El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) llamó la atención sobre la “lentitud” en el avance de los juicios contra represores por delitos de lesa humanidad y la situación de personas privadas de la libertad en el país. El organismo marcó esa falencia al difundir, como todos los años, observaciones y recomendaciones en materia de Derechos Humanos.
En el informe final, el organismo reiteró advertencias por la situación de personas privadas de la libertad; sobre la violencia policial; las muertes por prácticas de abortos ilegales; la lentitud en las causas por crímenes de lesa humanidad; las falencias en la integración del Consejo de la Magistratura y la necesidad de adecuar la legislación penal juvenil. También apuntaron por violaciones de derechos sufridas por las personas con discapacidad mental, las debilidades del sistema de defensa pública y los desalojos forzosos de comunidades indígenas, entre otros temas.
Con respecto a la situación carcelaria, la ONU exhortó al Estado argentino a “tomar medidas con celeridad para reducir el número de personas en detención preventiva y el tiempo de su detención en esta situación”. Además, reiteró que esta medida sólo puede ser aplicada de modo excepcional y enfatizó que debe “ponerse fin a la práctica de mantener personas procesadas en centros policiales”.
El Comité también encomendó a Argentina resolver el problema de hacinamiento en las cárceles y definir políticas inmediatas y eficaces para poner fin a “torturas y tratos crueles” en lugares de detención.
Para ello, el Comité consideró que es necesario adoptar medidas legales como “el mecanismo nacional independiente para la prevención de la tortura” y precisó que a lo largo de ese proceso se deberán coordinar acciones a nivel federal y provincial.
Los expertos de la ONU también se mostraron preocupados por los casos de violencia policial, en particular aquellos en los cuales las víctimas fueron menores, y remarcaron la obligación estatal de investigar los hechos y castigar a los culpables. El documento sostiene la necesidad de modificar la legislación que otorga facultades a las policías para detener personas sin orden judicial.
Por otra parte, el informe promovió una reforma legal que “ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas”.
