Las relaciones entre Nación y provincia dieron un giro de 180 grados y abrieron vías de acuerdos y coordinación en seguridad pública impensados hace seis meses. Las cosas cambiaron: ni la procuradora Alejandra Gils Carbó ni el secretario de Seguridad son ya aquellos corrosivos funcionarios que fustigaban sin descanso al gobierno de Santa Fe; y Antonio Bonfatti regresa de Buenos Aires cargado de comentarios positivos. Cualquiera que escuche al ministro de Seguridad Raúl Lamberto podrá corroborar que Nilda Garré no es más que la anécdota sobre un mal recuerdo.
Cayó la ficha aquí y allá
¿Qué fue lo que permitió semejante vuelco? En primer lugar el gobierno nacional (o al menos una parte de él) visualizó que la disputa política eterna no le bajó el delito ni le redituó acumulación política.
Segundo, Nación empezó a asumir que el narcotráfico tiene al país en un brete fenomenal; la realidad se impone a la infantil pretensión de que violencia, bandas narco y policías corruptos son exclusivos de provincias de la oposición.
Tercero, también el gobierno de Santa Fe sinceró la gravedad de la situación, empujado por el caso Tognoli.
Cuarto, Nación encuentra en Santa Fe liderazgo político y filas bien cerradas por parte de los poderes Judicial y Legislativo. Es la provincia que más avanza en reformas, por ahora mínimas, más guiadas por el olfato que por la certeza científica, pero sabiendo que en esto se improvisa a prueba y error y que la realidad le queda grande a los manuales.
Quinto, la procuradora Gils Carbó y el secretario de Seguridad Sergio Berni muestran voluntad de trabajar y conciencia de que no se puede hacer sin cooperación con los Estados locales. Eso lo expresa la resolución de Gils Carbó creando una procuraduría nacional específica para atacar delitos complejos, organizada en 27 distritos a lo largo del país, que en Santa Fe será coordinada por la fiscal federal Adriana Saccone.
Salvaron las papas
La normalización de las relaciones entre Casa Rosada y Casa Gris resultó crucial a la hora de gestionar la crisis policial.
“Si las cosas no pasaron a mayores fue gracias a la intervención de las fuerzas federales”. Un funcionario socialista realza así la rápida respuesta de la Nación para asegurar la Rosario abandonada por su Policía.
Cuando se le comenta al ministro Lamberto que en los días del paro de la Policía se registraron menos delitos, responde con cierto dejo de envidia: “Eso puede ser porque tampoco se hacían denuncias. Pero sobre todo pensemos que había 1.500 gendarmes en las calles. Nosotros todas las noches hacemos un esfuerzo enorme para tener 80 o 90 patrulleros policiales”.
No se puede dejar pasar
Una cofradía de sediciosos escondida tras la fachada de sindicatos policiales fracasó en su intento de masificar en todo el país el ejemplo Córdoba. El gobierno nacional da señales de haber entendido el riesgo que se corrió. Por eso le dio aire al proyecto de Aníbal Fernández que introduce modificaciones al Código Penal para sancionar a miembros de fuerzas de seguridad y armadas que abandonen sus puestos para protestar. También desplegó un plan de contingencia fenomenal para prevenirse de la organización de saqueos. Los 500 agentes de Gendarmería que volvieron el jueves a Rosario vinieron por el Dakar, pero por si las dudas están para matar dos pájaros de un tiro.
También el poder institucional de Santa Fe está precavido por la gravedad de lo ocurrido. Por eso esta semana se resolvió con ejemplificador sentido de la oportunidad el procesamiento de 46 acusados de participar del saqueo de un súper en Villa Gobernador Gálvez.
A la vez el gobernador Bonfatti dejó en claro que su gobierno va a fondo contra los policías que extorsionaron, exhibieron armas en la protesta y destruyeron patrulleros.
