Efectivos de la Policía de Córdoba mantenían un acuartelamiento en distintas localidades de la provincia en reclamo de mejoras salariales y de condiciones de trabajo, lo que derivó en saqueos de supermercados.
«El 75% de la Policía ya está acuartelada. En el interior es casi total. En Río Tercero, los jefes amenazan con sanciones», sostuvo un policía en declaraciones a la radio cordobesa Cadena 3.
Ante la medida de fuerza de los policías, hubo saqueos en dos supermercados en los barrios SEP e Ituzaingó, en el sur de la capital provincial. En el primero, medio centenar de personas irrumpió, mediante amenazas a empleados, al local comercial y arrasaron con todo lo que hallaron en su camino.
La protesta había comenzado este lunes, cuando las mujeres de los efectivos se concentraron en la puerta de la Jefatura de Policía y de la Guardia de Infantería, impidiendo la salida de los móviles de la fuerza cordobesa.
Sin embargo, el malestar de los miembros de la Policía de Córdoba comenzó hace algunas semanas, cuando difundieron videos en YouTube en los que denunciaban malas condiciones de trabajo.
Los acuartelados entregaron este martes por la tarde un petitorio a las autoridades provinciales en la que detallaron los reclamos, entre los que se encuentran un sueldo básico de 13.000 pesos, comida digna, créditos para viviendas y el control de las sanciones aplicadas, entre otros.
Durante esta tarde, las mujeres y el abogado que auspicia a los miembros de la fuerza provincial, Miguel Ortiz Pellegrini, mantuvieron una reunión con el jefe de la Policía de Córdoba, César Almada, quien aseguró que «van a seguir las tratativas para descomprimir la situación» y que elevará los planteos al jefe de Gabinete, Oscar González, y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
«De este modo el Gobierno de la Provincia de Córdoba busca, a través del diálogo, una solución que permita superar el diferendo, garantizando el bien común», informó la Gobernación a través de un comunicado.
Almada y Monteoliva asumieron sus cargos en septiembre de este año, ya que, como consecuencia del escándalo que involucraba a altos mandos de la Policía con narcotraficantes, presentaron su renuncia Ramón Frías y Alejo Paredes.
A pesar de que lograron el aumento del 52 por ciento en los adicionales y que no se apliquen sanciones a los involucrados, los efectivos informaron que continuarán con la medida de fuerza hasta no avanzar en los otros reclamos que elevaron. «Nos vamos muy contentos porque hemos tenido respuestas. Igualmente, seguimos de asamblea», explicó la esposa de un policía.
«Veremos qué nos dicen ahora. Mientras tanto, la medida continúa», afirmó Ortiz Pellegrini luego de la reunión con el jefe de Policía. Almada, por su parte, se mostró confiada en arribar a una resolución y dijo: «Pido que estén todos tranquilos que vamos a salir de esta situación».
Fuentes de la Gobernación dijeron a Noticias Argentinas que el reclamo de los acuartelados fue inicialmente de un básico que pase de 6.500 a 10 mil pesos mensuales y que automáticamente pasaron a pedir 13 mil pesos. Aclararon que el acuartelamiento alcanzaba a solo un pequeño sector de las fuerzas policiales.
En tanto, el gobernador, José Manuel de la Sota, tenía previsto retornar a la provincia por la noche para abocarse al conflicto, por lo que se estima que el grueso de los reclamos será tratado este miércoles.
El mandatario cordobés, quien ya lidió con una protesta policial en 2005, se encontraba en Panamá, donde había hecho escala en su viaje rumbo a Colombia para participar de una reunión de gobernadores de la región, pero decidió pegar la vuelta anticipadamente.
