciones propias”, reflexionó.

Mientras que la última unidad es la de flagrancia y turno, donde se atenderán todos los hechos que se dan en el sistema de urgencias.

La investigación policial

El otro gran desafío que tiene el Ministerio Fiscal es la optimización del trabajo policial en un hecho delictivo. “Estamos trabajando en protocolos de actuación para la Policía que trabaja en la escena del delito y en el análisis de evidencia en forma consensuada. Actualmente la Policía se fija su propio criterio y eso no está mal, el tema es que después esa evidencia sea útil para el fiscal”, refirió Baclini. Y sostuvo: “Nuestro desafío es que esta Policía que investigue tenga una calidad profesional adecuada para los requerimientos del nuevo sistema, para ello necesitamos una fluidez del ciento por ciento con la Policía.

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