Dos de las cuatro armas reglamentarias incautadas a los policías del Comando Radioeléctrico de Villa Gobernador Gálvez fueron utilizadas en el tiroteo ocurrido el 3 de marzo que terminó con la vida de Maximiliano Riquelme, indicaron voceros de la pesquisa.
Las armas que fueron sometidas a estudios pertenecen a los policías Julián Matías L., de 29 años; Roberto Antonio P., de 34; Virginia Itatí E., de 39; y Nelson Canelo, de 32 años. En ese sentido, el peritaje determinó que dos de ellas tenían la aguja percutora adulterada y también que tenían la salida del caño modificado con un golpe o una abrasión por dentro, lo que provocó la modificación de las estrías. Sin embargo, voceros de la pesquisa remarcaron que otros datos fueron los que ayudaron a determinar que las vainas recolectadas en el lugar del hecho salieron de dos de las armas secuestradas.
Las fuentes relacionadas al caso agregaron que dichas pistolas pertenecen a los policías Virginia Itatí E., de 39 años y propietaria del auto en el se trasladaban los uniformados el día del crimen; y a Nelson C., de 32 años. Si bien fueron identificados los titulares de las pistolas, voceros del caso no aseguraron que estas personas fueran las que dispararon contra los jóvenes que iban a bordo del Chevrolet Celta.
El hecho ocurrió pasadas las 5 del lunes 3 de marzo, cuando Riquelme, de 20 años, junto a un grupo de amigos, salieron del boliche Gitana, ubicado en Presidente Roca y Santa Fe, y atravesaron la ciudad rumbo a Villa Gobernador Gálvez. Fue en esa localidad donde el Chevrolet Celta rojo en el que se desplazaban fue interceptado por un Fiat Palio color gris, en el que iban los cuatro policías, que comenzó a perseguirlos y les efectuó varios disparos con armas calibre 9 milímetros. Las víctimas atravesaron Villa Gobernador Gálvez, tomaron la ruta 21 y, cuando llegaron a Pueblo Esther consiguieron perder a los tiradores. Riquelme fue alcanzado por dos disparos y murió al llegar al Heca. Los uniformados se presentaron a las 9.30 del día siguiente del crimen ante su jefe, a quien relataron su versión de lo sucedido. Y el jueves 6 de marzo, los uniformados fueron sometidos a una audiencia imputativa, en la cual quedaron acusados del delito de “homicidio doblemente calificado por concurso real de 4 personas y abuso de su carácter de funcionario público” más el mismo hecho en grado de tentativa, penado con prisión perpetua.
