El Congreso Nacional ya sancionó la mayoría de las leyes para reglamentar los artículos incorporados por los constituyentes a la Constitución Nacional reformada en 1994, pero aún tiene pendiente la aprobación de un nuevo régimen de coparticipación federal, que 20 años después será difícil de aprobar por los requisitos que se establecieron en la Carta Magna.
La declaración de la necesidad de la reforma fue convertida en ley el 29 de diciembre de 1993, y la Convención Constituyente aprobó la nueva Constitución el 24 de agosto de 1994, tras tres meses de debate en las ciudades de Paraná y Santa Fe, donde uno de los principales puntos de controversia fue el sistema de coparticipación Federal.
Los legisladores del oficialismo Jorge Landau y del radicalismo Manuel Garrido señalaron a la agenda Télam que la reforma de la Constitución “mejoró” la calidad institucional del país porque se instrumentó el voto directo para elegir al presidente y vicepresidente de la Nación, a los senadores, al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero señalan que el tema de la distribución de los fondos entre la Nación y las provincias es una fuente de controversia “de difícil resolución”.
En la reforma, los convencionales establecieron que la nueva ley de coparticipación deberá ser respaldada por los 23 gobernadores y el jefe de la Ciudad de Buenos Aires y las respectivas legislaturas provinciales, lo cual es de imposible cumplimiento que algún distrito resigne recursos en favor de otro.
Landau afirmó que los artículos referidos al régimen de coparticipación “no ha dejado una solución, sino un problema porque se estableció una clausula cerrojo por el cual no se podrá reformular ya que para hacerlo será necesario hacer una nueva reforma constitucional, ya que lo que se haga en favor de uno irá en detrimento de otro distrito, y nadie lo va a aceptar”. Sobre este punto, Garrido señaló que “evidentemente en el artículo sobre la coparticipación no se logró el acuerdo necesario para redactar una enmienda que permita avanzar en un nuevo régimen de distribución de fondos entre Nación y provincias”.
Sin embargo, los dos diputados reconocieron que el Congreso avanzó en la mayoría de las leyes con las cuales se dio mayor calidad institucional a los ciudadanos al incluir institutos de participación democrática como la Consulta Popular e Iniciativa Popular.
También se sancionó el régimen de Amparo, de Hábeas Data, Decretos de Necesidad y Urgencia, del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público, de Defensa de la Competencia, del consumidor, y del Defensor del Pueblo, así como la Auditoria General de la Nación.
En diálogo con Télam, Landau dijo que “si bien restan sancionar algunas iniciativas como el tratamiento integral del medio ambiente y la protección de los pueblos originarios, la gran mayoría de las leyes fue votada y en algunos casos se cubrieron vacíos históricos como en el caso de la regulación de los decretos de necesidad y urgencia, y la legislación delegada”.
Por su parte, Garrido señaló que la reforma constitucional implicó “una serie de modificaciones que apuntaron a corregir deficiencias y a mejorar la calidad institucional porque se le otorgó jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos, aunque no generaron las expectativas que se esperaba”. “Lo más importante que yo rescato es la jerarquización de normas de derechos humanos porque ese es el germen de una concepción de la democracia”, destacó Garrido.
