Un total de 198 teléfonos celulares que eran utilizados por detenidos para comunicarse con el exterior fueron secuestrados por el Servicio Penitenciario en la Unidad Penal 1, ubicada en la ciudad de Coronda, departamento San Jerónimo.
El operativo se llevó a cabo ayer en los pabellones 2 y 4 del penal, adonde habitan menos presos que la cantidad de teléfonos móviles encontrados, indicaron fuentes del Servicio Penitenciario.
Ahora, las autoridades intentan establecer quién es el funcionario del Ministerio de Seguridad que habría posibilitado hace alrededor de dos años el ingreso de celulares a la penitenciaría para, aparentemente, poner fin a un conflicto entre los detenidos de los llamados pabellones disciplinarios.
La ley de Ejecución Penal (24.660) prohíbe que los detenidos tengan en su poder y utilicen teléfonos celulares dentro de los penales.
El diputado provincial Héctor Acuña (PJ) recordó hoy que desde hace dos años impulsa un proyecto de ley para que se implemente un sistema de bloqueo de celulares en las cárceles.
«Recuerdo que los legisladores oficialistas Eduardo Di Pollina y Alicia Gutiérrez no acompañaron el proyecto porque decían que violábamos los derechos humanos de los detenidos», sostuvo.
«En aquel entonces no tuvimos éxito y hoy el tema aparece con mucha crudeza a partir del plan para asesinar a un juez y un fiscal”, aseguró, en referencia a las escuchas realizadas a dos detenidos, uno de ellos preso en Coronda, que hablan de matar al juez Juan Carlos Vienna y el fiscal Guillermo Camporini.
Acuña destacó que este reclamo se lo hicieron llegar los guardiacárceles. «Ellos nos decían que desde el Servicio Penitenciario los obligaban a devolver los celulares a los presos cuando estos se los olvidaban en algún lugar”, afirmó.
