La Asociación Empresaria de Rosario presentó ayer un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) que refleja los resultados de un relevamiento de los datos del país en materia de comercio ilegal. El estudio, que abarcó el período del 26 de diciembre de 2013 al 31 de enero pasado, puso de relieve la baja incidencia de esta modalidad en la provincia de Santa Fe y en especial en la ciudad de Rosario.
El secretario de la Came, José Bereciartúa, presentó junto a autoridades locales y en reunión con concejales de la ciudad las cifras que preocupan al país sobre el comercio ilegal, subrayando que la provincia de Buenos Aires encabeza la lista de provincias en cantidad de emprendimientos como los denominados La Salada y Saladitas.
“Hemos aceptado la invitación de presentar el informe en Rosario porque es una de las pocas ciudades que mantiene bajos niveles de este tipo de comercio, lo cual es destacable”, mencionó Bereciartúa.
Permisividad e ilegalidad
El senador y ex intendente Miguel Lifschitz, presente en la reunión, manifestó que “en un punto todas las economías delictivas terminan uniéndose, ya se trate de piratería del asfalto, prostitución, narcotráfico, etcétera. Todo termina financiando otro tipo de actividades ilegales. Por eso es fundamental combatir esta situación desde todos los frentes”.
Sin titubear, el ex intendente de Rosario también ligó el comercio ilegal con el gobierno nacional, al recordar que el por entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, “viajaba a distintas partes del mundo y llevaba al titular de La Salada en la provincia de Buenos Aires como uno de los miembros de su grupo de trabajo. Es decir, que estaba legalizando una corriente de comercio totalmente ilegal”.
“Lamentablemente –agregó– siempre hubo relación de esta actividad informal con la política y eso se observa en su mayor magnitud en aquellas ciudades donde los intendentes promueven este tipo de trabajo no reconocido. Afortunadamente Rosario no es una de ellas y eso quedó registrado en el informe de Came, que destaca la baja incidencia del comercio ilegal en la provincia y en la ciudad de Rosario. Eso es porque hay una actitud permanente de parte de las autoridades política para combatirlo”.
En diálogo con El Ciudadano, Lifschitz afirmó la importancia de la información de parte del Estado a la sociedad, “que a veces ve a esta actividad con cierta simpatía porque se trata de un vendedor ambulante o alguien que está sin trabajo y trata de superar la situación de esta manera, pero en realidad la persona que pone la cara y está en la venta callejera es el último eslabón de toda una organización delictiva que se ocupa de proveer la mercadería, que en casi todos los casos es mercadería de contrabando o robada o fruto del trabajo esclavo”.
“Hay mujeres, jóvenes e inmigrantes que son explotados para producir artículos que se venden luego a muy bajo precio”, ejemplificó el legislador.
Fábricas de pobreza
Por su parte, el ex titular de la Asociación Empresaria y actual vicepresidente de Came, Elías Soso, manifestó que el trabajo ilegal es “acostumbrar a la gente a vivir con 20 pesos por día, restar hospitales y escuelas a la ciudad y esto es un problema social: estamos en contra de la actividad comercial mediocre. Es una fábrica de pobreza, porque estos chicos que están trabajando bajo esas condiciones el día de mañana no se van a poder jubilar. No tienen un mínimo amparo económico ni social”.
En la misma línea, Soso remarcó que la única manera de erradicar el comercio ilegal es “aplicando la ley”.
“Hay que buscar que den factura como corresponde. Cada ciudad es la que permite o no los locales ilegales, con lo cual es evidente la connivencia política”.
Asimismo, coincidió con Bereciartúa en que los paros de agentes municipales dejan a la vista (como se pudo ver el jueves) la existencia de una actividad totalmente marginal, con falta de aportes jubilatorios y de salarios dignos en una manifestación comercial que se extiende por las peatonales del centro de la ciudad”.
Incidencia de un fenómeno que movió 1.800 millones en enero
El relevamiento de Came se realizó entre el 26 de diciembre de 2013 y el 31 de enero pasado en 378 ciudades de las 24 provincias del país y permitió visualizar la evolución de la venta ilegal, uno de los flagelos que más debilita al comercio minorista y que “volvió a llamar la atención a nivel internacional”, según los expositores.
En el primer mes del año se detectaron 522 Saladitas en el país, 38 más que cuatro meses atrás (julio 2013), con un total de 36.390 puestos instalados.
En las ciudades donde se detectaron Saladitas se contabilizaron, además, 15.179 manteros, lo que completa un caudal de al menos 51.569 vendedores ilegales sumando ambas modalidades en esas 111 localidades invadidas por la ilegalidad con ventas por casi 1.800 millones de pesos en enero.
Si bien Rosario no se incluyó en el informe de Came por no haber autorizado la instalación de establecimientos al estilo “Saladita”, se advirtió que hay manteros que llevan veinticinco años trabajando fuera del marco legal, al igual que los puesteros, y que esa modalidad se está incrementando en la zona sur de la ciudad.
“Hay algunos que cuentan con un amparo judicial o bien con un permiso provisorio, pero nos consta que el municipio está controlando este tipo de modalidad de ventas”, concluyó Bereciartúa.
