Rosario vive un espiral de violencia: los índices de homicidios crecen exponencialmente a medida que pasan los años y los vecinos de los diferentes barrios periféricos se desayunan día a día con las nuevas formas de relacionarse de la gente que vive a su lado: “Antes, una discusión terminaba a las piñas; a lo sumo con un botellazo. Ahora los pibes tienen peleas bobas, por problemas menores, y las resuelven a los tiros”, evaluó un habitante de barrio Emaus, de la zona noroeste rosarina.
Pero las balas no son propiedad exclusiva de los traficantes de drogas. Problemas de polleras, patadas en partidos de fútbol o entredichos de cualquier índole son resueltos a fuerza de plomo, como si cualquier inconveniente valiera una vida o una década en la cárcel.
Los problemas interpersonales, denominación genérica que se le dio a este tipo de hechos, representan uno de los principales motivos de homicidios en el departamento Rosario, y por lo general son llevados a cabo con armas de fuego no registradas.
Pero, ¿es fácil conseguir un arma?; en el mercado legal no.
El Ciudadano indagó sobre los requisitos necesarios para que una persona pueda comprar un arma según las reglas que estipula la ley, con el fin de contraponer la teoría con la realidad.
“Comprar un arma es un trámite de 70 días hábiles; que requiere una serie de papeleos sumamente estrictos”, contó Tomás, titular de la armería Rapelli, la cual está ubicada en Caferatta al 1100 y se dedica desde hace dos generaciones a la venta de armas de fuego.
Según recordó el comerciante, para adquirir una escopeta, un revólver o una pistola hay que completar una serie de requisitos que están explicitados en la página del Renar (www.renar.gov.ar). Además de sus datos personales, el potencial comprador no puede contar con antecedentes penales, algo que el ente nacional corrobora mediante un informe del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística. Debe justificar un medio de vida lícito, mostrando recibos de sueldo, aportes jubilatorios o títulos de propiedades.
Al margen de las cuestiones netamente financieras, la persona que aspire a tener un arma se deberá someter a exámenes medios de tipo físico y psicológico, junto con pruebas teóricas y prácticas sobre el uso del artículo que pretenda comprar. Una vez cumplimentado el trámite, es que las armerías entregan el arma, junto con un carné y documentos que certifican que la persona se encuentra habilitada para portarla.
Pero los controles no terminan en la transacción.
Desde comienzos del 2014, el titular del arma tiene que demostrar ante inspectores del Renar que en su casa posee un lugar adecuado para guardarla, con medidas de seguridad específicas. A su vez, para adquisición de municiones deberá presentar su carné de portador y tendrá un límite de compra, dependiendo el calibre que se precise. “Está completamente prohibido hacer acopio de balas. Superar en una unidad el límite marcadoes considerado un delito grave”, señaló Tomás.
Los costos de los proyectiles rondan entre los 100 y los 350 pesos por 50 unidades.
“Tener un arma es poseer un artículo de lujo. Por lo general las personas que llegan a hacer consultas, alarmadas por hechos de inseguridad, para defensa personal, no terminan de hacer la transacción”, contó el titular del comercio.
Para cerrar, Tomás explicó que el Renar posee datos explícitos sobre todas y cada una de las ventas que se realizan en la Argentina y que debería ser comprobable la procedencia de las armas que no tienen sus papeles en regla.
Sin embargo, en contraposición con la regla, un fanático de las armas contó a este diario que en un Fonavi de la zona sur suelen ofrecerse armas nuevas, de buena calidad, a la mitad del precio que se pide en una armería. “En un club de tiro, un muchacho se me acercó hace unas semanas para contarme que en un monoblock muy conocido había entrado una partida de 400 pistolas Colt 1125 muy económicas, y se ofreció a llevarme con el vendedor para hacer la transacción”, contó el coleccionista de armas, quien aclaró que el vendedor también ofrecía municiones a muy bajo precio.
En este marco, el desafío que se les plantea a los responsables de las instituciones gubernamentales es encontrar una manera de sacar las armas del mercado negro, algo que aún parecen estar lejos de alcanzar los proyectos de entrega voluntaria.
