Los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia se reunieron hoy en Santa Fe con integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para pedirles que sancionen este jueves, en el reinicio de la actividad legislativa, la ley de herramientas para la puesta en marcha en forma integral del nuevo Código Procesal Penal, prevista para el lunes 10.
La comisión que preside el diputado kirchnerista Leandro Busatto tiene que emitir dictamen esta semana para poder tratar el proyecto –que ya tiene media sanción del Senado– el jueves en el recinto. El Ejecutivo considera imprescindible la sanción de la ley para poder instrumentar el nuevo sistema penal. Inicialmente, se esperaba que ocurriera en diciembre pasado, pero los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales pidieron más tiempo para estudiar la iniciativa.
Ayer, tras la reunión con la Corte, el diputado Busatto indicó: “Fue un encuentro altamente positivo porque el diálogo interpoderes siempre es importante. Frente al inminente tratamiento de una ley que se presume tan trascendente como ésta, queríamos conocer la opinión de los ministros. Ahora vamos a deliberar y seguramente cada bloque tendrá su opinión”.
En el encuentro los miembros de la Corte informaron a los legisladores sobre el esfuerzo del Poder Judicial para reducir los márgenes de error en las cuestiones de infraestructura vinculadas a la reforma penal, con el fin de poder llegar a la fecha pactada –el 10 de febrero– con las instalaciones listas.
Más allá de lo que resuelva la Cámara de Diputados el jueves, Busatto se mostró escéptico: “Todos sabemos que no están todavía las condiciones edilicias ni laborales ni tecnológicas para aplicar esto (el nuevo código) en un ciento por ciento. Todos convenimos en que tiene que haber una reforma en la implementación, que esto tiene que llevarse a cabo en algún momento y esperamos que sea lo más rápido posible. Lo que sí sostenemos es que no es responsabilidad de la Legislatura que el nuevo sistema empiece a aplicarse; sigue siendo responsabilidad del gobierno de la provincia”.
