La infanta Cristina de Borbón, hija menor del rey Juan Carlos de España, volvió a ser imputada ayer en el caso de corrupción en el que está siendo investigado su marido, Iñaki Urdangarín.
Por segunda vez en menos de un año, la hija del rey se enfrenta a la posibilidad de ser juzgada, un hecho inédito para un integrante de la familia real en la historia democrática española.
La infanta Cristina fue acusada de delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal, penados con hasta 6 y 5 años de prisión respectivamente, en su carácter de copropietaria de la sociedad Aizoon, que comparte al 50 por ciento con Urdangarin. Más de un millón de euros públicos, de los seis apropiados indebidamente por el Instituto Nóos, fueron desviados a Aizoon.
El juez del caso, José Castro, citó a la infanta a declarar el sábado 8 de marzo a las 10 en los juzgados de Palma de Mallorca, donde se instruye la investigación, según informó en un escrito de 227 páginas.
En los últimos ocho meses, el magistrado estuvo centrado en investigar la actividad tributaria y financiera de la hija menor del rey después de que la Audiencia provincial bloqueara su primera imputación. En abril de 2013, Castro encontró hasta 14 indicios de la presunta complicidad o colaboración necesaria de Cristina Federica de Borbón y Grecia con las actividades delictivas de su marido.
El tribunal provincial, instancia de apelación, levantó un mes después la imputación, aunque dejó abierta la puerta a que sea investigada por fraude fiscal y blanqueo.
Ante la nueva imputación, uno de los abogados de la Infanta, Miquel Roca i Junyent, anunció que recurrirá la decisión, al tiempo que se mostró “absolutamente convencido” de la inocencia de su cliente.
De la misma manera se manifestaron el Ejecutivo español de Mariano Rajoy y el opositor Partido Socialista (PSOE), mientras el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, calificó de “positiva” la imputación y pidió al gobierno del Partido Popular (PP) que “abandone su posición de obstrucción” en este caso de corrupción.
Desde finales de 2011, la Justicia española investiga a Urdangarín y su ex socio Diego Torres por haber desviado unos seis millones de euros en fondos públicos de los gobiernos balear y valenciano, en manos del PP.
Esos fondos fueron adjudicados entre 2004 y 2007 al Instituto Nóos, entidad supuestamente sin fines de lucro, para la organización de cinco eventos (Illes Balears Forum y Valencia Summit), sin que mediara licitación alguna.
Parte del dinero fue a parar a las arcas de Aizoon, sociedad que Urdangarín comparte al 50 por ciento con su esposa, la infanta Cristina. A pesar de ello, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado se opusieron a la imputación de la hija del monarca.
Palabra de un soberano
El rey Juan Carlos dijo al gobierno británico que a España no le interesaba recuperar Gibraltar porque Marruecos reclamaría entonces Ceuta y Melilla, según un documento oficial de 1983. El documento fue desclasificado el 3 de enero junto a otros cientos del gobierno británico que pasaron a ser públicos. Se trata de un telegrama con el sello “confidencial”, enviado por el entonces embajador británico en Madrid, Richard Parsons, al ministerio de Relaciones Exteriores británico del gobierno de la primera ministra Margaret Thatcher. En éste se describe la reunión del 7 de septiembre de 1983 entre el rey y Parsons. “En un brote de su franqueza usual, el rey añadió que no interesaba a España recuperar Gibraltar”, dijo Parsons.
