El nuevo régimen para importadores, que reemplazará al “uno a uno” creado por Guillermo Moreno, comenzará a regir desde el próximo lunes 17 y, obviamente, no tendrá ninguna reglamentación especial sino que será, como aquel esquema del ex secretario de Comercio Interior, virtual y de aceptación obligatoria para todos los implicados. Desde ese día, a las compañías que quieran importar cualquier tipo de producto o pagar servicios se les exigirá que financien esas operaciones con dólares propios, que tomen créditos internacionales o que se financien con apalancamientos de las casas matrices. Así, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se retirará del aporte de divisas para pagar las compras al exterior de la economía real, y se concentrará sólo en preservar las reservas.
Mientras tanto, hasta el lunes 17, el Ministerio de Economía sólo atenderá operaciones que ya hayan sido presentadas por las compañías hasta el viernes pasado; y, mientras tanto (hasta esa fecha), no se tomarán nuevos pedidos de liquidaciones de dólares para importaciones.
El sistema tendrá en principio una vigencia de 90 días y su extensión por otro lapso similar dependerá de la llegada de dólares provenientes de la liquidación de los productores sojeros. Además, y dependiendo de los rangos propios que considere la secretaría que ahora maneja Augusto Costa, las pequeñas y medianas empresas (pymes) quedarán fuera del régimen siempre y cuando se dediquen a producir en el país y necesiten (y acrediten fehacientemente) que las importaciones reclamadas son necesarias. Si, por el contrario, la pyme en cuestión se dedica sólo a la importación quedará fuera de cualquier tipo de prioridad para recibir dólares provenientes de las reservas del BCRA.
Desde el ministerio que maneja Axel Kicillof, se considerarán (además de las “pymes productivas”, según definieron fuentes del Palacio de Hacienda), operaciones de importación estratégicas como las vinculadas con la salud (insumos para hospitales, remedios), infraestructura (energía, herramientas y máquinas para la obra pública) y las actividades culturales y deportivas (libros, películas, visitas de artistas y deportistas), además de un gaseoso concepto de “servicios y bienes esenciales”, que Costa y su gente considerará de manera especial.
El plazo de 90 días de vigencia del nuevo régimen no fue puesto de manera caprichosa. Culminará el lunes 12 de mayo cuando, en teoría, ya haya finalizado el período donde los productores sojeros obligatoriamente deban liquidar sus posiciones y existencias para prepararse para la próxima cosecha.
El BCRA espera que desde la próxima semana hasta la primera quincena de abril lleguen no menos de 4.000 y hasta 6.000 millones de dólares para reforzar las reservas, fruto de los ingresos por retenciones. Además se espera que hagan su aporte los mineros y otros exportadores, también afectados por retenciones y el resto de los impuestos a las exportaciones que cobra la Aduana, culminando el período más fructífero de ingresos de dólares del año. Una vez terminado ese proceso, se contabilizarán cómo quedaron las reservas que administra la entidad que maneja Juan Carlos Fábrega, y recién en ese momento (segunda quincena de mayo) se evaluará si el régimen de restricción al acceso de dólares para importaciones vuelve a la normalidad o se prorroga por otros indefinidos 90 días más. “Si tiene algún amigo sojero, dígale que liquide rápido así usted puede acceder a los dólares de las reservas más rápido”, era la frase que recibió en las últimas horas un CEO de una de las terminales automotrices alcanzada por las restricciones.
El anuncio directo del sistema que reemplazará el “uno a uno” morenista lo recibieron en exclusiva unos 50 empresarios reunidos el viernes pasado a las 19 en Economía. Las privilegiadas fueron las automotrices afiliadas a Adefa; los importadores de vehículos de Cidoa; Acindar, Aluar, la Cámara de Fabricantes de Neumáticos; representantes de Newsan y BGH por los productores de electrodomésticos y otros empresarios metalúrgicos.
