Con el argumento de que se respetan más los derechos humanos de los imputados que los de las víctimas, el senador radical Lisandro Enrico (departamento General López) anunció ayer que volverá a presentar un proyecto de ley de su autoría por el cual se otorgan más facultades a los jueces para limitar las excarcelaciones. Desde el Movimiento Evita negaron que la solución a los problemas de inseguridad pase por ahí y reiteraron que la mayoría de los detenidos en la provincia no están condenados.
El proyecto de Enrico había sido aprobado por el Senado en 2012, pero nunca fue tratado por la Cámara de Diputados y perdió estado parlamentario. En sus puntos centrales, propone limitar las excarcelaciones y otorgarles más facultades a los jueces para dictar la prisión preventiva con el objetivo de evitar “el estado de libertad permanente” de personas bajo proceso. La idea es introducir la figura de la reiteración delictiva como un elemento para que el juez evite dictar la libertad transitoria.
El senador Enrico explicó ayer los motivos que lo llevaron a reingresar el proyecto y los objetivos principales de la iniciativa: “Se busca darle a los jueces la facultad para que una persona que acumula causas penales, que está a la espera del juicio, no recupere la libertad. Es decir, que por la falta de condena no se compute esta situación como estado de inocencia. En el caso de la reiteración delictiva, los jueces podrían no aplicar el principio de inocencia”.
El año pasado, cuando el tema llegó a la Cámara baja –con media sanción del Senado–, hubo un amplio consenso para rechazar la llamada “ley Enrico”: sólo el diputado justicialista Darío Mascioli y sus pares del bloque Unión PRO-Federal se manifestaron a favor de su tratamiento. El resto –radicales, socialistas y peronistas de todas las líneas internas– prefirió archivar el proyecto. También el Ejecutivo –a través de los ministros de Justicia y de Seguridad, Juan Lewis y Raúl Lamberto– había mostrado discrepancias con Enrico.
No obstante, ayer el senador de la UCR desempolvó su proyecto, al que definió como “constitucional” y dijo que “está en el marco de las facultades que tiene el Estado”. Enrico mencionó leyes similares que rigen en las provincias de Entre Ríos, Tucumán, Misiones y Santa Cruz. “En los países de la región, la norma es más dura todavía”, explicó el legislador. “Esta sería una medida cautelar. Hace algunos años en Santa Fe, ante el tercer hecho delictivo, el supuesto delincuente no recuperaba la libertad. Hoy, un sujeto puede tener cinco causas abiertas y seguir en libertad mientras no intente fugarse de la Justicia”.
El senador de General López remarcó: “Hay que proteger a la sociedad de los sujetos que reiteran delitos penales. No se puede seguir sosteniendo una ficción del derecho. Hay muchos delincuentes libres porque todavía no fueron juzgados. Lamentablemente, los diputados provinciales tienen una mirada anticuada de los derechos humanos. Estos diputados ven sólo el derecho humano del imputado”.
El diputado del Movimiento Evita Eduardo Toniolli –titular de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja– salió rápido a responderle a Enrico: “A pesar del discurso que se pretende instalar, la prisión preventiva está sobreexplotada en la provincia. Es mentira lo de la puerta giratoria: el 70 por ciento de los detenidos en la provincia están presos sin condena. Por lo tanto, lo que hay que buscar son los mecanismos para que las investigaciones sean más certeras y transparentes, para encontrar a los verdaderos responsables de los delitos. No podemos encerrar a personas que no sabemos si son culpables”.
Toniolli agregó: “En muchos casos, estos acusados son absueltos. Por ese motivo, necesitamos investigadores jerarquizados, capacitados y que no tengan relación con el delito. También necesitamos celeridad en la Justicia. Hay que ser más responsables con los proyectos de ley y no dejarse llevar por las cuestiones marketineras que suman votos”.
