La Sala A de la Cámara Federal de Rosario, integrada por los jueces Liliana Marta Arribillaga, Fernando Lorenzo Barbará y Carlos Federico Carrillo, confirmó los procesamientos de Delfín David Zacarías, su entorno familiar, un operador de la remisería que Zacarías poseía en Granadero Baigorria y un mecánico como miembros de una organización delictiva dedicada a la fabricación, tráfico y comercialización de estupefacientes. Sólo el ex novio de la hija de Zacarías fue beneficiado por la resolución que revocó el decisorio en su contra. A su vez, la Sala dispuso la realización de una serie de medidas probatorias para profundizar la investigación, vinculadas a pericias telefónicas, contables, averiguaciones sobre bienes secuestrados y la posible connivencia con personal policial.
La causa penal que se sigue contra Delfín David Zacarías y su familia surgió de una investigación que la policía federal llevó adelante en relación a un búnker de drogas ubicado en inmediaciones de Boedo y Ghiraldo, en el barrio La Cerámica de Rosario, presuntamente regenteado por una mujer apodada “La Tata”.
De allí se desprendió la relación de esta mujer con Zacarías, lo que quedó plasmado en la transferencia de un vehículo de La Tata al imputado por una supuesta deuda por provisión de estupefacientes, refiere el fallo.
Esta circunstancia trasladó la atención de la pesquisa a Zacarías, también propietario de una remisería en Granadero Baigorria, y el magistrado a cargo ordenó la intervención de los teléfonos del sospechado y su entorno.
Según los investigadores, Zacarías era un importante comercializador al por mayor de estupefacientes y contaba con una organización conformada por su familia directa y algunos allegados.
En septiembre pasado el sospechoso fue detenido luego de concluir una compra de acetona por una suma de 340 mil pesos y trasladar el material a la ciudad de Funes, donde se realizó un despliegue policial que incluyó helicóptero y cámaras de televisión.
A su vez, otras 13 personas fueron arrestadas durante una serie de allanamientos simultáneos llevados a cabo en diferentes puntos del país. En total se incautaron unos 300 kilogramos de cocaína, entre pasta base y clorhidrato.
Los detenidos fueron procesados por el juez federal Carlos Vera Barros y ahora la Cámara Penal Federal confirmó parcialmente la resolución a la vez que dispuso la realización de una serie de medidas probatorias complementarias.
Zacarías irá a juicio como cabeza de una organización ilícita y financiador de una banda delictiva dedicada a la fabricación y comercialización de estupefacientes.
También se le achacaron los delitos de tenencia de elementos y materias primas para producir y fabricar drogas además de su producción, y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravados por la participación de dos o más personas, a lo que se sumó la administración y disimulación de bienes provenientes de ganancias del narcotráfico con el fin de que adquieran la apariencia de lícito agravado por habitualidad y continuidad de la actividad luego de que los camaristas descreyeran su versión de que todo su patrimonio fue gestado a partir de su empresa de remises.
A ello se sumó la propiedad de varios automóviles, a su nombre y de otros, que no se utilizaban en la empresa, diversas propiedades y la gran cantidad de estupefacientes y precursores químicos hallados en una vivienda de Funes, en cuyo ingreso fue detenido Zacarías y su esposa quienes minutos antes habían entrado al lugar, según la pesquisa.
La mujer de Zacarías y sus dos hijos –Sandra Marín, Joel y Flavia Zacarías, respectivamente– también irán a juicio por los mismos delitos que Delfín, a excepción de la acusación de organizador y financiador de la banda.
La Cámara concluyó que Sandra Marín participaba en las actividades de fabricación y/o comercialización de estupefacientes y trasladó precursores químicos desde Circunvalación y Córdoba hasta una casa de Funes donde descargó el material junto a su hijo Joel y donde al día siguiente fue detenida junto a su esposo.
Además los automóviles que la mujer tiene a su nombre no condicen con la actividad económica que declara.
