El diputado provincial doctor Mario Lacava insiste en “aclarar” y poner de relieve las supuestas bondades de la “novedosa herramienta” que el senador Juan Carlos Mercier y sus seguidores (incluyendo aquí a todo el arco opositor, sin excepciones) “otorgó” al Poder Ejecutivo provincial a través de la Ley del Fondo de Emergencia Salarial, sancionada recientemente.
Lo primero que conviene señalar es que la “emergencia” es el resultado previsible de la reiterada negativa del Senado provincial de aprobar una reforma tributaria que viene siendo formulada por el oficialismo desde 2008 con el objeto de generar ingresos genuinos a la provincia a partir de una más equitativa distribución de los recursos. Lo perverso de la situación consiste en que, los mismos que niegan la posibilidad de gravar a los grandes concentradores de riquezas, generan ilusorias partidas “blindadas” para atender los justos reclamos salariales de los trabajadores públicos, a partir de cambiar el destino de los fondos presupuestados por el PE, en uso de sus atribuciones constitucionales. Además, tras sesudos “supuestos” y “estimaciones” determinan mayores ingresos por aumento de coparticipación nacional (450 millones que están por verse), nuevos recursos a partir de una nueva ley del impuesto al cheque (que, ya fue anunciado, será vetada), entre otros incrementos virtuales. Eso sí, prometen volver a discutir, si estos supuestos no se cumplen, acerca de la necesidad de proveer recursos reales.
La diferencia sustancial con el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados estriba en que éste proveía recursos genuinos (ciertos, serios y justos) a la provincia y, especialmente, a los municipios y comunas que, como sabemos, tienen serias dificultades de financiamiento.
El PJ persigue, con estas sanciones desde el Senado, dos objetivos principales: 1) Mantener indefinidamente en el tiempo los privilegios de un número minoritario de grandes empresas industriales (alrededor de 90), que no tributan impuestos en nuestra provincia aunque sí lo hacen por su facturación fuera de Santa Fe; 2) Dirigir, desde el Poder Legislativo, circunstancialmente favorable a la oposición, el destino de los recursos provinciales, impidiendo o demorando la realización de obras públicas y el gasto necesario para el funcionamiento de un Estado al servicio de la gente.
En cuanto al primer objetivo, sabemos que es absolutamente coherente con las políticas de Carlos Reutemann y Jorge Obeid (en perfecta sintonía con las directivas nacionales de Carlos Menem y Domingo Cavallo). En nuestra provincia no pagan impuestos los de mayor capacidad contributiva, en desmedro de los pequeños y medianos empresarios de la ciudad y el campo y, fundamentalmente, de los trabajadores. El remanido discurso neoliberal de “salvaguardar la competitividad” de las grandes empresas a través de las exenciones ya no resiste el menor análisis. Basta con mirar a las provincias vecinas para echar por tierra el argumento, sin necesidad de más disquisiciones teóricas antojadizas que ya escuchamos hasta el cansancio.
El segundo objetivo es todavía mucho más claro para los ciudadanos santafesinos. Se trata, lisa y llanamente, de poner todo el empeño opositor en impedir el normal desarrollo de un programa de gobierno, que saben progresista y ampliamente superador de lo desarrollado durante casi un cuarto de siglo por las sucesivas administraciones que ellos ejercieron. El resultado es que este programa, que fue formulado por la fuerza política que hoy gobierna por imperio del voto popular, es permanentemente jaqueado desde que los recursos económicos y financieros necesarios para llevarlo a término son digitados desde la mayoría opositora del Senado provincial. En este punto convergen todas las expresiones políticas del justicialismo (desde el más recalcitrante conservadurismo hasta el supuesto progresismo). Los que a nivel nacional son enemigos acérrimos, en Santa Fe son aliados incondicionales en contra del gobierno del Frente Progresista.
Joaquín F. Blanco
(*)Diputado provincial FPCyS – PS
