La ronda de paritarias encontró un obstáculo inesperado. El gobierno nacional les hizo saber a los sindicalistas y a los empresarios que no convalidará el pago de sumas fijas por fuera de la vigencia de los convenios de este año, una alternativa que negocian la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y los gremios de Comercio, Sanidad y Alimentación, entre otros. Esa negativa, junto a la falta de respuesta oficial a la demanda de más fondos para las obras sociales, sembró de dudas el proyecto oficial de cerrar acuerdos en una pauta cercana al 25 por ciento con los sindicatos afines.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner instruyó a los funcionarios para que empujaran ese porcentaje para evitar la referencia de gremios opositores como los de la CGT del camionero Hugo Moyano, la versión Azul y Blanca de Luis Barrionuevo, y la CTA de Pablo Micheli, con demandas salariales superiores al 35 por ciento.
Para eso, el gobierno planea una foto –como otros años– con organizaciones como la UOM, la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y Obras Sanitarias, en la Casa Rosada, para la firma conjunta de sus paritarias en parámetros similares al porcentaje deseado.
Hasta la semana pasada, el proyecto oficial parecía encaminado.
Del 30 por ciento de aumento de reclamo original, la UOM de Antonio Caló analizaba allanarse al techo del 25 por ciento nominal, con el agregado de sumas fijas no remunerativas que terminarán por elevar entre dos y cuatro puntos ese porcentaje en términos reales, de bolsillo. El gremio había avanzado en un esquema que contemplaba el pago de 700 pesos por febrero y otro tanto por marzo como suma fija no remunerativa, como condición previa para la negociación formal del acuerdo para 2014, cuya fecha de inicio es el 1º de abril. Una vez iniciado el nuevo convenio, Caló había reclamado también pagos extraordinarios de 900 pesos para noviembre y febrero próximos.
Camino sinuoso
Los primeros inconvenientes surgieron cuando sus colegas de la CGT oficialista le advirtieron a Caló que sólo se sumarían a la foto pedida por el gobierno una vez que los metalúrgicos rubricaran el tope oficial en su paritaria. También hubo sectores de la propia UOM que objetaron ese arreglo.
Pero el mayor escollo llegó hacia el fin de la semana pasado, cuando desde el Ministerio de Trabajo les comunicaron a los empresarios metalúrgicos y a los sindicalistas que no se aceptaría un acuerdo que incluyera pagos extraordinarios por fuera de la paritaria 2014, en alusión a los dos montos de 700 pesos por febrero y marzo. Las razones de la negativa son dos: la más elemental, que esos montos no están alcanzados por impuestos y, por lo tanto, su generalización resiente la recaudación. Pero, en esencia, el gobierno quiere evitar ese tipo de alquimias por entender que representan la virtual reapertura de paritarias que ya fueron acordadas el año pasado.
Una sí, más no
Uno de los fantasmas principales para el gobierno fueron las advertencias de sindicalistas sobre el fraccionamiento en tramos de las negociaciones de este año. Creen los funcionarios que una reapertura de las paritarias implicaría un aliento a la inflación, con subas de precios por parte de los empresarios para cubrirse del incremento de costos laborales.
La misma objeción para con la UOM rige para Comercio y Sanidad, dos gremios nucleados en la CGT oficialista y con gran número de afiliados. El sindicato mercantil, de Armando Cavalieri, reclamó dos pagos iguales de 1.000 pesos cada uno por marzo y abril, como anticipo por la paritaria con vigencia desde mayo. Sanidad, de Carlos West Ocampo, quiere la misma cifra por el trimestre marzo-mayo. Y la Federación de la Alimentación, de Bernabé Morán, planteó lo propio para el período de febrero a abril.
