“En materia de seguridad, Rosario está sola y abandonada. Todavía ni la provincia ni la Nación nos han asistido en la dimensión del problema que vivimos”, sostiene el concejal Diego Giuliano. El edil es titular de la comisión de Seguridad Pública y Comunitaria del Concejo Municipal –creada en 2009 a partir de un proyecto de su autoría– un tema que, a primera vista, no parece tener que ver con la labor del Palacio Vasallo. Pero sólo a primera vista: desde el marco para el sistema de alarmas comunitarias, hasta la contención a víctimas de hechos delictivos, hasta los pedidos de inspección a comercios denunciados como eslabones de la “economía del delito”, el Legislativo local ha incursionado –e incluso contribuido a desbaratar– en situaciones de trata de personas, venta de autopartes y objetos robados, y hechos de violencia. En ese marco el concejal justicialista, que viene pidiendo desde 2010 la declaración de la “emergencia en seguridad” a nivel municipal, vuelve a insistir en que la medida ya no es necesaria sino ineludible: “Hoy Rosario es noticia nacional por los índices de violencia por la penetración de las bandas narco”, advierte.
—¿Por qué declarar la emergencia en seguridad?
—Si hay una causa por la que se declaró la emergencia en seguridad en la provincia es por la situación de Rosario. Es el epicentro de la problemática de la inseguridad. Pero nosotros presentamos el pedido en el año 2010, pero (el entonces intendente Miguel) Lifschitz negó el tema y después están las notas periodísticas sobre la intendenta (Mónica) Fein en las que rechazaba el proyecto. Lo rechazaba porque ella planteaba que la ciudad no iba a estar bien ponderada, que no iba recibir turistas, a tener inversiones… En realidad nosotros sabemos que es al revés: Rosario queda más expuesta por no prevenir, por llegar a donde llegamos. Lo que realmente afecta a la imagen regional, nacional, internacional de Rosario es la violencia que se ha apoderado de la ciudad.
—¿Qué cambiaría la declaración?
—Es salir del discurso de qué hacer con la inseguridad para focalizar recursos económicos y recursos humanos al servicio de la prevención. Hoy en día cualquier concepto moderno de ciudad tiene que ver con una visión integral de la seguridad, y esto significa liberar las manos de la intendenta para hacer gastos que tengan que ver con la prevención específica del delito. Y sobre todo con medidas que tengan que ver con el fortalecimiento de nuestro esquema de comisarías y subcomisarías. Incluso aportar desde la ciudad a la compra y reparación de patrulleros. Nos pasó en salud: Rosario no tiene responsabilidad constitucional en el tema, es de la provincia. Sin embargo invirtió en salud –y bien que lo hizo– y la provincia tuvo que seguir a la ciudad. En seguridad es exactamente lo mismo.
—¿Qué puede hacer en ese marco el Concejo?
—El Concejo tiene una cantidad de proyectos, algunos que se aprobaron y están ejecutándose, otros que se aprobaron y no se aplican, y otros que ni siquiera se discuten. Hay cantidad de herramientas para la prevención de la violencia que surgieron del Concejo, como todo lo que tiene que ver con el sistema de videovigilancia, que es aplicar tecnología al servicio de la prevención. Pero de las 400 cámaras que fueron anunciadas sólo tenemos 75 en situación operativa, y diría que están más orientadas al tema de la seguridad vial que de la seguridad real. Son criterios completamente distintos: el criterio en materia de seguridad es el mapa del delito. ¿Dónde tienen que estar las cámaras en Rosario? Allí donde el mapa del delito lo vaya exigiendo. Pero como se dedicó al tránsito, las pocas cámaras que hay se colocaron sobre los carriles exclusivo y en base al índice de siniestralidad, no al índice de inseguridad.
—¿Qué temas está tratando ahora la comisión de Seguridad? del Concejo?
—Estamos enfocados en poner en marcha los Observatorios de Seguridad Comunitaria, que procuran juntar en el mismo ámbito al vecino, que hoy padece en carne propia esta situación de violencia, a las autoridades del Ministerio de Seguridad, al municipio, al Concejo y a la Policía. Estas son mesas que se tienen que replicar en cada una de las seccionales. Y además tenemos que trabajar sobre el mercado narco, del que se dice que alcanza 2.000 millones de pesos anuales, casi la mitad del presupuesto municipal. No combatimos este flagelo solamente con la Policía y la Justicia, el seguimiento del lavado del dinero, de las inversiones que vienen de la plata negra, corresponde a todos. La ciudad va a tener que ponerse de pie frente a eso.
