El Poder Judicial de Santa Fe se prepara para poner en marcha en menos de un mes el nuevo Código Procesal Penal, que se estima es un “punto de inflexión” en la Justicia penal santafesina. A casi siete años de la sanción de la primera de las leyes que requirió la reforma, los magistrados Carina Lurati, José Luis Mascali y Daniel Acosta, quienes pertenecen al Colegio de Jueces de la 2ª Circunscripción, analizaron la implementación de las reformas que se vienen mientras reconocen que tendrán que afrontar importantes desafíos.
“Es un paradigma totalmente distinto al que estamos acostumbrados. La diferencia es que hay muchísimos medios alternativos para evitar el juicio. Esa es la madre del nuevo sistema”, resumió en diálogo con El Ciudadano Carina Lurati, integrante de la Sala I de la Cámara Penal y presidenta del Colegio de Jueces.
En coincidencia con su colega, José Luis Mascali, a cargo del Juzgado de Sentencia 7ª y vicepresidente del Colegio, puntualizó que la idea es que se solucione el conflicto sin llegar al juicio. Agregó que, para eso, existen medios alternativos puestos a disposición de las partes que son superadores de la realización de un debate en juicio. “La probation (o suspensión de juicio a prueba) para delitos menores, es decir que se suprime el juicio imponiendo reglas de conducta al acusado; el proceso abreviado, que es donde el fiscal y el imputado ceden cada uno de ellos una parte de su pretensión para llegar a un punto de equilibrio, y los principios de oportunidad, en el que el fiscal concluye la cuestión cuando entiende que el asunto no tiene mayor importancia, existió conciliación o se da un caso de pena natural, son algunos de los medios alternativos que se aplicarán para sortear la etapa plenaria. Si estas instancias no evitan la realización del juicio, entonces se desarrolla una audiencia de debate con la presencia de todas las partes”, explicó Mascali.
A su vez, la Oficina de Gestión Judicial tendrá a su cargo muchas de las labores administrativas que en el viejo sistema eran responsabilidad de los magistrados a cargo de los juzgados. Por ejemplo, la Oficina se encargará de la organización de las audiencias de debate. Otras de las características es que los trámites no pertenecerán a un juzgado específico sino que, en esta primera etapa, serán jueces de garantía ejerciendo su papel en la toma inmediata de decisiones durante las audiencias orales de las que participan acusación y defensa.
Los fiscales
En el nuevo sistema el representante del Ministerio Público de la Acusación es quien investiga y recopila pruebas, mientras que el juez sólo controla la legalidad de este proceso y decide en caso de que exista algún conflicto entre las partes (con la defensa) la realización de audiencias orales y públicas. “Nosotros (por los jueces) lo único que vamos a decir es si cada presunción alcanza, si la prueba está bien o mal fundada. No llamamos a testigos, eso estará totalmente vedado”, indicó al respecto Daniel Acosta, coordinador de 2ª instancia del Colegio y miembro de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Penal.
Una vez que concluya la etapa de la Investigación Penal Preparatoria, el fiscal evaluará si los elementos con los que cuenta son suficientes para solicitar el juicio. Y es el juez quien determina si corresponde procesar, sobreseer o aplicar alguna salida alternativa como las mencionadas con anterioridad. En tanto, un segundo magistrado es el que llevará adelante el juicio.
El juez
Es en este marco donde aún perdura alguna incertidumbre sobre el paso de los magistrados del viejo al nuevo sistema. “El Código dice que el juez que interviene en la audiencia de prisión preventiva no puede estar en la audiencia preliminar, que es la anterior al juicio. Por lo tanto, se necesitará otro juez. Luego, si hay juicio, debe haber un tribunal, pero no pueden ser los mismos de la audiencia para prisión preventiva ni la preliminar”, contó Mascali, al tiempo que recordó que el problema es mayor hacia el interior de la provincia donde hay ciudades en las que “hay un solo juez”. Sobre este aspecto, se espera que la Legislatura sancione en los primeros días de febrero la “ley de herramientas”, que entre otras cuestiones ayuda a subsanar estas dificultades.
En ese sentido, Mascali indicó que será necesario que viajen magistrados de otras ciudades para hacerse cargo de audiencias durante los procesos judiciales, hasta que otros profesionales sean designados definitivamente en los mismos.
“El gobierno se ha comprometido a seguir llamando a concurso para los cargos que faltan y es cierto que empezamos de cero, por lo tanto no es necesario que todos estén trabajando desde el primer momento. Es un planteo racional y nosotros lo entendemos. Lo que necesitamos es que a medida que pase el tiempo sí se vayan cubriendo esos cargos”, remarcó Carina Lurati.
Cabe destacar que de los jueces que actualmente están en funciones en la sede local de los Tribunales provinciales, la mitad pasará al nuevo sistema y el resto quedará en el viejo a cargo de las causas que ya están en proceso. “Es un compromiso a pulmón, porque un grupito de jueces tiene que arrancar con el nuevo (sistema) y otro grupito tiene que mantener y cerrar el viejo. Estamos listos, hemos hecho todo tipo de capacitación, pero nos toca la parte renga porque no estamos en el número suficiente como para arrancar, aunque está el compromiso del gobierno de que se va a lograr”, continuó la magistrada.
“En Rosario no hubo mucha resistencia al nuevo sistema que se implementará el próximo 10 de febrero bajo los preceptos de oralidad, publicidad, contradicción, inmediación, simplicidad y celeridad. Hay más que nada un signo de interrogación. Estamos en la historia, este grupo del sistema penal: fiscales, defensores, testigos, imputados, prensa y jueces”, reflexionó Lurati.
Víctimas, testigos e imputados
En el nuevo proceso judicial las personas tendrán que prestar declaración en menos oportunidades. Sin embargo, “la víctima y el testigo estarán en la misma audiencia que los imputados y deberán decir bajo juramento lo que les pasó o vieron. La declaración será frente a todas las partes y ante el público en general”, aclararon voceros del Poder Judicial. Con respecto a esta nueva mecánica, los representantes del Colegio de Jueces resaltaron su intención de llevar tranquilidad a la población ya que puede generar cierto resquemor y desconfianza a las víctimas o testigos. “No significa que habrá represalias y para algunos casos excepcionales están previstos institutos para testigos con identidad reservada, o testigos protegidos”, describió José Luis Mascali.
“No estamos acostumbrados a las salidas alternativas al juicio. La gente reclama cárcel y perpetua. Estamos ante una impronta distinta, en la que se busca evitar el juicio, la pena, pero no se evitan las reglas de conducta, se imponen”, consideró Carina Lurati.
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