El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, consideró ayer que la situación de los aumentos de precios “ya se está encaminando” en la Argentina y afirmó que el gobierno buscará fortalecer la “participación popular” para el control de los incrementos. “El tema precios se está encaminando”, enfatizó, y aseguró que el gobierno fijó una política cambiaria, monetaria y de ingresos para “defender el bolsillo de los argentinos”.
En declaraciones formuladas en la localidad de Santa Teresita, donde sesionaba el Congreso del PJ bonaerense, señaló que “hay un altísimo nivel de cumplimiento del programa Precios Cuidados”, aunque reconoció que “hay un problema de abastecimiento que tiene que ver con el incremento de la demanda”.
“Participación popular”
Por otra parte, señaló que el gobierno apunta a “fortalecer un sistema de participación popular para la supervisión de los precios” y consideró que la población está “tomando conciencia plena de sus derechos como consumidores”.
En ese contexto, el funcionario explicó que se apuntará a crear una “red federal” de la que participen municipios, consumidores y “comerciantes que no están aceptando aumentos de precios de proveedores” y que de esa forma, según dijo, “aumentan a la vez sus ventas”.
Capitanich pidió “denunciar” faltantes de productos ante la Secretaría de Comercio y destacó que gobernadores e intendentes buscan “cooperar” con esas acciones. “Sabemos que hay todavía dificultades desde el punto de vista de la formación de precios y de expectativas. Vamos a poner lo mejor de nosotros, vamos a invocar y convocar al pueblo argentino para que sea el propio defensor de su bolsillo”, remarcó. El funcionario se quejó de que algunos sectores señalaron que “aumentó el precio porque aumentó el dólar” pero luego mantienen un precio alto a pesar de una baja en la cotización de la divisa.
En ese marco, apuntó contra sectores que tienen “posición dominante y conductas abusivas” en la formación de precios.
En forma paralela, Capitanich respaldó una iniciativa del senador Aníbal Fernández, para que los supermercadistas y comerciantes que reciben multas no puedan frenar el pago de esas sanciones mediante una presentación judicial.
“El criterio es que primero paguen y luego recién puedan reclamar”, subrayó el jefe de ministros.
