A once años de la trágica inundación del río Salado, que afectó a un tercio de la capital provincial, los grupos de damnificados redoblan el reclamo de justicia y preparan una serie de actividades para conmemorar el aniversario, de las que participarán como invitados un grupo de vecinos de la ciudad de La Plata que sufrieron en carne propia la inundación del año pasado.
Para el próximo martes 29, día en que se recuerda el ingreso del Salado a la ciudad de Santa Fe, habrá una concentración a las 17.30 en la Plaza del Soldado de la capital provincial. De allí, los inundados, acompañados por militantes sociales y de organismos de derechos humanos, marcharán hacia la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno y los Tribunales. Allí, a partir de las 18.30, se hará el acto central con la lectura de un documento y la lectura de la nómina de fallecidos.
El 29 de abril de 2003, el desbordado río Salado –que ya había inundado en las semanas previas varias localidades del centro-oeste provincial– ingresó por una zona inconclusa de la defensa oeste a la capital santafesina y en pocas horas inundó todo ese sector: la zona más humilde de la ciudad.
La tragedia afectó en forma directa a 130 mil personas que debieron dejar sus hogares sin ningún plan de contingencia oficial. En las semanas y meses posteriores al ingreso de las aguas, murieron 158 personas de acuerdo con el registro de los organismos de derechos humanos: 23 fueron reconocidos por el gobierno provincial a partir del registro de la Policía; 18 de esos casos fueron incluidos en el auto de procesamiento de la causa penal que investiga las responsabilidades políticas de la inundación.
La voluminosa causa –que consta de 15 cuerpos de expedientes– lleva once años de tramitación en Tribunales sin que, hasta el momento, la Justicia haya resuelto las responsabilidades de los funcionarios de turno. En los once años que lleva el proceso intervinieron siete fiscales y siete jueces, que se pasaron los expedientes de uno a otro sin producir mayores avances.
Hay tres ex funcionarios procesados por estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas: el ex intendente Marcelo Álvarez, el ex ministro de Obras Públicas Edgardo Berli y el director de Hidráulica de la provincia Ricardo Fratti. La causa estuvo cajoneada por años; en marzo de 2013, por decisión del procurador de la Corte Suprema de Justicia de la provincia Jorge Barraguirre, cobró nuevo impulso.
Los fiscales Jorge Andrés y Mariela Jiménez completaron la etapa de pruebas con los testimonios de una treintena de personas, entre abril y agosto del año pasado, pero volvieron a chocar con los recursos dilatorios de la defensa de los imputados. Entre otros testigos, declararon los ex gobernadores Jorge Obeid –en Tribunales– y Carlos Reutemann, quien amparado en sus fueros de senador lo hizo por escrito.
Ni Reutemann ni Obeid fueron imputados, pese a las pruebas aportadas por los afectados. A Obeid –fallecido en febrero de este año– se le atribuye haber inaugurado en 1997 la inconclusa defensa por donde ingresó el Salado; al Lole lo acusan de no haber completado la defensa durante su segundo mandato y de no haber ordenado la evacuación de la ciudad cuando la tragedia era inminente.
En septiembre de 2013, los abogados del ex intendente Álvarez plantearon la prescripción de la acción penal con el argumento de que ya había transcurrido un “plazo razonable” de acuerdo con las penas que establece la ley. El 4 de abril de este año, el juez Cristian Fiz rechazó la prescripción ya que dos de los tres imputados –Álvarez y Berli– siguieron desempeñando funciones públicas después de dejar sus cargos: Álvarez en el Ministerio de Obras Públicas y Berli en el Enress.
Una semana después de la resolución del juez Fiz, Álvarez apeló el rechazo de la prescripción y así volvió a empantanar la causa. El juez giró el expediente a la Cámara de Apelaciones, que deberá sortear quiénes serán los magistrados que integren el tribunal que resolverá el nuevo planteo de Álvarez.
Así, el avance de la causa penal vuelve a detenerse para dar lugar, otra vez, al debate sobre la prescripción: una treta de los imputados para ganar tiempo. De fondo, el debate es entre el derecho de los acusados a tener un proceso dentro de los llamados “plazos razonables” y el derecho de las víctimas de lograr justicia también en un “plazo razonable”.
