A poco más de dos años del accidente ferroviario que provocó 51 muertes y dejó más de 700 heridos en la estación Once, comenzó hoy el juicio oral en el que están imputados los exsecretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, los empresarios Cirigliano y el maquinista Marcos Antonio Córdoba.
Entre los objetivos del proceso judicial que investiga la denominada Tragedia de Once será determinar el destino de los subsidios estatales entregados a las empresas concesionarias para el mantenimiento del servicio ferroviario.
El Tribunal Oral Federal 2 dio inicio pasadas las 11 la primera audiencia, luego de iniciar el trámite en tiempo récord, poco más de dos años después del incidente ocurrido el 22 de febrero de 2012.
Los ex secretarios Jaime (2003-2009) y Schiavi (2009-2012), serán juzgados por la falta de controles en los subsidios estatales que recibía la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA).
Los empresarios Claudio Sergio y Mario Cirigliano, en tanto, están acusados por desviar fondos públicos hacia empresas tercerizadas, presuntamente de su propiedad.
En tanto, el motorman Córdoba es imputado por el choque, ya que conducía la formación al momento del impacto y está en controversia si accionó correctamente los frenos de la formación ese día.
Junto a ellos en el banquillo estará el directorio de TBA, que incluye a su entonces presidente, Carlo Michele Ferrari; así como también el exsubsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Luna; y los extitulares de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Antonio Sícaro y Pedro Ochoa.
Dos peritajes arrojaron que el sistema de frenos funcionaba correctamente al momento del hecho, con lo cual se descartó una falla mecánica, complicando al motorman.
Durante el proceso, la Justicia intentará determinar qué pasó con los dos mil millones de pesos que recibió TBA como subsidio del Estado entre 2003 y 2010, y por los cuales los exfuncionarios son acusados por administración fraudulenta, a la par que en instrucción otro juez, Sebastián Ramos, evalúa específicamente el dinero público que recibieron las concesionarias.
La investigación que llevaron adelante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Federico Delgado descubrió que varios millones de pesos tenían otros destinos no vinculados con el mantenimiento del sistema ferroviario.
Aparentemente, Claudio Sergio Cirigliano utilizó una tarjeta corporativa de TBA para realizar gastos exorbitantes por medio millón de pesos en muebles traídos de la Polinesia, joyas, viajes y otros artículos de lujo para uso personal.
Está prevista la declaración de 300 testigos a lo largo del proceso que se estima en no menos de un año, el cual estará a cargo de los jueces federales Jorge Gorini, Jorge Alberto Tassara, Rodrigo Giménez Uriburua.
La acusación estará a cargo del fiscal Fernando Arrigo y, hasta este lunes, eran cuatro las cabezas de querella, aunque a último momento un grupo de familiares de víctimas firmó un acuerdo extrajudicial con TBA y renunció a ser parte de la acusación.
Durante las primeras audiencias que se realizarán en los tribunales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, los magistrados darán lectura del requerimiento de elevación a juicio.
El resto de los acusados son Luis Alberto Ninoná, Daniel Guido Lodola, Miguel Werba, Antonio Marcelo Ricardo Suárez, Laura Aída Ballesteros, José Doce Portas, Pedro Roque Raineri, Francisco Adalberto Pafumi, Oscar Alberto Gariboglio, Víctor Eduardo Astrella, Daniel Fernando Rubio, Carlos Esteban Pont Verges, Alejandro Rubén Lopardo, Jorge Alberto De los Reyes, Guillermo Alberto D´Abenigno, Jorge Álvarez, Sergio Daniel Tempone, Carlos Alberto Lluch, Marcelo Alberto Calderón, y Roque Ángel Cirigliano.