¿Por qué esos uniformados todavía no fueron llamados siquiera a indagatoria? La pregunta sobrevuela a todo el arco político y el dilema se instaló entre los mismos hombres de la Justicia. Un ejemplo es el caso del policía exonerado y autodenominado sindicalista Alberto Martínez en cuya casa la Justicia encontró el celular desde el cual partieron intimidaciones y amenazas al propio gobernador. Tras el hallazgo, la fiscalía pidió la indagatoria, pero el juez de Instrucción Javier Beltramone optó por una declaración informativa. Ahora esa causa se seguirá tramitando en la capital provincial.
El Coqui
La nueva era de relaciones Nación-Santa Fe tiene un protagonista que hasta aquí no fue mencionado. Jorge Coqui Capitanich es el artífice de un cambio de clima en el vínculo con todas las provincias, incluso las alineadas con el gobierno.
“Llegó Capitanich y el trato cambió por completo”, suele comentar Bonfatti. Sin embargo Capitanich no es el gobierno.
La presidenta tiene el liderazgo político, pero además hay un sector del gobierno que en más de una oportunidad le mostró los dientes al chaqueño y le marcó la cancha. Son históricos habitantes K de la Casa Rosada que no permitirán que la herencia de 10 años de gobierno pase gratuitamente de las manos de Cristina a la potencial candidatura del Coqui.
El entusiasmo de los funcionarios socialistas refleja el cambio de clima. Falta tiempo para ver qué pasa con los expedientes que requieren autorización para tomar créditos en el exterior o financiamiento para proyectos de vivienda.
El pez por la boca muere
Mañana el Concejo Municipal intentará alcanzar un acuerdo por el Presupuesto 2014 y el aumento de la Tasa General de Inmuebles, que todos los bloques acuerdan que hay que actualizar por la inflación pero no sobre el mecanismo para hacerlo.
El viernes a medianoche el oficialismo estuvo a punto de conseguirlo. Le faltó un concejal para sesionar y aprobar la propuesta del PRO, que era la que más se asemejaba a su pretensión. En realidad faltó un poco más que eso, porque el macrista Roy López Molina exigía al oficialismo sumar al acuerdo a otro sector opositor. Buscaba así menguar la segura devolución de favores que le harían los bloques kirchneristas después que la semana pasada los acusó en pleno recinto de haber hecho un plan canje de votos para el aumento de boleto y de la TGI a cambio de cargos. Aquella bravuconada le salió cara: atrapado en su propia telaraña discursiva, recularon por temor a pagar costo político cuando el oficialismo se avino a votar el proyecto que habían presentado. Habrá que buscar mucho archivo para encontrar un caso igual en el que un bloque no vota su propio proyecto.
Un capítulo aparte merecen los pasos en falso del oficialismo en la tarea legislativa, yendo a una comisión a dar dictamen al proyecto de otro bloque cuyos concejales no están presentes y sin siquiera haberse asegurado el quorum para sesionar.
Cambio de interlocutores
Caída la línea de negociación con el PRO, ayer el oficialismo retomó el diálogo con cavalleristas, el Frente para la Victoria, Osvaldo Miatello y el sector del Frente Progresista que integran el presidente Miguel Zamarini y los radicales Rosúa, Schmuck y Chale y al que quizás se sume Boasso.
Si bien esta alternativa le garantiza un 19,5 por ciento de aumento de la TGI promedio, no le concede el revalúo del valor fiscal de los inmuebles que a la vez le permitiría tener una especie de aumento automático de la tasa hasta 2016.
En términos económicos, el acuerdo con el PRO le prometía una diferencia de 40 millones más para 2014. Es una cifra importante para cualquier secretaria de Hacienda pero de ninguna manera pone en juego la gobernabilidad.
Por ahí pasa lo medular de tantas idas y vueltas, cabildeos y rosca política. Porque si algo quedó a la vista en los últimos diez días en el Concejo Municipal son las diferencias de estatura política en la oposición.
Están los que entienden que la gobernabilidad es el límite de la disputa política; y están los que sólo se cuidan a sí mismos. El gobierno municipal hace bien en tener abiertas todas las mesas de diálogo a la vez. Desde el viernes conoce un poco más sobre los bueyes con los que ara.