La misma suerte corrió su hijo Joel, quien según los camaristas tenía poder de disposición sobre materias primas para la fabricación de drogas y estupefacientes.
A la vez que recomendó que, en su lugar de detención, se lo asista médicamente para controlar una enfermedad que padece.
Mientras que su hermana Flavia será enjuiciada luego de que se comprobara que además de una obra en construcción en San Lorenzo posee seis vehículos a su nombre y cuentas bancarias, a la vez que se determinó que era una intermediaria entre su padre y otros presuntos miembros de la organización.
Otra de las personas que se sentará en el banquillo de los acusados es Ruth C., que trabajaba en la remisería y era novia de Joel. A su nombre se encontraba la flota de celulares que utilizaba el clan Zacarías y en las escuchas telefónicas mantuvo conversaciones con dos policías: uno de ellos apodado He Man y actualmente procesado y otro que será indagado luego que la fiscalía hiciera un requerimiento y la cámara revocara la negativa del pedido resuelta en primera instancia.
Además, en su vivienda se secuestraron dos bolsas con cocaína, balanzas de precisión entre otros elementos.
Por su parte la hermana de Zacarías y su pareja serán enjuiciadas por encubrimiento, ya que a su nombre se encontraban 32 cocheras compradas por Zacarías en Rosario.
Mejor suerte corrió Gonzalo J. ex novio de la hija de Zacarías quien tenía un vehículo en la remisería. La Cámara revocó su procesamiento al entender que los elementos de prueba lo vinculan al entorno familiar aunque no a la comisión de los delitos imputados a su ex novia sin perjuicio de un posible encubrimiento por llamadas que tuvo con Zacarías cuando éste último ya estaba preso.
Los otros miembros
A su vez la Cámara confirmó los procesamientos de Hugo S., su hermano Alfredo y su sobrino Javier S. –los dos primeros actualmente con arresto domiciliario– quienes fueron procesados por contactar a una mujer que trabaja en la firma Aleconar S.A. para solicitarle la compra de acetona.
Según escuchas, Javier S. se contactó con Zacarías para retirar este producto en la provincia de Buenos Aires, donde el material era nombrado de forma encubierta.
La Sala entendió que estas tres personas estaban organizadas con el propósito de comercializar materias primas destinadas a la fabricación de estupefacientes con el fin de obtener ganancias.
Por su parte, el operador de la remisería, Néstor F., quien tiene registrada a su nombre una Toyota Rav 4 utilizada por Zacarías además de una camioneta secuestrada con gran cantidad de estupefacientes en la casa allanada en Funes según refiere el fallo, irá a juicio junto a Edgardo Martín R. –quien posee una propiedad y un Audi TT blanco a su nombre perteneciente a Delfín– como administradores de bienes adquiridos con ganancias del tráfico de estupefacientes.
Recomiendan profundizar la investigación
Además de confirmar en su mayoría los procesamientos dictados en la causa Zacarías la Sala A de la Cámara Federal de Rosario advirtió la necesidad de profundizar la investigación y dispuso la realización de ciertas medidas.
Entre otras cosas, mencionaron la realización de un estudio técnico contable con profesionales especializados en maniobras de lavado de dinero sobre la documentación secuestrada, averiguaciones sobre los automotores que formaban la flota de la remisería, la posible presencia de bienes del principal acusado en otras localidades o provincias.
Que se investigue a una persona apodada “El Ingeniero”, cuyo teléfono no fue intervenido por motivos que no se determinaron y se pesquise un número telefónico que fue informado como fuera de servicio cuando el sistema lo localiza en una localidad norteña del país.
A todo ello se agregan pericias a todos los celulares secuestrados, testimonial del locatario de la vivienda allanada en la ciudad de Funes el 5 de septiembre del año pasado, y la citación de la mujer que vendió la acetona.
Para concluir, la Sala le recomienda al tribunal que evalúe la posibilidad e imputar el delito de asociación ilícita a los acusados y se investigue la posible connivencia con personal de las fuerzas de seguridad.
