Un llamado anónimo que en el año 2012 recibió un jefe policial desnudó la ausencia de una ametralladora de la Delegación Sur de la División Drogas Peligrosas. Según la denuncia, el arma que pertenece a la Policía de la provincia iba ser alquilada a los miembros de la “banda de Los Monos”, aunque luego apareció en un contenedor. Por el hecho, tres funcionarios policiales fueron acusados y el juez Juan Andrés Donnola resolvió procesar al jefe y subjefe de la división, a cargo de la dependencia al momento de la desaparición de la ametralladora, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con malversación culposa. Si bien el magistrado no encontró elementos para enjuiciarlos por delitos dolosos, en su argumentación expuso que al menos los jefes de la división actuaron con negligencia o imprudencia al no advertir la desaparición de un arma de grueso calibre que se encontraba en un armero bajo llave y bajo su custodia.
El 25 de octubre de 2012, una llamada anónima fue recepcionada por el entonces director provincial de la Dirección de Prevención y Control de Adicciones, Sergio Gorosito. En ella, un hombre que no se identificó refirió que el comisario Oscar R. y el uniformado Diego Manuel K. iban a alquilar una metralleta a dos integrantes de la banda Los Monos, Gerardo Cantero y Ramón “Monchi” Machuca por 30 mil pesos. Este anoticiamiento derivó en una causa penal y se allanó la delegación sur de drogas peligrosas. Allí se constató la ausencia de una ametralladora FMK3 calibre 9 milímetros que debía estar en el armero del lugar. El depósito contaba con una llave que se encontraba en el despacho del subjefe y durante la noche la habitación permanecía cerrada, declararon los acusados.
Al día siguiente, es decir el 26 de octubre de ese año, el arma fue hallada por Gendarmería Nacional en un conteiner de basura en Marcos Paz al 4300 con 25 cartuchos y casi 4 kilos de marihuana. Por el hecho, fueron imputados el comisario a cargo de la dependencia, identificado como Oscar Jesús R., de 42 años, el subcomisario Sergio Andrés G., de 41 años, y el empleado policial Diego Manuel K. de 37 años. Los acusados negaron el hecho y explicaron cómo era la mecánica del lugar y que no se habían percatado de la ausencia del arma adjudicada a la Brigada operativa departamental 2 de la Sección Drogas Peligrosas.
Los fundamentos
El magistrado Juan Andrés Donnola, quien fue el que dictó resolución en la causa que tramitó en el Juzgado de Instrucción 11ª, sostuvo que el arma denunciada tiene mayor envergadura que las habitualmente utilizadas por la Policía y fue “sacada” de la dependencia que la tenía a resguardo sin que nadie lo notara. “La persona que la retiró debió sacar la llave del armero del cajón del escritorio del subjefe, ir hasta la habitación donde estaba el armario, abrirlo, sacar el arma y devolver la llave”, esquematizó Donnola en el escrito.
El juez refirió que no existió un adecuado control de las armas, cuyo último recuento se realizó 6 meses antes del hecho, y que si bien no existen elementos para determinar que la desaparición del armamento fue realizado por las personas que menciona el anónimo, se abren dudas en orden a la extraña ausencia y nulo control efectuado por quienes ejercen el deber de custodia. “En esta inteligencia no es posible dudar sobre la responsabilidad de las autoridades de la dependencia en su rol de custodia, resguardo y control del armamento confiado, al punto de tener en cuenta que esa obligación no emana únicamente de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones, o la sección logística de esta que aporta municiones y armas, sino de principios elementales que rige la Institución Policial y de los propios recipiendarios de tales efectos que no pueden ser ajenos a la responsabilidad que le es confiada”, expone el fallo.
Con estos fundamentos, el juez resolvió procesar al entonces jefe Oscar Jesús R., de 42 años y al subjefe el subcomisario Sergio Andrés G., de 41 años de la división por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario en concurso con malversación culposa. A su vez, el empleado policial, identificado como Diego Manuel K. de 37 años fue sobreseído por estas acusaciones. En tanto, los tres imputados recibieron falta de mérito por los delitos de malversación dolosa de caudales y/o efectos públicos, abuso de autoridad y portación de arma.
