¿Qué se le puede decir a quienes no tienen electricidad? ¿Qué sólo son el 1% de los usuarios de la EPE? ¿Que uno de estos años también a ellos les va a llegar la solución de la que disfrutan algunos barrios que sistemáticamente padecían cortes y esta vez no?
El gobierno provincial partió de la base de que diga lo que se diga a alguien siempre le va a caer mal. Entonces optó por el silencio mientras que pudo y confió la comunicación de rutina en Diana Antruejo, empleada de carrera de la oficina de Relaciones Públicas de la empresa de energía que, en esta y anteriores gestiones, es la cara que aparece cuando los cables se queman. La comunicación sobre los avatares del servicio, con la pulcritud que implican los detalles técnicos, personificada en una vocera sin incumbencia en la conducción política de la empresa, ahorra a quienes sí la tienen dar aquellas explicaciones que difícilmente puedan conformar.
Rumbo ratificado
La gestión de una minicrisis siempre es opinable. No hay una forma única de hacerlo y nunca el resultado final está garantizado de antemano. Sobre todo porque hay variables que juegan por sí mismas, más allá de la voluntad de funcionarios y gobiernos. En este caso esa variable es una interminable ola de calor que empuja la demanda eléctrica y agobia al sistema.
La aparición del ministro de Aguas y Servicios Públicos Antonio Ciancio recién el viernes a la mañana, 10 días después de los primeros cortes, confirmó que el gobierno no tiene otra cosa que decir que no sea lo que viene repitiendo desde 2007. Dicho de otro modo: a pesar de que los cortes de esta segunda quincena de diciembre ponen en crisis el discurso oficial que afirma que año a año estamos mejor gracias a la inversión sostenida en infraestructura, el gobierno del Frente Progresista mantiene su convicción de que está en el camino correcto y que no necesita modificar rumbo.
Sostener el rumbo en medio de estos cimbronazos requiere espalda política. Todo indica que el gobernador Antonio Bonfatti la tiene.
Eso explica también que pasen disimuladas algunas cuestiones. Por ejemplo, la decisión de mantener “guardado” al presidente de la EPE Daniel Cantalejo en medio de las dificultades que enfrenta el servicio. Es todo un acertijo a descifrar que Cantalejo haya estado de cuerpo presente pero sin abrir la boca en la conferencia de prensa en la que hablaron el ministro Ciancio y el vice de la empresa.
Números a explicar
Una vez que se calmen los ánimos será momento para que el gobierno provincial explique en detalle, y corrija en caso de que sea incorrecta, la información que el diputado del PJ Mario Lacava volcó a la prensa en la que asegura que desde 2009 se vienen subejecutando partidas destinadas a inversión en infraestructura.
Según sus números, fueron 120 millones en 2009; una cifra similar en 2010; 65 millones en 2011, y 114 millones en 2012.
La subejecución de partidas no es un mal exclusivo de este gobierno. A Jorge Obeid y Lacava les sobraba plata y les faltaba capacidad para gastarla en obras públicas, lo que llevó en más de una oportunidad al dos veces gobernador a maldecir en público “la burocracia estatal” a la que responsabilizaba de esa situación.
Como sea, las subejecuciones consecutivas que señala Lacava implican cifras suficientemente importantes como para merecer una explicación convincente. Y en caso de ser acertados esos datos, tal vez signifiquen mejorar aspectos de la gestión de la empresa.
La necesidad de un ente
La EPE es una empresa estatal, con un sindicato fuerte cuya palabra pesa en la gestión.
Estos tiempos demandan nuevos mecanismos de control. 2014 puede ser el año en el que finalmente se alumbre un ente regulador que atienda los derechos de los usuarios, ponga la lupa sobre el manejo de los recursos y monitoree el plan de inversiones.
El propio Lacava tiene un proyecto que logró media sanción de la Cámara de Diputados desde hace un año. El Frente Progresista dice estar de acuerdo con el ente pero objetó puntos de esa iniciativa que la mayoría justicialista no accedió a modificar, por eso el trámite quedó a medio camino. En la medida que afloren consensos se avanzará.
Comparación
Más allá de las dificultades de estos días, la EPE lleva años de inversión sostenida que se puede ver en la multiplicación de estaciones y subestaciones transformadoras, el reemplazo de cableados y la incorporación de tecnología.
Su posición luce mucho mejor que la de Edenor y Edesur, las distribuidoras de Capital y Gran Buenos Aires fuertemente subvencionadas y gestionadas por privados, que además, a diferencia de EPE que sirve a una provincia de 800 kilómetros de largo, brindan servicio en un área concentrada demográficamente, lo que ahorra tiempos, costos y estructura.
Edenor y Edesur le dieron luz al último conflicto de 2013 que nadie esperaba. Cuando parecía que el paro policial extendido a todo el territorio nacional había clausurado el año, aún faltaba la ola de calor poniendo en jaque a las distribuidoras eléctricas. En el caso de Capital y Gran Buenos Aires, ese conflicto se espesó y se tornó preocupante entre jueves y viernes, cuando florecieron piquetes de vecinos que llevaban días sin luz hasta en las autopistas urbanas.
Como los ferrocarriles
Edenor y Edesur son de las últimas joyas herrumbradas del remate menemista. El gobierno nacional le echa la culpa a las concesionarias privadas. La tienen, sin duda, pero falta saber cuál es su responsabilidad como poder concedente y responsable de renegociaciones de contratos y los millonarios subsidios que les transfiere.
Escuchar al jefe de Gabinete y al ministro de Planificación en los últimos días fue como estar viendo la remake fílmica de los ferrocarriles del área metropolitana del Gran Buenos Aires, sólo que sin muertos de por medio. En ese caso, los servicios ferroviarios necesitaron una crisis que los haga tocar fondo para volver al Estado.
La matriz del kirchnerismo en el gobierno responde a esa lógica. Grandes pasos que dio en sus tres períodos en muchas ocasiones fueron empujados por las circunstancias más que por la iniciativa propia.
La película de Edenor y Edesur todavía no terminó, pero la transferencia a manos de los gobiernos porteño y de Buenos Aires (se verá si también incluye la estatización) parece repetir el protocolo de procedimiento kirchnerista.
