A días de ser absuelta por la Justicia provincial en el juicio por el secuestro y desaparición de Marita Verón, María Jesús Rivero fue detenida por causas vinculadas con el lavado de dinero, informaron hoy fuentes judiciales.
Rivero fue detenida anoche por una causa que investiga la Justicia Federal vinculada con el lavado de activos, en tanto se espera que en las próximas horas sigan el mismo camino otros cuatro personas, entre ellas Rubén «La Chancha» Ale, a quien se considera cabecilla de la organización.
Ale, ex pareja de Rivero, fue acusado por Susana Trimarco, madre de Marita Verón, de ser responsable del secuestro y desaparición de su hija, aunque la Justicia local nunca lo vinculó con el caso.
Rivero, en cambio, estuvo imputada al igual que otras 12 personas en el juicio que finalizó hace un año con un polémico fallo en el que todos resultaron absueltos.
Sin embargo, la semana pasada la Corte Suprema de Justicia de Tucumán modificó parcialmente el falló y encontró culpables a 10 de los imputados, pero absolvió a Rivero y a su hermano Víctor.
Luego de conocer la decisión de la Corte, Trimarco se refirió a la situación de Rivero y sostuvo que «se salvó por ahora, pero de la otra causa que tiene (en la Justicia Federal) no se va a salvar».
La investigación por el lavado de activos comenzó hace varios meses a partir de una denuncia presentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y la lleva adelante la UIF (Unidad de Información Financiera), que depende del Ministerio de Economía de la Nación, y que conduce José Sbatella.
Hoy, el juez Federal N° 2 de Tucumán Fernando Poviña, ordenó el procesamiento por asociación ilícita y lavados de activos agravados con prisión preventiva contra Rivero, Rubén Ale, Roberto Dilascio, Fabián González y Alberto Suárez.
Las medidas del juez fueron confirmada a Télam por el fiscal Carlos Gonella, de la Procuraduría General de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Gonella precisó que además, fueron procesados por lavados de activos sin prisión preventiva, Ángel Ale, Valeria Fernanda Bestán y Julia Esther Picone.
Finalmente se dispuso la falta de mérito para Daniela Milheim, Pablo González y el hijo de Rubén Ale.
«El procesamiento es una etapa central en la causa porque el juez, luego de analizar el caso y tomar indagatoria a los acusados considera que hay pruebas suficientes para procesarlos», explicó Gonella. Según el fiscal, «procesar significa formalizar la investigación con una hipótesis delictiva de un hecho y una calificación legal». «Esto permite que la fiscalía se expida sobre la elevación a juicio en lo cual ya estamos trabajando», indicó.
El fiscal le dijo a Télam que «para nosotros esta medida es muy importante porque permite promover la causa a una etapa fundamental que es el juicio oral».
Poviña también ordenó una serie de allanamientos a las oficinas de las empresas vinculadas al denominado «clan Ale», tarea que lleva adelante personal de Gendarmería Nacional.
