Los reclusos alojados en el penal de la comisaría 3ª, ubicada en Dorrego 161, protagonizaron anteanoche un motín con quema de colchones que duró hasta la madrugada de ayer y terminó con uno de los internos con graves quemaduras. Además, cuatro presos, que según fuentes policiales fueron los que originaron la revuelta tras ser separados por agredir a otro interno, tuvieron que ser trasladados al hospital Centenario por heridas autoinflingidas para luego quedar alojados en la Alcaidía, ubicada en avenida Francia al 5200. En ese marco, el jefe de Inspección 1ª, Claudio Peralta, remarcó que el hecho no se debió a un reclamo por cuestiones del alojamiento de los detenidos sino a un incidente entre los internos. Por su parte, desde la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) detallaron que este nivel de situaciones conflictivas y reacciones de los internos está determinada por el contexto institucional donde se destacan las precariedades de los espacios de detención y el hacinamiento en la que viven los internos.
La revuelta comenzó pasadas las 20.30 del miércoles pasado cuando cuatro presos golpearon a otro, que había ingresado un par de horas antes, por unas zapatillas, lo que derivó en la intervención del personal policial de la comisaría 3ª. Los uniformados separaron al grupo agresor y lo aisló provisoriamente en un penal transitorio. Alrededor de las 22, los internos apartados reaccionaron y comenzaron a incitar al resto de la población carcelaria, que inició una quema de colchones, describió Claudio Peralta.
“El fin era quitarle sus zapatillas y para ello lo sometieron a una golpiza que incluyó la utilización de elementos punzantes de fabricación casera. Los gritos del joven alertaron a los uniformados que al mando del comisario de la seccional 3ª, Diego Álvarez, ingresaron y separaron a los agresores de la víctima”, describió Peralta.
Los cuatro internos que iniciaron la gresca fueron aislados en forma transitoria y se convocó al personal del Sies que atendió al interno herido y se iniciaron las actuaciones correspondientes por lesiones donde se le tomó declaración a la víctima, refirió el inspector.
“Alrededor de las 22, se comenzaron a escuchar golpes y patadas que propinaban los cuatros internos aislados contra las rejas, quienes se autolesionaron con los elementos que tenían a mano”. El funcionario policial ejemplificó que algunos de los reclusos rompían las biromes y se lastimaban con el plástico, mientras incitaban al resto de la población carcelaria de 22 internos a que se levantara. Cinco de ellos se plegaron al conflicto e iniciaron una quema de colchones. Producto del incendio, Patricio M., de 28 años, tuvo que ser trasladado al Hospital Provincial donde, al cierre de esta edición, se encontraba internado con el 40 por ciento del cuerpo quemado y las vías respiratorias comprometidas en la sala de terapia intensiva, con pronóstico reservado.
Según refirió la fuente, se convocó a una dotación de bomberos que sofocó el incendio, al médico policial, nuevamente al personal del Sies y a un representante de la CTC. Una vez controlado el episodio, los cuatro detenidos fueron trasladados al Hospital Centenario para suturar sus heridas para luego quedar alojados en el penal de la Alcaidía, mientras que el resto de los revoltosos fue llevado a distintas comisarías, señaló Peralta.
En tanto, el abogado Federico Garat, quien fue intermediario en el conflicto por parte de la CTC, detalló que se hizo presente en el lugar cuando estaban trasladando a los internos y confirmó que cuatro de ellos se autoinflingieron heridas mientras que el detenido que sufrió quemaduras, en un principio contaba con lesiones en un 40 por ciento del cuerpo.
Las fuentes policiales indicaron que los cuatro reclusos derivados al Centenario fueron identificados como Ezequiel A., Miqueas P., Ricardo R. y Aldo F., mientras que su víctima Elías M. tuvo que ser atendido por lesiones leves por el personal del Sies debido a los golpes recibidos al llegar al penal.
El encierro
Garat sostuvo que el reclamo de los internos siempre está en el escenario de encierro y que las situaciones de conflicto están determinadas por un contexto institucional. “Se impregna en el cuerpo de las personas que pasan por esto la respuesta de la Justicia y las instituciones provinciales”, indicó.
El letrado explicó que esta situación de hacinamiento –en referencia a que el penal de la comisaría 3ª tiene capacidad para alojar 18 internos y anteanoche había 24– y espacios de detención inconstitucionales tiene un doble impacto: primero, respecto a la persona que se encuentra en esa situación y segundo, es un bumerang a la sociedad en cuanto a las condiciones de seguridad que reproduce el sistema. “Más allá de todas las críticas que se hacen, la sociedad sigue exigiendo la presencia policial como la única manera de disminuir la sensación de inseguridad. El 40 o 50 por ciento del personal policial se encuentra destinado a tareas que no le son propias, como la custodia de presos”, esquematizó el referente de la ONG.