El ministerio de Seguridad informó que el próximo viernes abonarán a 198 policías lo adeudado en relación a la Junta de Reclamos de Ascensos del año 2011.
Con respecto a la erogación, el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, señaló que “hemos queridos llevar certeza al personal de seguridad de Santa Fe sobre el cronograma de pagos del mes de diciembre; incluyendo algunas deudas pendientes en materia de servicios adicionales”.
Lamberto dijo también que “los servicios de policía que sean requeridos durante la preparación y desarrollo del Rally Dakar en la provincia se implementarán mediante la utilización de Servicios de Policía Adicional que serán abonados por el gobierno provincial, a través del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado”.
Por otro lado, en Córdoba se anunció hoy que se prevé un básico de 8.000 pesos a partir de la pauta salarial que rija para febrero de 2014, entre una serie de compromisos que incluyen un proyecto para que las faltas leves cometidas por los efectivos «sean recusables ante el Tribunal de Conducta Policial».
El gobierno también deberá «proveer un uniforme operativo completo anual, abonar los servicios de adicionales en todo tipo de eventos acorde con las horas cubiertas» por el personal, «mejorar las instalaciones de los Comandos de Acción Preventiva (CAP) y efectuar el control estricto del racionamiento suministrado».
Asimismo, el Poder Ejecutivo comenzará a «elaborar un proyecto para que las faltas leves (cometidas por los efectivos) sean recusables ante el Tribunal de Conducta Policial» y realizará «gestiones tendientes a la consecución de créditos blandos para vivienda».
El gobierno de José Manuel de la Sota también garantizará que se brinde a los policías «asistencia permanente por parte de profesionales relacionado a la contención psicológica», y gestionará «la prestación del seguro de riesgo de trabajo» y «transporte del personal, desde su domicilio a su lugar de trabajo, similar al llamado boleto estudiantil».
Por su parte, las representantes de la fuerza acompañadas por el abogado Miguel Ángel Ortiz Pellegrini, se comprometieron a que la «medida de fuerza cese de inmediato», para que los policías retomen «sus tareas habituales» y devuelvan los «equipos y medios de movilidad de la Policía de la Provincia».
El acuerdo fue el corolario de más de 24 horas de tensión, que incluyeron el acuartelamiento de los policías, desde la madrugada del martes, y el saqueo de numerosos comercios de la ciudad de Córdoba, enfrentamientos y numerosos heridos, aprovechando que los centros comerciales se encontraban sin servicios de seguridad.
